Hacienda paraliza el control del sueldo de los alcaldes y el recorte de concejales

La anunciada reforma de la Administración avanza lenta, muy lentamente. Ese está siendo, sin duda, el capítulo que el Ejecutivo tiene más abierto. A lo sumo, aspira a cerrar antes de fin de año la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, todo ello sin dejar de haber cosechado críticas de la FEMP, del PSOE y hasta del PP. De hecho, ha sido el posicionamiento de todos ellos lo que ha retrasado dos propuestas que se anunciaron a bombo y platillo pero en las que hoy por hoy "no se está trabajando", según admiten fuentes del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas: el recorte, en un 30 por ciento, del número de concejales y en el bareno para establecer un control del sueldo de los alcaldes.

El recorte de concejales depende de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que establece la siguientes escala para determinar el número de los mismos en función de la población de cada municipio:

De 100.001 en adelante, un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par, señala la LOREG. Actualmente hay 68.578 concejales, muchos de los cuales no reciben ninguna remuneración, sobre todo en las pequeñas localidades, y el recorte afectaría a 21.338, poco más del 31 por ciento. Es cierto que hasta la próxima legislatura local, que arrancará tras las elecciones de mayo de 2015, hay tiempo para modificar la escala, pero la medida ha recibido tantas críticas y tan duras, la mayoría provenientes de alcaldes del PP, que populares y socialistas no albergan ninguna duda en que el Ministerio dará marcha atrás.

Algo parecido pasa con el baremo para establecer el sueldo de los alcaldes, donde no faltan muchos que ganan más que un ministro y que el presidente del Gobierno. La Ley de Transparencia, en su disposición final sexta, señala que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán cada año el baremo al que habrán que ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las entidades locales, atendiendo al tipo de entidad local de que se etrate, así como a criterios objetivos de población, ciscunstancias socioéconómicas del entorno y otras de carácter administrativo. Asimismo, Hacienda propuso establecer como criterio general que las retribuciones de toda la corporación municipal no supongan más del 0,6 por ciento del presupuesto local, con un límite de 35 concejales máximo y la prohibición de que el personal eventual, de que los asesores, no superen el número de concejales. Pero, de momento, no hay nada avanzado al respecto.

Bastante tienen en Administraciones Públicas con haber aquilitado la reforma de la Ley de Bases, todavía pendiente de las conversaciones que mantienen al respecto PP y PSOE, por un lado, y de las sugerencias, cuando no críticas, que ha vertido la Federación de Municipios y Provincias contra el primer informe del Gobierno que abogaba por la atribución directa a las Diputaciones Provinciales de la gestión de los servicios obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes o la desaparición de las mancomunidades. El nuevo proyecto de Hacienda establece que todas las administraciones de ámbito local, (municipios, comunidades, pedanías...) se someterán a un año de evaluación en el que deberán superar unos estándares de calidad, cumplir la ley de estabilidad así como con la obligación de presentar sus estados financieros ante el Tribunal de Cuentas. Se trata de "posibilitar unos órganos transparentes, auditados, que no estén en número rojos y que cumplan unos mínimos de calidad", apuntan los mismos medios consultados.

La nueva Ley de Bases incluye el listado de competencias exclusivas de los ayuntamientos, para que no asuman otras responsabilidades que no les corresponde

Además, dicho texto establecerrá el listado de las competencias exclusivas de los ayuntamientos, haciéndose eco de las propuestas que le ha presentado la FEMP, esto es, urbanismo; gestión de residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas; abastecimiento de agua y evacuación y tratamiento de aguas residuales; infraestructura viaria; servicios sociales de atención primaria, seguridad en lugares de concurrencia pública y Policía Local; protección civil, prevención y extinción de incendios; tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad; transporte de mercancías y transporte público de personas; desarrollo económico local y comercio; promoción turística; ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante; protección de consumidores y usuarios; vigilancia, promoción, prevención y protección de la salud pública; cementerios, actividades funerarias y policía sanitaria mortuoria; promoción del deporte e instalaciones deportivas; promoción de la cultura y equipamientos culturales como archivos, bibliotecas y museos; protección, gestión y conservación del patrimonio histórico o de interés local; conservación y rehabilitación de la edificación; promoción y gestión de la vivienda de protección pública y padrón municipal de habitantes.

A la reforma local, se une la autonómica, acordada en la última Conferencia de Presidentes, para la que se ha constituido una comisión ad hoc, adscrita al Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, que preside el subsecretario de la Presidencia. A partir de ella se han creado ya cuatro subcomisiones, que tratarán sobre  duplicidades administrativas, simplificación administrativa, gestión de servicios y medios comunes y administración institucional.