Los sin papeles deberán pagar para tener acceso a la sanidad pública

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas buscan una vía para que los inmigrantes sin papeles, que quedarán sin cobertura sanitaria a partir del 1 de septiembre, paguen por recibir atención en la sanidad pública.

Según Sanidad, se trata del desarrollo del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España. Esta norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en pasado 4 de agosto y establece que las personas que no reúnan las condiciones necesarias para ser considerados asegurados o beneficiarios del sistema podrán formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria.

El diario El País explica este martes que los extranjeros sin papeles deberán abonar 710 euros anuales para recibir asistencia médica en la sanidad pública en virtud de estos convenios que menciona la ley. La cifra podrá duplicarse hasta 1.864,80 euros al año en el caso de los mayores de 65 años.

Fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por la agencia Europa Press explican que "la cuantía de la suscripción de los convenios se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos". El Ministerio ha enviado el documento de trabajo a las autonomías para que puedan presentar las alegaciones necesarias.

A quién afecta la norma

Los convenios que marca el Real Decreto están dirigidos a los españolse que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a laso 100.000 euros anuales, es decir, los llamados "rentistas"; a los europeos que quieran suscribirlos voluntariamente para ser atendidos por el sistema público español y a ciudadanos de terceros países que quieran formalizar el convenio durante su estancia en España para recibir atención médica del sistema público. En el caso de los sin papeles, el Gobierno se limita a recordarles "la necesidad de que regularicen su situación".

La asistencia básica (urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años) se mantiene para todos los ciudadanos, incluidos aquellos que se encuentren en situación irregular.