Publicado: 07/11/2017 04:00
El 15 de marzo de 2016, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregaron al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, un informe en el que identifican las presuntas irregularidades del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), que la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que ha actuado en contra de la ley como si fuera un CNI de Cataluña incluido en una Agencia Nacional de Seguridad (ANS) de esta Comunidad.
El documento, que tiene en su poder el juez de Barcelona que instruye los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia presuntamente cometidos por las personas del 'procés' que no están aforadas, alude al menos a siete denuncias públicas y judiciales sobre las posibles actividades irregulares del Cesicat.
El propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, justificó el 13 de marzo de 2017 la prórroga de la investigación iniciada en 2016 porque la actuación del Cesicat porque este organismo de la Generalitat había sido objeto de denuncias.
En concreto, y según Maza, estas denuncias tenían su origen en la interceptación ilegal de correos electrónicos, filtración de documentos, elaboración de informes de personalidades o sobre la Agencia Nacional de Seguridad, alcanzando la posibles actividades irregulares a actividades de censura mediante la eliminación de páginas web, al control de las comunicaciones mediante interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control en teléfonos móviles, acceso a bases de datos personales e incluso la creación de bases de datos de ciudadanos para, por ejemplo, la realización de la Consulta del 9-N de 2014.
Relación de denuncias contra el Cesicat by Vozpopuli on Scribd
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La UCO otorga especial relevancia a la filtración de datos y denuncia pública realizada por 'Anonymous', que apuntaba que el Cesicat había creado bases de datos, presuntamente ilegales, pues incluían informaciones personales sin el consentimiento de los afectados.
Seguimientos
El entonces conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, tuvo que admitir que el Cesicat realizó seguimientos a activistas sociales y periodistas a través de las redes sociales a petición de los Mossos d'Esquadra.
Y como ejemplo de estas irregularidades, la UCO alude al expediente sancionador contra el Cesicat por parte de la Agencia Catalana de Protección de Datos, en relación con un "perfil" sobre el fotoperiodista Jordi Borràs, sobre cuyas actividades y datos personales -desde formación académica a dirección o teléfono personal- el Cesicat realizó un informe completo de siete páginas.
El fotoperiodista denunció los hechos a Protección de Datos, ya que su dossier fue difundido por internet en una filtración hecha pública por 'Anonymous' de la que Puig culpó a un extrabajador.
Por su parte, el diario El Mundo, informó de que los Mossos habrían encargado al Cesicat los análisis de actividades de cientos de activistas a través de redes como Twitter durante las movilizaciones sociales de los indignados o las protestas por la cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona en 2012.
Denuncia del PSC
Los diputados del PSC Ferran Pedret y Xavier Sabaté fueron los encargados de realizar la tercera de las siete denuncias a las que alude la UCO. En este caso es penal y contra el Cesicat. Los diputados interpusieron en diciembre de 2013 una denuncia ante la Fiscalía en relación a la filtración de Anonymous, ya que consideraron que el CNI catalán podría haber vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes con algunas de sus actividades de espionaje.
El informe de la UCO de 2016 aludía en este punto que precisamente la creación y utilización de una base de datos sobre los ciudadanos, era uno de los extremos que se estaba investigando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el referéndum del 9 de noviembre de 2014 "y la posible ilicitud de la creación y uso de esta base de datos para la culminación del Proceso de Transición Nacional".
El PP catalán protagonizó, según la UCO, la tercera denuncia, en este caso ante la Fiscalía del TSJC, y que fue archivada "al no apreciar ilegalidad en un informe sobre cómo crear una Agencia Nacional de Seguridad, de competencia estatal".
Los agentes explican que el documento, cuya existencia reconoció la Generalitat, figuraba como un documento interno de trabajo "y no un escrito oficial del gobierno". "A pesar del desmentido del entonces presidente Artur Mas en el Parlamento catalán, el informe existiría, según la información publicada, y habría sido encargado a la empresa Solium en 2011, efectuándose un pago por parte de la Generalitat de 21.240 euros por el mismo", completa el documento de la UCO.
El Cesicat también habría realizado, siempre según la Guardia Civil, el control de comunicaciones y más en concreto la interceptación de correos electrónicos, unos hechos que en 2016 investigaba la Audiencia de Barcelona, pero también la utilización de aplicaciones de control en teléfonos móviles sin conocimiento de los usuarios de los mismos mediante el programa Cerberus.
