El vecino que ha puesto en jaque a un senador del PP: "La querella la pagué de mi bolsillo"

Las grandes operaciones contra la corrupción tienen su inicio en el tesón de unos pocos. Ese es el caso de Roberto Benítez, vecino de Getafe y editor de la revista local El Bercial, que durante el último año ha librado una titánica lucha para llevar a los tribunales a los responsables políticos de la corrupción en el ayuntamiento madrileño. Benítez, que costeó de su bolsillo los gastos de la querella que llevó a la UDEV a detener el pasado lunes a seis personas - tres funcionarios y tres empresarios - por supuestas irregularidades en las adjudicación de un proyecto urbanístico para la construcción del Teatro Municipal durante la pasada legislatura, ha sido quien ha iniciado la chispa para encender una mecha que apunta al exalcalde de Getafe, persona cercana a Cristina Cifuentes, y actual senador por el PP, Juan Soler, y a otros dos concejales 'populares'.

"No se nos ha puesto nada fácil, sino todo lo contrario. Durante cuatro años se ha hecho una persecución al medio nunca vista en este municipio"

Pero destapar las vergüenzas en la administración tiene su precio: "No se nos ha puesto nada fácil, sino todo lo contrario. Se nos han tirado las revistas, se nos han mandado a la Policía a multarnos a nuestra propia casa y durante cuatro años se ha hecho una persecución al medio nunca vista en este municipio", relata Benítez en una conversación con Vozpópuli, en la que detalla que la presión sobre su investigación fue tal que una de las querelladas mandó a un abogado para "fiscalizar los papeles que yo leo y que yo apunto hasta el punto de que me prohíbe apuntar en mi propio cuaderno notas".

"El primer indicio claro que tenemos es la Junta de Gobierno en la que el entonces alcalde, Juan Soler, hace una encomienda a una empresa pública para hacer un edificio que podía haber hecho el Ayuntamiento con el fin de saltarse los trámites administrativos que conlleva al Consistorio realizarlos y que se ahorran al contratar a una empresa pública". Tras observar otra serie de indicios, como que la adjudicataria es una empresa que se acaba de constituir, solicita a través de la asociación de vecinos a la que pertenece ver los expedientes de la operación, algo que en principio se les niega desde la instituciones. Finalmente, después de acceder a los mismos, puede comprobar irregulares en la contratación tales como la presencia de la mujer del titular de la adjudicataria en una de las empresas, así como fraccionamientos de contratos o la ausencia de publicidad en el concurso. "Vi que las tres empresas -que fueron invitadas al concurso- estaban interconectadas".

El PSOE de Getafe, dado que estaba en la junta administrativa de la empresa pública, decide presentar una denuncia por el proceso de adjudicación que es archivada por el fiscal. "Esto ocurre en 2014 y yo a finales de ese año, en noviembre, presento mi denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, que me manda una carta y me dice que no es competente para esa materia y que la pasa al fiscal de Getafe. Éste, al recibir mi denuncia, la archiva - en el mes de marzo de 2015- sin practicar ningún tipo de prueba por tratarse del mismo caso que el de la denuncia presentada por el PSOE. Yo en abril ya pongo la querella". Tras esto, llegan las elecciones del 24-M y las puertas se abren: "Yo pedí al antiguo Gobierno del PP consultar los expedientes y nunca me permitieron verlos", algo que apunta que cambió después de las municipales, cuando se le permitió acceder al expediente, lo que le llevó a presentar una ampliación de la querella.

"Se han hecho una serie de cosas raras, raras, raras. Y yo imagino que esto ira poco a poco y al final hará que el senador caiga en desgracia"

"En mi querella apunto a Juan Soler, al que era concejal de Hacienda, Fernando Lázaro, a la concejal de urbanismo, Paz Álvarez, y a dos personas más, la asesora jurídica de GISA - la adjudicataria- y a la gerente de la empresa pública", que Benítez considera un cargo político, el único que estaría procesado hasta la fecha, porque pese a ser funcionaria "llega a la empresa pública porque la designa Juan Soler como cargo de confianza. La traen de la Comunidad de Madrid y lo hacen a dedo". Pese a que todos los indicios parezcan apuntar a Soler, éste no aparece en los documentos judiciales: "El juez le quita de momento, en el auto siguen apareciendo los concejales y él no aparece porque es un aforado del Senado que tendría que ir al Tribunal Supremo. Imagino que el juez por ser cauto le ha quitado de los papeles, pero el resto sigue figurando", detalla, en una situación que irremediablemente recuerda, tal y como reconoce el vecino de Getafe, al caso de Rita Barberá en la Gürtel valenciana.

Benítez cree que tiene que haber una responsabilidad política, porque lo que hay dilucidar ahora es quién fue el responsable de ordenar a los técnicos que se invitara a estas empresas en concreto. "Esto no nace de los técnicos según hemos investigado, sino que alguien pide que se invite a esas empresas en particular". El promotor de la querella considera que esto tiene que sustentarse en otras imputaciones: "Se han hecho una serie de cosas raras, raras, raras. Y yo imagino que esto irá poco a poco y al final hará que el senador caiga en desgracia".

"Una labor casi de oposición"

"Aquí, como imagino que habrá pasado en mucho sitios, lo que ha empeorado básicamente es que la prensa no ha querido escarbar porque esto es un trabajo titánico y conseguir un papel o un expediente ha sido casi imposible durante los cuatro años que ha estado el PP. Cuando saltó la Púnica nosotros insistimos en ver ese expediente de contratación que Juan Soler anunció a bombo y platillo que lo iba a hacer público y nos fue imposible. Nunca se nos dio acceso y nosotros en lo que nos hemos especializado es un poco en hacer oposición, porque durante cuatro años no se ha hecho oposición. Y nuestra labor ha sido casi de oposición más que de información porque no había ningún partido en Getafe que hiciera esa labor".

Y es que Benítez apunta que la revista de la que es editor sacaba a la luz cosas "que la oposición, que tenía esos expedientes, no sacaba". Pese a ello, el vecino de Getafe no sabría decir si el PSOE ha faltado en este asunto: "Me sorprende mucho que si ellos tenían conocimiento de esto como pusieron en la denuncia fiscal ¿por qué no ponen la querella?", y apunta que el grupo municipal socialista tenía destinada una asignación para realizar este tipo de trabajos, pero a pesar de ello, Benítez señala que con la asignación "para el día a día del grupo les habría permitido poner una querella penal, pero lo dejaron estar". "Que no tuvieran capacidad no lo se. No sé si tenían o no capacidad, pero en la pasada legislatura tenían 8 o 9 concejales y dos cargos de confianza. Nosotros en el medio somos tres personas y no nos dedicamos profesionalmente a ello, sino que casi lo hacemos más a título de hobbie. Ellos han hecho una labor de oposición bastante floja", opina el vecino.

"Conseguir un papel o un expediente ha sido casi imposible durante los cuatro años que ha estado el PP"

"Aquí casi todo el mundo sabía que se habían hecho muchas cosas mal y esto viene a darnos un espaldarazo, porque nosotros, mientras estábamos inmersos en estas luchas e investigaciones, alguna vez hemos solicitado una ayuda y nunca se nos han facilitado las cosas, y ahora nos damos cuenta de que teníamos razón cuando decíamos que los proyectos eran irregulares", relata Benítez, que dice sentirse orgulloso "porque la querella se ha sustentado por un particular, en este caso por mí. Hemos tenido que pagar al notario y a la procuradora sin ayuda de nadie y para mi es una satisfacción personal porque veo que al final yo tenía razón en lo que llevaba más de un año diciendo".