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España

El PSOE baja el listón de la reforma constitucional y la supedita a su triunfo electoral

El líder socialista, Pedro Sánchez

Es fácil entender, aseguran fuentes socialistas, que si Pedro Sánchez pierde las próximas elecciones generales, el partido entrará en crisis y Mariano Rajoy no tendrá ni interlocutor ni incentivo alguno para cambiar la Constitución. En el PSOE se supedita, pues, la reforma constitucional a su triunfo electoral, pues de lo contrario ve improbable que ni el PP ni ninguna otra formación enarbolen esta bandera. El propósito de Sánchez si llega al Gobierno es convocar al resto de los grupos parlamentarios con el propósito de acordar el procedimiento para emprender esta reforma y concitar, en torno a ella, “el mayor apoyo y la mayor participación ciudadana”, según ha dicho este mediodía en el madrileño Palacio de Neptuno.

Tanto si el PP como el PSOE entran en crisis después del 20-D, cualquier reforma constitucional tendrá que ser aplazada

Sánchez ha reconocido que el cambio constitucional “sólo tendrá sentido y sólo podrá salir adelante si es fruto del pacto, si cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas y de la ciudadanía”. Y en su argumentario, se lee: “sabemos, incluso, que, si la reforma concluye con éxito, no incluirá algunas de las propuestas que nosotros presentemos”. Las fuentes consultadas admiten que, incluso en el caso de que el PSOE consiga llegar a La Moncloa después del 20-D, será muy difícil poner de acuerdo al propio partido para reconocer a Cataluña las “singularidades” a las que aspira y a las que son claramente reacias federaciones como la andaluza, la extremeña o la castellano manchega. Susana Díaz y Guillermo Fernández Vara han acudido hoy al acto en el que Sánchez ha esbozado sus propuestas, junto a varios miembros de la ejecutiva federal.

Pero el problema para encarar esta reforma en la próxima legislatura, admiten en el Partido Socialista, no solo procederá de la división interna en sus filas, sino de la dificultad para poner de acuerdo a formaciones como el PP, Ciudadanos, Podemos, IU, los nacionalistas vascos y catalanes y los grupos que se instalen en el Mixto. En la dirección del PP hay quien admite que después del 20-D “habrá que mover ficha con Cataluña”, pero no necesariamente a través de una reforma constitucional. Una posible vía de solución, una vez que Artur Mas sea relevado al frente de Convergencia y salga de la Generalitat, sería el nuevo modelo de financiación pendiente, tarea que el próximo Gobierno deberá abordar con urgencia debido a la presión ejercida por el poder autonómico, desde el pasado mes de mayo controlado por el PSOE en siete comunidades.

La lógica, añaden fuentes socialistas, es que el PSOE entre en crisis si pierde las elecciones y al PP le ocurra lo mismo si sufre el mismo escenario. Gane quien gane el 20-D, tendrá muy probablemente enfrente a un primer partido de la oposición envuelto en una tormenta de considerables dimensiones, por lo que es fácil deducir que desde La Moncloa se carecerá de un interlocutor sólido con el que trabar una reforma de tanto calado como para llegar a modificar el modelo territorial.

Guión generalista para la reforma de la Constitución

De cualquier modo, dentro del PSOE se ha impuesto el discurso de la perseverancia. En su guión reformista se advierte: “Estamos convencidos de que sólo con nuestra victoria en las elecciones generales del próximo mes de diciembre, se abrirá una nueva etapa reformista que actualice nuestro marco de convivencia constitucional bajo la premisa del diálogo y el consenso”. Sin entrar en terrenos pantanosos, estas son algunas de las iniciativas que los socialistas barajan incluir en la Carta Magna, según ha avanzado Pedro Sánchez:

  • Incorporar a la Constitución mecanismos que garanticen el Estado del bienestar fortaleciendo los derechos sociales. La reforma del artículo 135 incorporaría las condiciones de salvaguarda de la “estabilidad social” del Estado, el reconocimiento de los derechos a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social, incluyendo una renta o ingreso mínimo vital para mejorar la protección a las familias.
  • Regular específicamente la igualdad entre mujeres y hombres, eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, actualizar y consolidar el principio de laicidad, reconocer el derecho ciudadano al acceso a la información pública y garantizar el derecho de asilo.
  • Limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno, fortalecer la actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales y organismos reguladores mediante el establecimiento de un nuevo sistema para el nombramiento de sus miembros y reformar el procedimiento para la reforma constitucional.
  • Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural. Reformar la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo. Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial, incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades autónomas, mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España, racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, reconocer las singularidades, establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación de las Comunidades autónomas y configurar una autonomía local fortalecida.
  • Doble vocación europea e iberoamericana de España. Adecuar y reforzar la articulación con la Unión Europea y colocar a España a la vanguardia de una Europa social. Reforzar los lazos con los países de Iberoamérica.

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