Publicado: 19/12/2014 04:00
Las semanas que precedieron al 9N fueron convulsas para el Gobierno, pese al uso que hizo del Tribunal Constitucional. Había voces dentro del PP que criticaban la pasividad de Mariano Rajoy ante el desafío secesionista en Cataluña y la ausencia de respuestas políticas. Para algunos, actuar solo con la ley en la mano se quedaba corto, sobre todo si, además, se reaccionaba tarde. Este contexto es interesante recordarlo para poder interpretar con mayor precisión el relato que de aquellos momentos hace en sus círculos de confianza Eduardo Torres-Dulce, hasta este jueves fiscal general del Estado.
El exfiscal temió quedarse colgado de la brocha ante un acuerdo de última hora Gobierno-Generalitat
Según ha relatado el exfiscal a sus más estrechos colaboradores, su relación con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue fría desde el principio, pero empezó realmente a torcerse mes y medio después de la toma de posesión de este último, durante la misma jornada del 9 de noviembre, la elegida por Artur Mas para convocar su referéndum. El ministro emplazó a Torres-Dulce a que presentara la querella contra el presidente de la Generalitat por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos el de desobediencia grave, pero el fiscal se negó porque no quería quedarse “colgado de la brocha”. Torres-Dulce le dejó claro a Catalá que no daría paso alguno adelante hasta que no finalizara la negociación que, según sus informaciones, mantenía por aquel entonces el Gobierno con la Generalitat de Cataluña para intentar dar una salida al conflicto soberanista. Incluso llegó a comentarle al ministro que este diálogo lo estaba protagonizando directamente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y que hasta que no conociera su resultado, no se contara con él para formalizar la querella. Lo que temía el fiscal, en realidad, era que Mariano Rajoy y Artur Mas sellarán un acuerdo in extremis y que eso le llevara a él y a la Fiscalía como institución a quedar en mal lugar, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades que hay de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no admita a trámite la querella.
La versión ofrecida por Torres-Dulce en círculos privados apunta a que esta negociación de alto nivel mantenida entre La Moncloa y la Generalitat, de la que estaba al tanto el líder socialista, Pedro Sánchez, no tenía relación directa con la que previamente habían entablado también Pedro Arriola, asesor del presidente del Gobierno, Joan Rigol, en representación de CiU, y José Enrique Serrano, en nombre del PSOE. Al final, ninguna de las dos tentativas de acuerdo llegó a buen puerto. El Gobierno nunca ha reconocido la existencia de estos segundos contactos, más allá de las frecuentes conversaciones que ha venido manteniendo la vicepresidenta con el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida.
Crisis sin precedentes en la Fiscalía
Este enfrentamiento entre Torres-Dulce y el ministro de Justicia es lo que explica la tardanza en la presentación de la querella. Desde el 9N, fecha en la que el Gobierno tenía pensado responder con dureza, con la ley en la mano, al desafío soberanista, hasta el 21 de noviembre en que la Fiscalía dio el paso, transcurrieron 12 días, tiempo que obligó al Ejecutivo a justificar de manera improvisada su reacción a la celebración del sucedáneo de consulta mientras se aireaba la crisis sin precedentes abierta dentro de la institución debido a la colisión registrada con los fiscales de Cataluña, remisos a la presentación de la querella.
En los 12 días que tardó en presentarse la querella, el Gobierno quedó desamparado ante la crisis interna en la Fiscalía
Ésta vio finalmente la luz y se dirigió no solo contra Artur Mas, sino también contra la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el “proceso participativo” del 9N.
Ahora, la respuesta a estas querellas y a la veintena larga de denuncias presentadas contra varios miembros del Gobierno catalán y el propio Parlamento autonómico, está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha convocado un pleno para el próximo lunes en el que tendrá que decidir sobre su admisión o no a trámite. El Tribunal ya ha pedido a la Fiscalía que le remita todos los expedientes relacionados con el 9N y quiere que se resuelva en pleno para que no haya contradicciones en las decisiones que se adopten sobre estas querellas. Las resoluciones dependerán de los cinco magistrados titulares de la sala penal y civil del TSJC, además de su presidente. No se descarta que terminen ampliando el alcance de la investigación ya que algunas acusaciones vinculadas al 9N se dirigen también contra el consejero de Presidencia, Francesc Homs, y el de Interior, Ramón Espadaler.
Las querellas contra Mas, Ortega y Rigau pueden ampliarse a Homs y Espadaler
La dimisión de Torres-Dulce era algo esperado en el Gobierno y no se resolverá hasta después de Navidades porque el trámite para elegir al sustituto no es, precisamente, corto. La propuesta partirá del Consejo de Ministros y la remitirá al Consejo General del Poder Judicial. De allí viajará al Congreso de los Diputados, donde el elegido deberá comparecer ante la Comisión de Justicia. Después la decisión pasará de nuevo por el Gobierno, que la comunicará al rey.
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