Tres usuarios de las 'black' exigen anular la causa porque Bankia difundió sus gastos sin su permiso

Todo vale para pedir el sobreseimiento. Tres de los exconsejeros de Caja Madrid imputados en el 'caso de las tarjetas black' han presentado un recurso en la Audiencia Nacional en el que reclaman que se solicite a la Agencia Española de Protección de Datos un informe que determine si el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Banco Financiero y de Ahorro (BFA) y Bankia violaron la ley al facilitar a la Fiscalía Anticorrupción los datos sobre las 'visas opacas' que permitieron abrir la causa. Los tres antiguos directivos de la entidad, Alejandro Couceiro, Juan Gómez Castañeda y Fernando Serrano Antón, a los que representa el mismo abogado, consideran que así fue y que por tanto, la principal prueba de la causa en la que permanecen imputados junto a otros 52 exaltos cargos de la entidad está "contaminada por su ilegalidad, lo que vendría a determinar la nulidad radical de la misma".

Según los tres imputados, la difusión de sus gastos 'contamina' la principal prueba de la causa, "lo que vendría a determinar la nulidad radical de la misma"

Así se recoge en un escrito de once folios entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, el pasado martes y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo, el abogado Alberto M. Lucas, defensor de Couceiro, Gómez Castañeda y Serrano, protesta porque el magistrado rechazó el pasado 12 de mayo "por improcedentes" todas las diligencias, pruebas y declaraciones que había solicitado menos dos. Por ello, presenta un recurso de apelación en el que vuelve a reclamar las no practicadas con el argumento de que de no hacerse se causaría indefensión a sus clientes. Entre estas diligencias se encuentra, precisamente, la petición de una "prueba pericial" a la Agencia de Protección de Datos.

En concreto, los tres usuarios de las polémicas 'tarjetas black' reclamaban al juez Andreu que libre un oficio a este organismo encargado de velar por la confidencialidad de la información que la Administración y las empresas poseen de los ciudadanos para que "emita informe sobre el grado de cumplimiento normativo respecto del tratamiento, cesión y utilización de los datos personales y económicos relacionados con la tarjeta visa atribuida a mis representados [...] existentes en los servidores y equipos informáticos de Caja Madrid". El recurso apunta que la cesión de dichos datos a la Fiscalía Anticorrupción, que fue lo que a la postre permitió abrir la pieza sobre las 'tarjetas black', se hizo por parte del FROB, BFA y Bankia "sin la debida autorización de los interesados", algo que que en su opinión vulnera la Ley Orgánica 15/1999 que es la que regula la Protección de Datos.

Sin su "conformidad"

Por ello pide de nuevo que se facilitase al organismo que vela por el cumplimiento de dicho ordenamiento legal "los elementos y los datos de las tarjetas facilitados por Bankia en estas diligencias previas" para que, de este modo, dictamine "por sí o a través de peritos que ésta designe" si se había producido una violación de dicha ley. Los tres exconsejeros insisten en su recurso que dicha información "alojada en los ficheros y bases de datos de Caja Madrid y pertenecientes a esta entidad" sólo se podían haber transmitido si ellos hubieran dado su "conformidad", algo que, aseguran tampoco han hecho ni la caja extinguida ni la Fundación Especial Caja Madrid, que ha heredado parte de sus funciones. "De tal prueba se podrá determinar si el uso indebido de los datos de carácter personal por entidades ajenas [en referencia al FROB, BFA y Bankia] a las relaciones entre partes, dichos datos constituyen prueba contaminada por su ilegalidad, lo que vendría a determinar la nulidad radical de la misma", concluye el escrito.

Los tres exconsejeros que ahora alegan la vulneración de la Ley de Protección de Datos ya intentaron sin éxito que se sobreseyera la causa contra ellos por prescripción del delito

La petición de los tres exconsejeros se produce en pleno aluvión de recursos por parte de los imputados en la causa que reclaman el sobreseimiento después de que en las últimas semanas el juez Andreu, con el respaldo de Anticorrupción, haya decidido exonerar de responsabilidad penal a 26 de ellos. A 14, por prescripción del delito del que se les acusaba. A los 12 restantes, al considerar que las 'visas opacas' que utilizaron fueron un complemento salarial y, por lo tanto, no hubo delito de apropiación indebida, como hasta ese momento se les acusaba. Algunos de los que permanecen aún encausados, entre ellos Couceiro, Gómez Castañeda y Serrano, han intentado alegar ambos argumentos, pero con nulo éxito hasta ahora. La vulneración de la Ley de Protección de Datos es, sin embargo, la primera vez que se esgrime, confirman fuentes jurídicas a este diario.

Lo hacen, además, tres exconsejeros de Caja Madrid que en total dilapidaron 275.000 euros con los polémicos 'plásticos'. Así, Alejandro Couceiro, el exsecretario general de la CEIM que estuvo en Caja Madrid entre 2003 y 2006, derrochó cerca de 70.000 euros en 549 pagos, gran parte de ellos en la compra de mobiliario y aparatos electrónicos, así como en supermercados y restaurantes. Más dinero, 128.000 euros, desembolsó con la suya Juan Gómez Castañeda, quien fuera miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta de IU. Gómez Castañeda gastó dicha cantidad principalmente en vinos, estancias en hoteles y comidas en restaurantes y numerosas compras en supermercados y perfumerías. Por su parte, Fernando Serrano Antón, quien tuvo que dimitir de su puesto como vocal del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid cuando estalló el escándalo, gastó 78.600 euros con la tarjeta opaca de que dispuso en sus seis años en Caja Madrid.