Bankia se persona en el 'caso Rato' para reclamar a su expresidente la 'mordida' de 835.000 euros

No es la primera vez que Bankia, y su matriz BFA, le reclama a Rodrigo Rato la devolución de dinero. Pero a diferencia del caso de las 'tarjetas black', la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha decidido acudir a los tribunales para personarse como acusación en una causa contra el que fuera su presidente. En este caso será en el sumario que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Para ello, el pasado viernes los representantes legales de la entidad financiera acudieron a los Juzgados de Plaza Castilla para presentar el escrito en el que solicitan que se les admita como acusación particular, según confirmaron a Vozpópuli fuentes jurídicas. La decisión del nuevo equipo gestor se produce seis meses después de que se abriera la causa contra el exvicepresidente del Gobierno por delitos fiscales y blanqueo, y cerca de tres meses después de que se conocieran los primeros indicios que apuntaban a que Rato se embolsó presuntamente una 'mordida' de 835.000 euros por el supuesto amaño de los millonarios contratos de publicidad de la entidad.

Con su escrito, el grupo nacionalizado pretende que Rato retorne a la entidad todo el perjuicio económico que haya podido producir en la adjudicación irregular de diversos contratos de publicidad durante su etapa presidencial. En definitiva, que Rato devuelva todas aquellas comisiones ilícitas que se embolsó por estas adjudicaciones. En el documento, Bankia no especifica cantidad alguna, según explican estas fuentes, puesto que no se descarta que puedan existir más 'mordidas' de las conocidas hasta el momento. El movimiento supone también la escenificación de la ruptura entre el Gobierno del PP con uno de sus más ilustres dirigentes. No en vano, el principal accionista de Bankia es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos.

La personación de Bankia se produce a los seis meses de iniciarse el 'caso Rato' y cerca de tres meses después de los primeros indicios de amaño de los contratos publicitarios

Nunca hasta ahora, en todos los procesos judiciales que afectan al pasado de Bankia, la entidad nacionalizada había decidido personarse como acusación particular contra Rato. En el caso de las 'tarjetas black', porque el grupo, al igual que su expresidente, se encuentra imputado.  En esta pieza separada, la entidad está a la espera de poder reclamar a Rato el dinero correspondiente a su etapa en Caja Madrid. Mientras, en la causa que juzga la salida a Bolsa, y la posible falsedad de las cuentas de Bankia en el momento del salto al parqué, el grupo nacionalizado, que también se encuentra imputado, ha defendido en todo momento la gestión de Rato, incluso presentando dos informes periciales que contradicen a las tesis de los dos peritos del Banco de España. Algo más de 3.000 millones explican este alineamiento de la actual Bankia con su expresidente.

La presentación del escrito se produce cuando la causa cuenta ya con una acusación popular, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), presente en casos como Gürtel y de los Papeles de Bárcenas, y que fue admitida el pasado 22 de septiembre por la Audiencia Provincial de Madrid después de que en un primer momento fuera rechazada por el magistrado instructor. Hasta ahora, sólo la Fiscalía Anticorrupción había podido realizar esta función en la causa. De hecho, fue su representante, Elena Lorente, la que planteó el 6 de octubre las medidas de retirada de pasaporte y personaciones mensuales que adoptó el juez Serrano Arnal.

Frente a ellos están los abogados defensores de los once imputados que acumula ya la investigación. Se trata del propio político, el comisionista Alberto Portuondo (único encarcelado); una empleada de este último, Beatriz Colomer; el director de Comunicación de la Bankia de Rato, Miguel Robledo; Teresa Arellano Carpintero, la secretaria de toda la vida y persona de la máxima confianza del exvicepresidente; Miguel Ángel Montero Quevedo, presunto testaferro del político y que figuraba como administrador único de la sociedad británica VivaWay Limited; Domingo Plazas, abogado con despacho en Sotogrande (Cádiz) que gestionaba Kradonara 2001 SL, la mercantil a través de la cual supuestamente Rato recibió la 'mordida', y cuatro directivos de Zenith Media y Publicis Comunicaciones España, las mercantiles acusadas de pagarlas.

Zenith, Publicis y las "Mente"

A todos ellos se les acusa, entre otros delitos, de corrupción entre particulares por las irregularidades detectadas en varias adjudicaciones de Bankia que suman 57,6 millones de euros. Las más importante son las que recibieron Zenith y Publicis, y que ascendieron a 56,2 millones. Con este dinero se financió el diseño de las campañas de lanzamiento del banco en 2011, la de la salida a Bolsa de julio del mismo año y una de consolidación de la marca a comienzos de 2012, así como la contratación de los espacios publicitarios en los que se dispusieron todos estos anuncios. La adjudicación de estas millonarias campañas a ambas compañías se produjo presuntamente por la mediación de Portuondo, quien a cambio de sus servicios recibió una supuesta mordida de algo más de 2 millones de euros. Ésta, a su vez, transfirió posteriormente 835.000 euros a Kradonara 2001 SL, una mercantil de Rato, en mensualidades de 40.000 euros,

Además de los contratos de Publicis y Zenith, en la causa también se investigan varias adjudicaciones a empresas de Portuondo conocidas como las "Mente"

A estos contratos bajo sospecha se han unido en los últimos meses otros adjudicados por Bankia, aunque de menor cuantía. Se trata de los que la entidad financiera firmó con Lateral Mente SL y Plena Mente SL, dos empresas propiedad del propio Portuondo y que se hicieron, entre otros, con los trabajos de reputación 'online' de la entidad. La primera de la compañía se embolsó 860.000 euros. La segunda, 550.000 euros. Sobre los mismos también fueron interrogados los empleados de Bankia que en las últimas semanas han pasado por el juzgado en calidad de testigos. Algunos de ellos han admitido que sabían que dichas mercantiles pertenecían al ahora señalado como presunto testaferro y comisionista. Además, añadieron que su contratación se hizo tan habitual entre 2011 y 2012 que los responsables de marketing y publicidad del banco se referían a ellas como "las Mente", en referencia a la coincidencia en la parte final de su denominación.