Empresarios, funcionarios y políticos: el sumario del 'caso Púnica' tiene ya 96 encausados

El 'caso Púnica' sigue creciendo discretamente. El secreto de sumario que aún pesa sobre gran parte del sumario que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, sobre la trama de corrupción presuntamente liderada por el exdirigente regional del PP madrileño, Francisco Granados, y su socio, el constructor David Marjaliza, ha incorporado en los siete meses y medio que han transcurrido desde las detenciones del 27 de octubre cerca de medio centenar de imputados más. Los últimos cinco, el exvicepresidente del Ejecutivo regional, Salvador Victoria, la consejera de Eduación, Lucía Figar, y tres aforados más del partido conservador. Ya son, 96 encausados (38 detenidos más 58 imputados), según han confirmado a Vozpópuli fuentes judiciales y cercanas a la investigación de todos ellos, sólo dos, Granados y Marjaliza, permanecen en prisión.

El primer día de la operación hubo 36 detenciones y 15 imputaciones. Desde entonces ha habido dos arrestos más y 43 nuevas imputaciones

No obstante, esta cifra seguirá creciendo en los próximos meses. De hecho, se espera que tras el verano el magistrado ponga en marcha una segunda fase de la 'Operación Púnica' en la que ya se están siendo investigados los contratos que algunos ayuntamientos firmaron con la multinacional de eficiencia energética Cofely, pero también los que otras administraciones adjudicaron al presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, por trabajos de 'reputación online', y los que acordaron con la empresa de espectáculos Waiter Music, supuestamente utilizada por el exdirigente 'popular' Francisco Granados para enriquecerse de manera irregular. En total, el magistrado estudia actuar en más de una decena de consistorios, la mayoría en la Comunidad de Madrid y gobernados hasta ahora por el PP. En poco menos de un año, Púnica puede alcanzar las cifras de la trama Gürtel, cuyas distintas piezas, seis años después de su inicio, suman alrededor de 180 encausados.

El día que más implicados incorporó a la causa fue, lógicamente, el 27 de octubre, el día que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegaron el operativo que incluyó 36 detenciones y 15 imputaciones, además de más de dos centenares registros en ayuntamientos, sedes de empresas, bufetes y domicilio particulares. Aquel día cayeron, precisamente, Granados y su amigo Marjaliza, pero también el alcalde Parla, el socialista José María Fraile, y el de Valdemoro, el 'popular' José Carlos Boza, así como los regidores de cuatro localidades de la Comunidad de Madrid: Collado-Villalba, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco. También fue arrestado el presidente de la Diputación de León y alcalde de un pequeño municipio de esta provincia, Marcos Martínez.

Cuatro directivos de Cofely

En aquellas 24 horas también fue arrestado el 'conseguidor' Alejandro de Pedro así como otro supuesto facilitador de contratos a la trama, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, y dos altos cargos del Ejecutivo autonómico de la Región de Murcia, Mariola Martínez, directora del Instituto de Turismo, y José Fidel Saura, jefe de Gabinete de la Consejería de Industria y Turismo. Asimismo, fueron detenidos el teniente de alcalde, el jefe de gabinete y el arquitecto municipal de Valdemoro, la localidad madrileña considerada el auténtico epicentro de la trama Púnica, así como de tres altos cargos del de Parla. También cayó el concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Alejandro Utrilla, y cuatro directivos de la filial española de la multinacional francesa Cofely-GDF-Suez, considerada clave en la trama. Entre estos últimos figuraba su director general en nuestro país, Didier Maurice. Además fueron arrestado seis personas del entramado societario de Marjaliza, entre ellas su secretaria y persona de la máxima confianza, Ana María Ramírez.

Entre los últimos imputados, cinco aforados, la jefa de campaña de Esperanza Aguirre, un joyero y dos empresarios españoles asentados en Singapur

Sólo dos días después trascendía la detención de otras dos personas, acusadas de intermediar supuestamente en favor de la trama de corrupción. Una de ellas fue arrestada tras volver a España de un viaje al extranjero. Desde entonces, el número de detenciones no se ha incrementado, según las fuentes cercanas a la investigación consultadas. No así, el de imputados. A los 15 primeros del primer día se han sumado en estos siete meses y medio nada menos que 43 personas más, la mayoría sin que haya trascendido a la opinión pública por el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones. No obstante, algunos nombres si han terminado conociéndose. Uno de ellos fue el de Isabel Gallego, la jefa de campaña de Esperanza Aguirre en las últimas municipales, y quien tuvo que comparecer ante el juez Velasco por los contratos que adjudicó a las empresas del 'conseguidor' Alejandro de Pedro.

También se encuentran en la misma situación el joyero al que David Marjaliza compró más de 7,6 millones en joyas, relojes y plumas de colección para supuestamente blanquear dinero y dos empresarios españoles asentados en Singapur que participaron en la sospechosa compraventa de obras de arte que permitió al constructor repatriar a España 4,2 millones de euros. Sin embargo de estas 43 imputaciones de los últimos meses las que más revuelo mediático han causado han sido la reciente de cinco cargos públicos del PP que se encontraban aforados por los cargos que ocupaban hasta las elecciones del pasado 24 de mayo. Se trata, en concreto, de las de los consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar; la del consejero de Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; y la de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Mario Utrilla y José Miguel Moreno Torres, este último exalcalde de Valdemoro y amigo de Granados. Los tres primeros, que dimitieron en los días siguientes, están siendo investigados por el supuesto pago con dinero público de trabajos de reputación 'online'. Los dos últimos, por las presuntas irregularidades cometidas desde sus cargos públicos. Con ellos se llegó a 96 encausados. Todo apunta a que habrá más en los próximos meses.