La reforma constitucional del PSOE mima a Cataluña y cautiva a Andalucía

El grupo de “sabios” que la dirección del PSOE designó antes del verano para concretar la reforma constitucional que el partido incorporará al programa electoral ha trabajado este verano en un documento al que está dando los últimos remates y que abarca contenidos mucho más amplios que los que atañen al título octavo de la Constitución y el encaje de Cataluña en España, donde la apuesta por un modelo federal toma como referencia la declaración de Granada pactada por todos los barones socialistas hace dos años durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general.

El PSOE propone incluir en la Constitución un nuevo procedimiento para elegir a los magistrados del Constitucional

Este documento se cerrará en una reunión prevista para final de mes de todos los expertos que han trabajado en la reforma. Según fuentes socialistas, la nueva Constitución que defenderá el PSOE en la próxima legislatura recoge el listado de todas las comunidades autónomas que forman parte del Estado en el orden en que fueron constituidas y enumera las competencias exclusivas de éste de forma que no admita interpretaciones y no existan duplicidades, por lo que las tareas compartidas se reducirán a la mínima expresión.

En el documento se dedica un título de la Constitución casi monográfico a los hechos diferenciales, entre los que se destaca el respeto a las lenguas propias y todos aquellos que ya figuran en los estatutos de autonomía que han sido reformados en diferentes etapas, lo que permitiría, según estas fuentes, hacer guiños a territorios ajenos al problema catalán y evitar agravios comparativos entre nacionalidades y regiones. Especialmente sensibles son los socialistas con Andalucía, comunidad plenamente equiparada al resto de las nacionalidades históricas. Las fuentes recuerdan que ya en la declaración de Granada pactada en 2013, se tuvieron muy en cuenta las reclamaciones de la federación andaluza, a la que Pedro Sánchez tiene especial interés en mimar. En esta declaración, se lee textualmente: “A los hechos diferenciales recogidos en la Constitución habría  que añadir algunos otros que, bien la práctica política de estos años, bien los propios estatutos de autonomía, han venido estableciendo. Entre los primeros destaca el caso de Andalucía, que es la única comunidad que accedió a la autonomía siguiendo el procedimiento agravado marcado por la vía del artículo 151.1 de la Constitución y equiparándose así a las denominadas nacionalidades históricas”. Entre los hechos diferenciales y competenciales recogidos por los propios estatutos, sobresalen los derechos históricos que el catalán recoge en su artículo 5, así como las especificidades del derecho civil atribuidas a diferentes comunidades en sus respectivos estatutos, como es el caso de la valenciana, la gallega, la balear, la aragonesa, la catalana, la vasca y la extremeña.

Nuevo modelo de financiación más estable

Las quejas de Cataluña y de buena parte de las comunidades por la vigencia de un modelo de financiación autonómica permanentemente abierto en canal, también tienen respuesta en la reforma que propone el PSOE, cuyos expertos han tomado como referencia el sistema alemán en lo que toca a la gestión de los impuestos, su gestión y el reparto de la recaudación, cuya coordinación recaería en los correspondientes consorcios. Para evitar tanta inestabilidad y apostar por unas reglas de juego más permanentes, el documento detalla los principios que garantizarían la autonomía financiera, la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad interterritorial.

El PSOE cree también llegado el momento de reconvertir el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial, dada su inutilidad como asamblea de segunda lectura en momentos clave. Los socialistas ponen ahora como ejemplo cercano el nulo papel que el Senado va a tener en la ratificación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, el proyecto de ley más importante del año por cuanto introduce las líneas fundamentales de toda la política del Gobierno.

Los socialistas vinculan el respeto a la estabilidad presupuestaria a la garantía de las pensiones y el Estado del bienestar

En la reforma constitucional que defiende el PSOE se extienden los derechos de los ciudadanos, incluidos los relacionados con el medio ambiente, se amplían las libertades y se establecen nuevos procedimientos para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Todavía no se ha incluido el cambio en la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas, pues es algo que está en discusión y, por lo tanto, abierto.

La reforma vincula el principio de estabilidad presupuestaria a la protección de los servicios esenciales como la sanidad o la educación. Ello implica retocar el artículo 135 de la Constitución, redactado deprisa y corriendo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en agosto de 2011, pero nunca suprimirlo, en contra de lo que en un principio propuso Pedro Sánchez mientras competía con Eduardo Madina por la secretaría general. Según las fuentes consultadas, se trata de garantizar el Estado del bienestar para que algo tan básico como las prestaciones de las pensiones, no pueda ser sometido al vaivén de los ciclos económicos ni tampoco de los políticos, objetivo que ha quedado en el aire después de la ruptura del Pacto de Toledo.