Publicado: 31/01/2016 14:10
Casi sin comerlo ni beberlo, en un momento político tan delicado en el que Mariano Rajoy previsiblemente será desalojado de la Moncloa, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tenido que enfangarse en las cloacas de la mafia del agua, un escándalo de corrupción que hasta la fecha cuenta con 35 imputados, de los cuales trece fueron detenidos y cinco están encarcelados.
La única dimisión que ha provocado el enésimo escándalo de corrupción vinculado al PP se ha producido precisamente en Moncloa. La vicepresidenta ha tenido que dejar caer a su subsecretario de Presidencia y número tres del Departamento, Federico Ramos de Armas, por su supuesta vinculación con la trama corrupta de Acuamed con las empresas contratistas y con el jefe de la misma, Arcadio Mateo del Puerto, ex director general de la empresa estatal.
La directora de Aguas conoció por mail al menos uno de los chanchullos, el intento de pago de la comisión a FCC, pero no lo denunció, sigue en su cargo y también como consejera de Acuamed
Mateo, en prisión incondicional, hacía y deshacía en la casa mientras Ramos de Armas era presidente (diciembre 2011-junio 2015), un cargo que deviene automáticamente al ser nombrado Secretario de Estado de Medio Ambiente.
Y, al menos, en uno de esos correos, se adjunta copia a la directora de Aguas, Liana Ardiles, que se dio por informada de los detalles de los pagos que se iban a hacer a la constructora de la familia Koplowitz por la desaladora de Bajo Almanzora (Almería).Algunos correos electrónicos entre Ramos de Armas y Mateo del Puerto confirman que el presidente de Acuamed estaba al tanto de la comisión que se iba a pagar a FCC, que el auto del juez Eloy Velasco fija en "10 millones de euros".
Según las fuentes cercanas al Gobierno consultadas por Vozpópuli, la vicepresidenta, que ha sido puntualmente informada de la evolución del caso, ha mostrado su malestar porque ni el Ministerio de Agricultura, que gestiona la compañía, ni el de Hacienda, que es propietario de las acciones, firma sus cuentas anuales y aprueba todas sus partidas presupuestarias, hayan depurado responsabilidades políticas.
En Moncloa se preguntan qué grado de implicación en el caso tiene Liana Ardiles y por qué en Hacienda se aprobaron las partidas extraordinarias que incluían mordidas y sobrecostes
La vicepresidenta quiere que desde estos dos ministerios se dé un mensaje claro de que el PP corta por lo sano al menor indicio de corrupción, en un contexto en el que la trama de corrupción del partido en Valencia, que ya apunta a Rita Barberá, les aleja definitivamente de Ciudadanos y, por extensión, de Moncloa. Sáenz de Santamaría, asimismo, ha sido informada de que el propio juez Velasco sospecha de la implicación de cargos de "muy alto nivel" del Gobierno en el caso Acuamed.
En Moncloa se preguntan "¿qué grado de implicación en el caso tiene la Directora de Aguas del Ministerio, que además sigue en el cargo de consejera de Acuamed? ¿a qué "muy altos cargos" puede estar refiriéndose el juez Velaso?", afirman las fuentes cercanas al Gobierno. Sin embargo, el Departamento que dirige Isabel García Tejerina se ha limitado a destituir a los dos directivos de Acuamed responsables de la trama (Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco, director de Ingeniería).
Ardiles, como el resto de consejeros, no sólo ha votado a favor de llevar a los Presupuestos Generales del Estado las partidas presupuestarias (36 millones de euros en 2015) para pagar a las constructoras de la trama y ha aprobado las cuentas anuales de la compañía, sino que además no delató al tándem Ramos de Armas/Mateo del Puerto cuando éstos 'negociaban' por email acelerar el pago de la comisión a FCC.
Por la mesa de Platero pasan las partidas de las compañías de Patrimonio: la subsecretaria dio el visto bueno a los 36 M. que llegaron a los PGE de 2015
Ardiles aparece como destinataria en copia del correo electrónico en el que el presidente de Acuamed le pregunta a su número dos y jefe de la trama "si podemos llevar como pide la contratista [FCC] la liquidación pendiente de la obra al Consejo de Administración del mes de julio por valor de 9,5 millones de euros", en referencia al pago pendiente por las obras de la desaladora.
La directora de Aguas es el único alto cargo que podría estar salpicado directamente por la trama corrupta, pues conocía los tejemanejes del director general.Pese a la evidencia de que Ardiles estaba informada de algunos de los amaños, Tejerina ha optado por no exigir su dimisión, para cabreo de Moncloa, añaden las fuentes.
Pero desde Moncloa también miran a Hacienda. "No hay partida presupuestaria, ordinaria o extraordinaria, de una empresa pública dependiente de la Dirección General de Patrimonio [como es el caso de Acuamed] que no pase por las manos de Pilar Platero [subsecretaria de Hacienda y número 3 del ministro Montoro]", señalan las fuentes.
La subsecretaría de Hacienda aprueba los presupuestos anuales de la compañía, sus partidas extraordinarias (ahí estarían recogidos los sobrecostes de las obras que enriquecían a los miembros de la trama) y firma las cuentas anuales. Sin embargo, ninguno de los cuatro consejeros que representan a Hacienda en Acuamed frenaron la aprobación de esos 36 millones de euros que fueron apuntados en los PGE de 2015 y "la compensación de ocho y catorce millones" con cargo a los de 2016, según recoge el auto de Velasco.
En Moncloa se preguntan quiénes pueden ser los cargos "de muy alto nivel" que podrían estar implicados en la trama, de los que habla el juez Velasco
La número 3 de Montoro, por su cargo y funciones, tuvo que estar al tanto de estas partidas y visarlas para que llegaran a los PGE.
Hacienda, hasta ahora, ha tratado de mantenerse al margen del escándalo. Ha sido Agricultura la que ha asumido las principales decisiones. Además de destituir a los dos jefes de la trama, ha puesto en marcha la contratación de una empresa para que audite todos los contratos desde 2004 y ha creado un grupo de trabajo para hacer un seguimiento interno de la compañía.
Hasta la fecha, ninguno de los dos ministerios ha ido más allá en la búsqueda de responsabilidades más allá de las ya asumidas por los directivos implicados en la trama.
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