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España

El TSJ vasco se adelanta al Gobierno y ya dicta sus resoluciones de forma telemática

Los jueces ahora deliberan "de forma no presencial por medio técnico-telemático".

"La presente resolución se ha deliberado y votado telemáticamente de forma no presencial por los miembros de la Sala". Los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se han adelantado al Real Decreto-Ley del Ministerio de Juan Carlos Campo. Han empezado a dictar sus resoluciones de forma telemática y a dejar constancia por escrito de que las decisiones se han adoptado bajo las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Vozpópuli ha tenido acceso a los cuatro escritos emitidos por la Sala de lo Social en los que figuran las explicaciones de los jueces Pablo Sesma, Juan Carlos Benito-Butrón, Modesto Iruretagoyena, Juan Carlos Iturri, Florentino Eguaras, Maite Alejandro. Todos advierten en sus respectivos autos, en al menos dos ocasiones, la modalidad empleada para la toma de decisiones. "La presente resolución ha sido deliberada atendiendo a la recomendación de que siempre que sea posible se recomienda la utilización de sistemas telemáticos o de análoga naturaleza para la práctica de las actuaciones procesales", se lee en uno de los documentos.

Según recoge el artículo 19 del Real Decreto-Ley presentado este martes en Consejo de Ministros, "los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y en general todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello". Deberá ser así durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización

Deliberación "no presencial" 

El TSJ vasco dio el primer paso el pasado 7 de abril, cuando la Sección Primera de la Sala se declaró incompetente para resolver la medida cautelarísima solicitada por los sindicatos nacionalistas vascos ELA y LAB contra el Gobierno del lehendakari. En aquella resolución los jueces advirtieron hasta en cuatro ocasiones que se había procedido a la deliberación "de forma no presencial por medio técnico-telemático".

El Ministro de Justicia ha presentado este martes el Real Decreto-Ley.

Desde entonces, los jueces de la Sala de lo Social adoptaron otras tres decisiones bajo el mismo protocolo: una el 15 de abril, otra el 23 y otra el 24. "Los magistrados que forman el tribunal arriba indicado han manifestado expresamente, por vía telemática, su conformidad con el contenido de la presente resolución", consta en uno de los escritos.

Reticencia en el Supremo

No todos los tribunales han adoptado las recomendaciones del Poder Judicial. Tal y como publicó ya Vozpópuli, en el Supremo los magistrados han evitado realizar deliberaciones por internet para impedir posibles jaqueos. Según explican diversas fuentes jurídicas a este diario, los magistrados eluden las videoconferencias tras lo sucedido en 2019, cuando los encargados de juzgar el procés sufrieron un ciberataque presuntamente ejecutado por el colectivo Anonymous Catalonia. Sostienen, sin embargo, que si hubiese algo urgente que no admitiese demora, acudirían "a otro sistema" para resolver las resoluciones.

Medidas de seguridad instaladas en el Tribunal Supremo

Hasta ahora, el Poder Judicial había exhortado a los tribunales a adoptar medidas específicas para evitar los desplazamientos y disminuir así la posibilidad de contagio en las sedes judiciales. Esta misma semana, la Comisión Permanente ha ultimado una guía de buenas prácticas para la judicatura. A ello se suma el Real Decreto-Ley del Ministerio de Justicia. 

El documento, redactado por el equipo de Campo y aprobado por el Ejecutivo en Consejo de Ministros, contempla una serie de actuaciones urgentes para evitar el colapso de los juzgados una vez se reanude la actividad judicial: desde la propuesta de habilitar agosto y hacer turnos de mañana y tarde hasta la realización de juicios vía videoconferencia. Según establece la norma, "las administraciones competentes" deberán dotar los equipos tecnológicos necesarios para ello. La intención, han alegado desde Justicia, es asegurar la salud de los trabajadores de los tribunales, en cumplimiento con las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias. 

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