Caso Ausbanc

La UDEF concluye que Madrid pagó 4,8 millones a Ausbanc en subvenciones

Un informe de la Policía Judicial remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sostiene que la Comunidad de Madrid pagó 4.803.193 euros a Ausbanc en subvenciones a lo largo de siete años. De esa cuantía, el Fondo Social Europeo dio un total de 796.389 euros a la asociación de Pineda. 

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda.
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda. EFE

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial (UDEF) ya ha puesto cifras a las subvenciones que la red liderada por el preso y presunto extorsionador Luis Pinedarecibió de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2010. En un informe remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, los agentes concluyen que Ausbanc recibió un total de 4.803.193 euros del Gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre en concepto de subvenciones.

Se da la circunstancia de que había dos tipos de ayudas: aquellas percibidas por Ausbanc como consecuencia de la firma de un convenio y, otras que eran percibidas como "beneficiario de un procedimiento de concurrencia competitiva". Dichas ayudas fueron recibidas por tanto Ausbanc Consumo como por Ausbanc Empresas, según se desprende de la investigación judicial.

En concreto, las subvenciones analizadas por la Policía en el exhaustivo informe de 49 páginas se refieren a tres conceptos distintos: Ayudas para los Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL), Subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y las correspondientes a la Orientación Profesional para el Empleo y de Asistencia para el Autoempleo (OPEA).

Además, en el documento remitido a Pedraz, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la UDEF explica que la cuantía correspondiente a la parte subvencionada por el Fondo Social Europeo alcanza los 796,389 euros desde el año 2002. Asimismo, en los distintos análisis que la Policía hace de forma pormenorizada de cada una de las subvenciones que la Comunidad de Madrid concedió a la falsa asociación de consumidores se llega a la convicción de que, por parte del gobierno regional, se llevaron a cabo "funciones de control y seguimiento" de las mismas.

"Por parte del Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid se han realizado actividades de control de las actividades de Ausbanc. En este sentido, se indican las actividades de control e infraestructuras, control de actividades, justificación de gastos presentados por Ausbanc e informes de cotización de los trabajadores por parte de la Seguridad Social", recoge el informe policial remitido al instructor de la Audiencia Nacional.

Sólo Madrid subvencionó a Pineda

Por otro lado, los agentes de la UDEF añaden que desde el Gobierno madrileño "también se ha certificado el cumplimiento del personal contratado en el marco de la actividad desarrollada por Ausbanc".

En septiembre de 2016, el instructor de la operación Nelson solicitó a los gobiernos regionales de Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia y las Islas Baleares que le remitiesen toda la información que obrara en su poder sobre subvenciones y convenios firmados con Ausbanc. El magistrado abría así una nueva línea de investigación en la trama de presuntas extorsiones al pedir a estos organismos públicos y autonómicos que aportasen los convenios firmados con la asociación de Pineda desde el año 2004.

Excepto la Comunidad de Madrid, que sí ha reconocido haber concedido subvenciones a Ausbanc, el resto de autonomías remitieron abundante documentación al juez Santiago Pedraz donde negaron haberlo hecho.

Fuentes jurídicas explican que la instrucción de esta causa está bastante avanzada en estos momentos. Se da la circunstancia de que el presidente de Ausbanc es actualmente el único preso en este procedimiento judicial tras la excarcelación del líder de Manos Limpias, Miguel Bernad. Pineda está acusado de delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de subvenciones.



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