Un antiguo colaborador del Cesicat denunció al entonces director general de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, Carles Flamerich, por haber interceptado varios correos electrónicos
La UCO pone como ejemplo de la interceptación de los correos de Albert Gabas, un antiguo colaborador del Cesicat que denunció al entonces director general de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, Carles Flamerich, así como a Xavier Panadero, empleado del ente, a quienes acusaba de haber interceptado varios correos electrónicos enviados a los consejeros Felip Puig y Ramón Espadaler.
Según El Confidencial, Albert Gabas, que denunció los hechos, envió un correo electrónico a los consejeros y poco después le respondió Carles Flamerich desde EEUU. En los correos se detallaban irregularidades cometidas en el propio Cesicat y uno de ellos hacía referencia a Noureddine Ziani, un espía marroquí expulsado de España en 2013.
La UCO también alude a que el Cesicat habría podido llevar a cabo actividades de "censura", pues solicitó la eliminación de páginas web, "de contenido no delictivo sin que, a priori, supusieran ninguna amenaza para la seguridad de los usuarios de la red, ni relacionadas con las actividades propias ni las tareas encomendadas normativamente al Cesicat".
Se trata en concreto de la denuncia, en este caso pública y no penal, realizada el 24 de noviembre de 2012 por auristici.org en la que informaba de un supuesto acto de censura contra un web satírica contra CiU realizado por el personal de Cesicat.
Este 'modus operandi', explica la UCO en su informe, no fue un caso aislado, "ya que los medios informan de incidentes o actuaciones similares, precisamente en 2012".
Rastreo de un teléfono
Otras posibles actuaciones similares se habrían producido, relacionadas con la web www.felippuig.com. "El entonces consejero había consultado la posibilidad de desactivar la web o el relativo al rastreo de un teléfono de una de las hijas del consejero, hechos de los que existiría copia de las comunicaciones (correos electrónicos), de acuerdo con la información publicada", resalta el documento policial al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El CNI también habría encargado la redacción de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat. En total, se habrían realizado una cincuentena de informes sobre miembros del Gobierno, que incluían información sobre relaciones personales o empresariales que estos podrían tener.
Entre los investigados, según adelantó El Confidencial, estaban los exconsejeros de la Generalitat Germà Gordó, imputado por el caso del 3%, y Francesc Xavier Mena, entonces consejero de Empresa y Empleo.
El diario da los nombres de otros cargos sobre los que se habrían solicitado informes al Cesicat, como Enric Colet, secretario general de la Consejería de Empresa y Empleo; el exresponsable de Comunicación de Convergència David Madí; el director general de Análisis y Prospectiva de la Generalitat, Xavier Martorell; y el ex director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) Jordi Escalé.
Además, se realizaron otros tantos dosieres sobre los empresarios Joan Albert Arqués, Joan Lluís Quer, Joan de la Encarnación y Josep Lluís Argemí, y también de sus sociedades.
Organización estatal
En el informe de la UCO, los agentes destacan que el hecho de que el Cesicat hubiera pasado a depender de Presidencia, cuando antes estaba en Empresa, "derivaría de una lógica en términos de organización estatal: es práctica común en los servicios de inteligencia el estar más próximos a los cargos a los que han de facilitar la inteligencia necesaria para la toma de decisiones".
Para la Guardia Civil en 2016, el caso del Cesicat ya era "extrapolable" a lo que estaba sucediendo con otras futuras Estructuras de Estado (EdE) catalán, ya que las diferentes denuncias contra el Cesicat eran tratadas por los tribunales como actividades o acciones "aisladas y no desde una perspectiva más integral en un contexto específico que configuraría de manera distinta la tipología penal posiblemente cometida al igual que ocurre con la delincuencia organizada".
El 5 de septiembre de 2017 la UCO dio cuenta al ministerio público de las "coincidencias" de las investigaciones que llevaba a cabo la Fiscalía de la Audiencia Nacional con las realizadas por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Y en este otro informe, la Guardia Civil hizo hincapié en que en ambos casos el investigado era el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal, que en unas charlas reconoció que el Gobierno de la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes. Una información que también podía servir para elaborar el censo electoral, al mismo tiempo que dijo saber exactamente, con nombres y apellidos, cuáles de los 801 jueces se quedarían en una Cataluña independiente.
Vidal también aludió en sus conferencias a que en la actualidad una unidad de los Mossos d'Esquadra se estaba formando en tácticas de contraespionaje, al mismo que estaba en marcha una investigación para identificar a agentes del CNI infiltrados en la policía autonómica catalana.
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