Repsol señala a 23 empleados como únicos "involucrados" en el amaño de los precios de la gasolina

Del "organigrama completo" a sólo una relación de poco más de veinte trabajadores... y ninguno alto directivo. Repsol, una de las cinco compañías petroleras investigadas desde el pasado septiembre por el juez Fernando Andreu por pactar los precios de la gasolina en perjuicio de los consumidores, ha remitido recientemente a la Audiencia Nacional un escrito en el que concentra toda la responsabilidad de la presunta manipulación en un grupo muy reducido de sus empleados. El magistrado le había solicitado en noviembre la identidad de todos sus responsables con "cargo y, en su caso, fecha de cese o incorporación", y la compañía le ha entregado ahora la información relativa únicamente a aquellas 23 personas "aludidas" en el informe de la Fiscalía que dio pie a abrir la causa porque figuraban como "involucrados" en los correos electrónicos que permitieron hace ahora un año a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) imponer una multa de 32,4 millones de euros a las cinco mercantiles.

El juez Andreu pidió a Repsol el "organigrama completo" en noviembre. Dos meses después la petrolera ha enviado una relación con 23 nombres de trabajadores

El escrito de Repsol, al que ha tenido acceso Vozpópuli, tiene fecha del pasado 2 de febrero y en él los representantes legales de la compañía dan respuesta a la petición de información que el juez Andreu había hecho mediante una providencia dictada más de dos meses antes, el 25 de noviembre. En dicho documento, la petrolera reconoce que el magistrado había solicitado a ésta y a las otras cuatro empresas implicadas (Cepsa, Galp, Meroil y Disa) "su organigrama completo", pero se escuda en el tamaño de la compañía para sólo remitirle los datos de esos 23 empleados, la mayoría de la parte baja de su staff. "Repsol SA son más de 2.600 empleados, del área que se dedica a la actividad de las Estaciones de Servicio son más de 6.600 personas, o de todo el Grupo Repsol son casi 24.000", recalca como justificación.

Remitente, destinatario o "con copia"

La petrolera señala en dos ocasiones que sólo envía la información relacionada con "los diversos cargos relacionados con los correos electrónicos" que destaparon el supuesto amaño de los precios y que pertencen todos ellos a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (RCCP) "que es la compañía que tiene por objeto la comercialización de productos petrolíferos, incluyendo la distribución de carburantes a través de estaciones de servicio". En concreto, remite dos hojas en las que figuran identificados todos ellos, sus puestos, la fecha en la que entraron en la compañía y si salieron, cuándo. Además, detalla de cada uno si fue remitente o destinatario de los emails que destaparon el escándalo o, simplemente, si su nombre figuraba en el apartado "con copia" de los mismos.

De los 23 empleados indentificados por Repsol, sólo ocho permanecen en la compañía. Siete salieron sólo un mes después de la millonaria sanción de la CNMC

Entre los empleados de la relación, el de mayor nivel es Fernando M.R., gerente de Desarrollo Oil y Precios, que figura como remitente, destinatario y "con copia" en varios mensajes. Le siguen dos directores de Desarrollo, Angel V.G. y Antonio P.E., además de su subdirector de Adquisiciones y Contratos, Pedro F. de M,; y el responsable de Planificación y Evaluación, Armando Z.M. De todos ellos, sólo los dos primeros siguen en la compañía. Además, hay jefes de desarrollo, de proyectos, delegados regionales, un jefe de Precios, el director de Desarrollo y Red Abanderada, un técnicos de Precios y varios de Planificación y Evalucación. En total, 23 empleados de los cuales hoy sólo siguen en la compañía ocho. De los que ya no trabajan para Repsol, siete salieron de la misma el 31 de marzo de 2015, un mes después de que la CNMC impusiera la millonaria multa.

"No agresión en precios"

Fue precisamente aquella sanción administrativa en la que se sustentaron las querellas que presentaron el sindicato Manos Limpias y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, de Alicante, y que dieron pie a la apertura del sumario el pasado septiembre. En el auto por el que admitía las mismas, el juez Andreu ya destacaba que Competencia había detectado en su investigación un "acuerdo colusorio" de "no agresión en precios" entre estaciones de servicio de Cepsa y Repsol entre los años 2011 a 2013 en Brea de Aragón y Illueca (Zaragoza), además de otros acuerdos presuntamente ilícitos entre Cepsa y Disa, y entre Disa y Meroil, así como un intercambio de información entre Galp y Meroil. Todo ello fue valorado por el magistrado como "indicios suficientes" de un delito de maquinación para alterar los precios.

En el auto que admitía las querellas contra las cinco petroleras, Andreu destacaba que el fraude causó un perjuicio "a una generalidad de personas"

En su escrito, Andreu también recalcaba que la Audiencia Nacional era la competente para instruir la causa ya que consideraba que dicha "defraudación" pudo producir una “grave alteración en la economía nacional” y un perjuicio “a una generalidad de personas”. En este sentido, el auto del juez recalcaba que Repsol, Cepsa, Galp y Disa suman en el mercado minorista en torno al 68% de las estaciones de servicio y el 72% de las ventas. En el ámbito mayorista de carburantes, el porcentaje se eleva al 75%. Además de las compañías, en la causa también están como "investigados" (el término que ha sustituido al de imputado con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Cepsa, Khadem Al Qubaisi; el consejero delegado de Disa, Raimundo Baroja; y el presidente ejecutivo de Meroil, José Luis Porte.