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España

Susana Díaz patina con su "tolerancia cero": cobija a dos exalcaldesas imputadas por corrupción

La presidenta andaluza, Susana Díaz, durante su intervención ayer en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento de Andalucía.

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), se había erigido en adalid de la lucha contra la corrupción nada más relevar a José Antonio Griñán, acorralado por el caso de los ERE fraudulentos. Sin embargo, su discurso amenaza con hacer agua de no tomar correspondientes medidas a corto plazo. Su "tolerancia cero" contra la cleptocracia no termina de cuajar, principalmente porque mantiene en sus filas y en la administración que dirige a dos exalcaldesas imputadas por sendos casos de corrupción.

Una de ellas es Luisa Ruiz, regidora de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) entre 2003 y 2011, detenida esta semana dentro de la operación ‘Rocket’ por su relación con una trama que habría cometido irregularidades en la asignación de subvenciones europeas, nacionales y autonómicas para antiguas zonas mineras del carbón (los conocidos como fondos Miner) por un importe de 2,3 millones de euros. Acusada de la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación administrativa y falsedad en Documento Público, Ruiz se negó este jueves a declarar ante los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por la actual alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Gil Morata (PP), que detectó al llegar al consistorio supuestas infracciones en la concesión de una ayuda de 1,8 millones de euros de los fondos Miner para el Tren Turístico El Guadiato y en otra de 500.000 euros del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para un Museo del Ferrocarril.

La jefa del Ejecutivo andaluz esgrime 48 horas después del arresto y en sede parlamentaria que aún desconoce los motivos por los que está detenida la exalcaldesa socialista de Peñarroya

Se da la circunstancia de que la exregidora de esta localidad cordobesa es vocal de la Ejecutiva del PSOE andaluz que todavía dirige Griñán (el congreso extraordinario que consumará la sucesión en el partido tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre en Granada). Luisa Ruiz Fernández ejerce tal representación en este órgano desde julio de 2012 y es probable que Susana Díaz prescinda de ella --si no lo hace antes-- el próximo mes, en el cónclave donde se renovará el organigrama interno de la formación.

Preguntada ayer en el Parlamento andaluz sobre este asunto por el líder del PP regional, Juan Ignacio Zoido, Díaz dijo desconocer aún (48 horas después del arresto) los motivos por los que está detenida la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo. Acto seguido, la presidenta andaluza manifestó que aplicará el principio de "tolerancia cero" ante la corrupción "si hay algo ilegal" en la actuación de su compañera de filas.

Tres años de prisión y multa de 8,6 millones

Por su parte, la que fuera regidora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera entre 2005 y 2011, Pilar Sánchez, está acusada de desviar subvenciones del denominado Plan E para pagar gastos municipales. Esta misma semana se ha conocido que el fiscal anticorrupción pide tres años de prisión y una multa de 8,6 millones de euros para ella. El Ministerio Público le atribuye un delito de fraude de subvenciones al destinar el dinero de la ayuda estatal, que sólo se podía usar para los fines que había sido otorgado -como la construcción del Museo Lola Flores o de la Ciudad del Flamenco-, para asumir gastos corrientes, desde nóminas municipales, el servicio municipal de limpieza o facturas de la luz. Y ello pese a las advertencias del interventor y del tesorero municipal.

Pilar Sánchez fue recolocada por el PSOE el pasado enero como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Junta, puesto en el que permanece actualmente. Este organismo público pertenece a la Consejería de Educación. El Gobierno andaluz respaldó este verano la continuidad de Sánchez en el puesto y esgrimió que tiene garantizados sus derechos como "funcionaria de carrera".

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