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España

La Generalitat pedirá al Constitucional que levante la suspensión de tres leyes

Carles Puigdemont, president de la Generalitat.

El Govern catalán no se rinde y ha acordado este martes presentar alegaciones ante los recursos contra la ley de simplificación de la actividad administrativa, la de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la del impuesto sobre viviendas vacías, para las que pedirá al Tribunal Constitucional que levante la suspensión.

Tras los recursos del Gobierno central y la preceptiva suspensión cautelar por parte del TC, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha anunciado este martes, tras la reunión del Govern, que presentarán alegaciones para defender la constitucionalidad de las medidas y exigir que se levante de forma inmediata la suspensión cautelar de estas leyes.

El ejecutivo catalán ha acordado presentar un conflicto de competencia ante el TC sobre diversos preceptos

La ley de simplificación de la actividad administrativa tenía como objetivo reducir los trámites, incrementar la transparencia y la simplicidad de los procedimientos y eliminar el tiempo para iniciar una actividad económica de bajo riesgo.

El impuesto sobre las viviendas vacías se comenzó a recaudar el 1 de marzo con el objetivo de reducir el remanente de viviendas vacías y aumentar su disposición para alquiler social.

El Govern preveía unos ingresos anuales de unos 8 millones de euros con este tributo, que se destinarían a ampliar la partida para la compra de pisos orientados al alquiler social.

Finalmente, la ley de igualdad de mujeres y hombres, aprobada el pasado mes de julio, tiene por objetivo que este derecho fundamental se ejerza de manera efectiva en los ámbitos político, económico, social y cultural, con una regulación propia y singular y, según el Govern, de acuerdo con el marco competencial.

Asimismo, el ejecutivo catalán ha acordado este martes presentar un conflicto de competencia ante el TC sobre diversos preceptos de la nueva normativa estatal de auditorías energéticas y promoción de la eficiencia del suministro de energía, al entender que las medidas vulneran competencias de la Generalitat.

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