Publicado: 06/07/2016 11:59
Palos en la rueda en la investigación contra uno de los aforados de Cristina Cifuentes salpicados por el 'caso Púnica'. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado este miércoles la competencia para hacerse cargo de la investigación sobre el actual diputado regional del PP y ex alcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo tras la exposición razonada que le había remitida en mayo el juez Eloy Velasco, instructor del sumario abierto por la trama de corrupción que presuntamente encabezaba Francisco Granados. Eso sí, lo hará con el significativo 'pero' de uno de sus magistrados. Se trata de Jesús María Santos Vijande, quien a pesar de compartir la necesidad de que la causa contra el político 'popular' sea asumida por el alto tribunal madrileño, ha emitido un voto particular en el que pide anular varias pruebas contra el parlamentario madrileño, entre ellas la declaración de un testigo y un posterior informe de la Guardia Civil que implicaban gravemente al parlamentario. Se da la circunstancia de que Santos Vijande fue elegido dentro de una terna para su actual puesto en el TSJ por la Asamblea de Madrid en 2014 con el único voto a favor del grupo parlamentario que le había propuesto: el PP.
El magistrado Santos Vijande considera que el juez Velasco debía haber remitido la causa del TSJ de Madrid el pasado octubre y no haber tomado declaración a un testigo clave
El voto de este magistrado es, de hecho, un duro rapapolvo para su colega Eloy Velasco, al que acusa de modo implícito de retrasar de manera irregular el tramite de remitir al TSJ de Madrid la exposición razonada para que este tribunal asumiera la investigación sobre Daniel Ortiz en su condición de aforado. En este sentido, asegura que el juez de la Audiencia Naciona tenía desde el 20 de octubre de 2015, hace más de ocho meses, suficiente conocimiento de "indicios consistentes" contra el parlamentario regional y que, por tanto, desde aquella fecha debió abstenerse de seguir practicando diligencias de prueba dirigidas a aclarar su supuesta implicación en el amaño de un contrato de eficiencia energética 74 millones de euros en Móstoles, municipio en el que él fue alcalde entre 2012 y 2015.
En concreto, detallla que no debió tomar declaración el 27 de octubre al concejal del PP David Sánchez de Rey que aportó al juzgado una cadena de mensajes de whatsapp que había intercambiado en marzo de 2014 con Daniel Ortiz en relación con dicha adjudicación y que revelaban el supuesto interés de el actual parlamentario regional por paralizar el concurso ya que entonces la empresa que se había presentado la mejor oferta no era Cofely-GDF Suez, la multinacional acusada de amañar diversos contratos de eficiencia energética en la región gracias a la trama Púnica.
Las 28 pruebas con Daniel Ortiz
También considera que no debió elaborarse el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró precisamente a raíz de dichos mensajes de móvil y en el que se detallan las 28 pruebas que implicaban presuntamente al aforado en los supuestos amaños y que fue entregado el pasado mes de marzo en la Audiencia Nacional. Además, considera que habría que "declarar nulas de pleno derecho" cualquier otra "actuación" posterior a aquel día de octubre "que haya podido efectuarse en relación con el aforado investigado y que no traiga causa de una razón de urgencia o necesidad". Todas ellas, recalca, deberían ser expurgadas de la causa ya que considera fueron practicadas bajo la supervisión de un juez, Eloy Velasco, que no es competente para investigar a un aforado.
En su voto particular, Santos Vijande considera que había que declarar nulo el informe de la UCO que detalla las 28 pruebas que implican a Daniel Ortiz en el amaño de un contrato de 74 millones de euros
Santos Vijande se convirtió en magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2014 al ocupar la plaza reservada a la Asamblea de Madrid. La propuesta de su elección fue planteada, precisamente, por el grupo 'popular' en la cámara autonómica dentro de una terna que fue apoya únicamente por los votos del PP, que entonces contaba con mayoría absoluta en el parlamento regional. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial lo eligió en un pleno celebrado en abril de aquel año con 17 votos a favor. Sustituyó en el puesto a Antonio Pedreira, instructor en su día del caso Gürtel, y que entonces se encontraba ya gravemente enfermo. Ya en el TSJ de Madrid, Santos Vijande formó parte del tribunal que condenó a 17 años de inhabilitación al juez Elpidio Silva por prevaricar en el llamado 'caso Blesa'.
El voto particular de estemagistrado no afecta, sin embargo, a la decisión final de la Sala Civil y Penal del TSJM, que en el auto por el que aceptan la competencia señalan que existen indicios suficientes para investigar al diputado de Cristina Cifuentes por fraude contra la Administración Pública, tráfico de influencias, información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. Los jueces detallan en dicho auto que "se han detectado presuntos actos de corrupción en beneficio de la mercantil Cofely España, con ánimo de lucro personal como contrapartida tanto de este regidor del Ayuntamiento, como de su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y su hermano Mario", que supuestamente iban a recibir una comisión de 743.000 euros. La decisión de los magistrados designa a su colega Susana Polo como instructora de la causa, que será la que próximamente cite a Daniel Ortiz a declarar en condición de investigado (antes, imputado).
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