OPERACIÓN REATA

Cuatro empresas efímeras, gasolina 'low cost' y testaferros: así defraudó 11 millones en IVA una trama sevillana

Los detenidos utilizaban sociedades 'fantasmas' para adquirir el combustible que luego vendían a bajo precio. Cuando Hacienda detectaba que no pagaban los impuestos, las hacían desaparecer y creaban otras a la que trapasaban la 'cartera' de clientes. Sus ganancias mensuales rondaban el medio millón de euros.

Agentes de la UCO se llevan documentación de uno de los registros de este lunes en Sevilla.
Agentes de la UCO se llevan documentación de uno de los registros de este lunes en Sevilla. EFE

Más de 11 millones de euros en sólo dos años de actividad. La trama del fraude de IVA en las gasolinas desmantelada este lunes por la Guardia Civil en la 'Operación Reata' tenía una estructura tan sencilla como eficaz a la vista de los pingües beneficios obtenidos en sólo 24 meses y del volumen de combustible que movía: más de 75 millones de litros. Para ello, los nueve detenidos, entre los que hay empresarios y testaferros, creaban efímeras empresas que hacían desaparecer cuando Hacienda descubría que no pagaban los impuestos. Eso sí, antes traspasaban la cartera de 'clientes', en su mayoría estaciones de servicio de Andalucía, que seguían comprando su gasolina 'low cost' aunque la mercantil que la comercializase fuese distinta. El titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, es el que dirige la investigación.

Cuando Hacienda descubría una de las empresas 'fantasma', la trama la hacía desparecer y creaba otra a la que traspasaba la 'cartera' de clientes

El investigación se inició en 2015, cuando la Agencia Tributaria de Andalucía detectó la existencia de una empresa que constaban en sus registros como intermediaria en la compra venta de hidrocarburos y que, pese a carecer de estructura, actividad y personal, había adquirido legalmente importantes cantidades de gasolina a un mayorista. La sociedad revendía luego ésta a estaciones de servicio, en su mayoría en esta comunidad autónoma, a un precio sensiblemente más bajo que la competencia, lo que les permitía 'colocar' todas las partidas que había adquirido. Eso sí, una vez cobradas, declaraban con facturas falsas haber soportado un IVA muy parecido en cuantía y, de este modo, evitaban ingresar ningún dinero en el tesoro público. 

Cuando Hacienda descubría la irregularidad de las facturas y le reclamaba formalmente que cumpliera con sus obligaciones fiscales, la mercantil desaparecía y sólo dejaba detrás de si el nombre de un administrador único que era en realidad un hombre de paja. "No tenían ninguna empresa abierta más allá de un año, el tiempo en el que se tardaba en detectar el fraude en el pago del IVA", señalan fuentes cercanas a la investigación. Sin embargo, eso no detenía su lucrativo negocio ya que al poco tenían otra abierta con nuevo testaferro y sede dispuestos a seguir con el megafraude. Y así hasta cuatro veces desde el verano de 2014, según las pesquisas. Eso sí, los clientes no los perdían. Las nuevas compañías 'heredaban' la cartera de gasolineras que habían adquirido el combustible a bajo precio y el ritmo del fraude no descendía. Según las primeras estimaciones, este se acercaba al medio de euros al mes.

UCO y ONIF

Las sospechas de que estaban ante una trama organizada llevó al departamento de Cristóbal Montoro a poner en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla las irregularidades. Nacía la 'Operación Reata'. En ella, además de la Agencia Tributaria, han participado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) que en los últimos años han realizado varias actuaciones conjuntas similares contra este tipo de fraude. De hecho, según destacan a este diario fuentes cercanas a la investigación, la estructura de la trama desmantelada ahora con nueve detenciones es muy similar a otras destapadas anteriormente. Entre los arrestados este viernes, están los presuntos testaferros de las cuatro empresas 'efímeras'.

Tras la detención de sus 9 presuntos integrantes, la UCO intenta ahora determinar cómo 'blanqueaban' los beneficios y si éstos fueron sacados de España

Además, la trama tenía una segunda actividad: el blanqueo de los beneficios obtenidos con la venta fraudulenda de los hidrocarburos. Para ello, los cabecillas habían creado una estructura societaria con aparente actividad legal totalmente independiente de las mercantiles que comercializaban la gasolina. A través de esta segunda trama empresarial 'lavaban' los fondos procedentes de la defraudación del IVA. Actualmente, la investigación intenta aclarar este punto y, sobre todo, donde han acabado las millonarias cantidades que obtenía la trama y si éstas salieron de España

el antecedente de 'bashNya' y walkers'

El sistema utilizado por la trama desmantelada este viernes para defraudar en el pago del IVA en las gasolinas no es, ni mucho menos, algo nuevo en España. De hecho, la UCO ya ha desmantelado otras dos grandes tramas similares en los últimos años. La primera, en 2012 en la que fue bautizada como 'Operación Bashnya'. Entonces, la investigación permitió desmantelar una organización internacional controlada por dos hermanos pasquistaníes que alternaban su residencia entre Casteldefells (Barcelona) y la Costa del Sol. Ambos manejaban una trama de más de 60 empresas repartidas por todo el mundo que cubrían todos los pasos del negocio, desde la compra del petróleo en los grandes mercados internacionales hasta su traslado a los puntos de venta minoristas. Tenían, incluso, un petrolero. Junto a ella, la Guardia Civil descubrió una segunda mucho más pequeña, y que encabezaban dos empresarios españoles, uno con domicilio en Miguelturra (Ciudad Real) y el segundo en Villanueva de Córdoba. El sistema de fraude de ésta segunda red era idéntido a la dirigida por los paquistaníes y, de hecho, compartían algunos personajes. En total, ambas tramas presuntamente consiguieron defraudar 120 millones de euros en sólo cuatro años.

También española era la red que cayó en la 'Operación Walkers' en junio de 2013. Entonces, la UCO detuvo a una veintena de personas por crear empresas fantasmas para defraudar impuestos en la venta de gasolinas. La operación, que se desarrolló en Cataluña y Andalucía, incluyó el registro de Petromiralles Group SL, uno de cuyos administradores era Josep Maria Torrens Ferrer, entonces alcalde de CiU en el municipio de Santa María de Miralles y que fue arrestado. El pasado mes de marzo, el juez Eloy Velasco, que dirigió la investigación, se desplazó a la ciudad china de Hong Kong para lograr que las autoridades locales repatrçien los 15 millones de euros que la red ocultaba allí como paso intermedio en la compleja trama de blanqueo que le permitía 'lavar' más de 250.000 euros al día.



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