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España

Ajuste de cuentas postelectoral: La policía catalana pone al PSC contra las cuerdas al destapar una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell

El secretario de organización del PSC, Daniel Fernández (a la izquierda) junto al primer secretario del PSC, Pere Navarro.

La operación desarrollada por 300 agentes de la policía autonómica que actúan a las órdenes de CiU arroja, de momento, doce detenidos y 26 imputados por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell, que instruye la causa bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción. La redada llega recién concluida la campaña electoral en Cataluña, en la que el PSC ha jaleado a los cuatro vientos la supuesta implicación de Artur Mas y de la familia Pujol en el desvío de fondos a cuentas de Suiza. En las pesquisas policiales han sido registradas medio centenar de empresas, entre ellas  las dependencias de la compañía de Aguas de Sabadell, y 15 domicilios particulares.

El ‘número tres’ del PSC, actual secretario de Organización y responsable de la campaña electoral, Daniel Fernández, ha dimitido de su cargo tras conocer que está siendo investigado por su presunta relación con esta trama. Agentes de paisano de los Mossos  han acudido esta tarde a la sede del PSC, en la barcelonesa calle de Nicaragua, para entregar en mano la citación en la que se notifica la imputación de Fernández. Según la investigación, éste llamó a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, solicitando un empleo para una tercera persona. Como este alto cargo socialista es diputado nacional tiene condición de aforado y, por tanto, tendrá que declarar ante el Tribunal Supremo.

En esta misma trama figura también como imputado el alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, el constructor Melquíades Garrido y el ex concejal popular del mismo ayuntamiento Jordi Soriano. En la lista de imputados figura, asimismo, la alcaldesa de Montcada, la socialista María Elena Pérez.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los implicados en la trama exigían un pago previo de 120.000 euros para "acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública". Este "depósito inicial era un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados". Finalizada la obra, la trama exigía más dinero, hasta un 3% del presupuesto final, y los fondos acababan en un despacho de abogados.

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