La UCO rastreará todos los contratos de la Bankia de Rato en busca de más 'mordidas'

La investigación del 'caso Rato' vuelve a tomar impulso. Tras la detención el pasado 16 de agosto del presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno por su implicación en las supuestas irregularidades de los contratos publicitarios que Bankia firmó durante el mandato del político, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil han decidido ahora ampliar las pesquisas a todas las adjudicaciones realizadas por la entidad en el mismo periodo en busca de otras 'mordidas'. Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación, que añaden que se revisarán toda la contratación en la que Rodrigo Rato hubiera tenido 'voz y voto' entre finales de 2010 y su salida de la entidad en mayo de 2012, y no sólo los relativos a las campañas de imagen como hasta ahora.

Anticorrupción y la UCO cruzarán los datos fiscales de las empresas adjudicatarias de Bankia con las de Rato en busca de 'coincidencias' sospechosas y empresas 'interpuestas'

Una nueva línea de investigación abierta por el último informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el organismo dependiente de la Agencia Tributaria que detectó el supuesto pago de comisiones al exvicepresidente del Gobierno a través de una empresa 'interpuesta'. Lo hizo tras cruzar los datos fiscales de los contratistas de Bankia con los de las mercantiles que componen el complejo entramado societario del político. Así, descubrió que las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis Comunicaciones España, que hasta aquel momento habían facturado cantidades mínimas a la entidad, pasaron a acaparar las campañas de la salida a Bolsa del banco gracias a la intermediación de Albisa Inversiones y Asesoramiento SL, la sociedad de Alberto Portuondo, el empresario ahora encarcelado. La ONIF detectó que esta última había recibido de las primeras algo más de 2 millones de euros por servicios aparentemente inexistentes y que, posteriormente, transfirió 834.000 euros a Kradonara 2001 SL, una mercantil bajo control del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Todo ello con supuestas facturas falsas como 'pantalla'.

De aquel hilo partió la posterior investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) que desembocó en el arresto de Portuondo en el aeropuerto de Madrid-Barajas justo cuando iba a tomar un vuelo con destino a México, donde reside. Las pesquisas de los agentes no sólo apuntaban en la misma dirección que el análisis hecho por la ONIF sino que reforzaban sus indicios con nuevos datos. De hecho, antes y después de la detención los agentes interrogaron a varios testigos relacionados con aquellas adjudicaciones. Según las fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario, estas tomas de declaración continuarán en los próximos días y previsiblemente incluirán a antiguos directivos de Bankia de la etapa de Rato. Entre ellos, los que participaron en las reuniones en las que se aprobaron las adjudicaciones a Zenith y Publicis de todos los contratos publicitarios de aquellos años y que sumaron 56 millones de euros.

Publicidad y algo más

Sin embargo, Anticorrupción y la Guardia Civil sospechan que ese supuesto amaño no fue el único y, por ello, rastrearán en los próximos meses todos los contratos en busca de nuevas 'coincidencias' sospechosas entre los adjudicatarios de los mismos y las empresas de Rato, sobre todo Kradonara, convertida en el verdadero epicentro empresarial del exvicepresidente del Gobierno. El objetivo no es sólo localizar dichas 'mordidas', sino también el destino final del dinero. En el caso de los 834.000 euros que presuntamente se embolsó por las campañas de publicidad, Rato supuestamente invirtió algo más de 400.000 a un hotel de Berlín a través de la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, de la que fue administrador hasta el mes de abril.

La Fiscalía se plantea añadir el delito de corrupción entre particulares a las acusaciones de delito fiscal y blanqueo que ya pesan sobre Rato 

Ha sido precisamente este movimiento de dinero fuera de nuestras fronteras el que ha permitido a la Fiscalía acusar al político de blanqueo en el extranjero y, por tanto, pedir que la causa pase del juzgado ordinario de Plaza de Castilla donde se instruye hasta ahora a la Audiencia Nacional, único competente para este delito cuando se materializa en otro país. Un cambio de jurisdicción que, sin embargo, aún está pendiente de la decisión del magistrado Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia', de aceptar o no el sumario. Las fuentes jurídicas consultadas esperan que se produzca e, inmediatamente, se traduzca en nuevos avances en las pesquisas. En este sentido recuerdan que las mismas se han visto muy frenadas por lo que califican de actitud 'pasiva' del actual instructor, el juez Antonio Serrano. 

Además, la nueva línea de investigación va a permitir a Anticorrupción plantear nuevas acusaciones contra Rato. Cuando se inició el caso, se plantearon cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y uno más de alzamiento de bienes. Este último decayó rápidamente ya que el político había hecho frente a las fianzas que le impusieron en los otros dos procesos que tiene abiertos. Sin embargo, se mantuvieron las otras. Ahora, además de añadir la fundamental coletilla "en el extranjero" a la acusación de lavar fondos, la Fiscalía se plantea acusarle de corrupción entre particulares, un delito que ya ha imputado al presunto testaferro y que está castigado con hasta cuatro años de cárcel.

De hecho, los investigadores consideran al empresario Alberto Portuondo algo más que un 'hombre de paja' y destacan su papel como 'asesor externo' de la Presidencia de la entidad. Siempre según las pesquisas, fue el empresario ahora encarcelado el que supuestamente acudió en su día a las firmas de publicidad para ofrecerles sus 'servicios' de mediación por los que finalmente cobró una comisión de 2 millones de euros. Con el supuesto visto bueno de ambas, el empresario influyó en el reducido equipo directivo que iba a tomar la decisión y, en especial, en Rato, que llevó la voz cantante a la hora de decidir la adjudicación. Ahora, Anticorrupción y Guardia Civil rastrearán otros contratos para saber si dicha 'mecánica' se repitió en otras adjudicaciones durante el tiempo que el exvicepresidente del Gobierno estuvo al frente de Bankia. "El 'caso Rato' no ha hecho nada más que empezar", insisten las fuentes consultadas.