España

Testigos protegidos: la reforma bloqueada de una ley que hace aguas

La norma tiene 25 años y tanto jueces como fiscales coinciden en que se queda corta para las situaciones que se presentan a diario en procesos contra el narcotráfico, el yihadismo o las mafias de trata

Imagen de un juicio por imprudencia al volante
Imagen de un juicio por imprudencia al volante EFE

La parálisis política que sufre España desde hace cuatro años ha dejado a decenas de leyes y urgentes cambios legislativos condenados a permanecer en el cajón. Es el caso de los testigos protegidos, claves para el curso de las investigaciones judiciales y cuyo testimonio puede ser fundamental a la hora de dictar sentencia.

El Estado promete, a priori, proteger su identidad y defenderles de posibles represalias de las organizaciones criminales contra las que testifican. Sin embargo, la ley de 1994 que regula esta figura ha dejado al descubierto fallos que han puesto en peligro la vida de algunos de quienes decidieron hipotecar su vida y la de sus familias para que los criminales paguen por sus delitos. 

En los veinticinco años que tiene la norma de sólo cuatro artículos ningún partido se ha atrevido a impulsar una reforma que llevan años reclamando jueces, fiscales y policías. La actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, lo fijó como una de las metas de su Departamento tras el triunfo de la moción de censura. También lo ha pedido el Defensor del Pueblo. Pero el parón legislativo del Congreso y la repetición electoral alejan cualquier posible cambio del texto.

"Lo que nos dicen los testigos protegidos es que su vida se puede volver un infierno porque los recursos que se ponen no son suficientes", alerta Rosa Freire, magistrada y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). "Hacen falta más medios y actualizar una legislación manifiestamente obsoleta", exclama el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega.

"La experiencia ha demostrado que la normativa no ha sido eficaz. Ha habido un fallo clamoroso", dice el juez en referencia a casos como el de Cursach (Baleares), donde se investiga la corrupción política y policial en Palma en torno a los negocios de la noche. Allí, uno de los testigos protegidos fue identificado por los investigados y sometido a continuas palizas y amenazas

La principal dificultad con la que se encuentran los jueces que deben otorgar ese estatus a los testigos es compaginar el derecho de defensa del acusado con la protección de la identidad de quienes aportan un testimonio clave. La actual norma prevé que la identidad del testigo pueda ser revelada si alguna de las partes lo solicita motivadamente. El Tribunal Supremo ha llegado a anular condenas basadas en el testimonio de un testigo protegido cuyo estatus no estaba suficientemente fundado por parte del magistrado. 

Organismo independiente

Ante la escasez de medios y la sobrecarga de trabajo de los juzgados, la Fiscalía General del Estado (FGE) propone crear un organismo autónomo que se encargue de evaluar los riesgos, proponer las medidas y hacer un seguimiento de la adaptación del testigo o los peritos a las mismas. "Parece evidente que toda esta labor supera con creces la capacidad del órgano judicial o de la Fiscalía que hubiera acordado la medida", señala la última Memoria presentada por María José Segarra este mes de septiembre.

Se debería dar más seguridad a quienes tenemos que evaluar situaciones de riesgo para testigos. Necesitamos certezas y seguridad jurídica"

Rosa Freire, magistrada y miembro AJFV

"Se debería dar más seguridad a todos los que trabajamos y tenemos que evaluar situaciones de riesgo para testigos. Necesitamos certezas y seguridad jurídica", apostilla la magistrada Freire. "Hay muchas lagunas que con buena voluntad se van remediando, pero los recursos no son suficientes", concluye. Algunos de los testigos, ante la sensación de inseguridad, llegan a desaparecer cuando les toca ratificar su declaración en el juicio. 

Medidas más concretas

"En los delitos más graves se echa de menos una regulación más concreta de medidas como el cambio de identidad, de domicilio o de puestos de trabajo. Y todo eso exige una infraestructura y una regulación muy concreta con medidas complementarias como puede ser el apoyo psicológico para las personas que están en esa situación", añade Teresa Peramato, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). 

En los delitos más graves se echa de menos una regulación más concreta de medidas como el cambio de identidad, de domicilio o de puestos de trabajo"

Teresa Peramato, presidenta de la UPF

Además de reducir los trámites burocráticos para aquellos a quienes se les brinda una nueva identidad, Peramato considera "importante" que se amplíe la posibilidad de conceder protección a testigos durante las diligencias de investigación preprocesales que incoa el Ministerio Fiscal, "de manera que no solamente el juez pueda acordar las medidas de protección de testigos, sino que también lo pueda hacer el fiscal". También aboga por ampliar el catálogo de quienes pueden beneficiarse del estatus de protegido más allá de los familiares directos o cónyuges. 

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