Rajoy cumple su amenaza y lleva a Ignacio González al TC por su euro por receta

La presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta implantado en la Comunidad de Madrid se producirá más pronto que tarde, porque, a diferencia de lo que se hizo con Cataluña, no va a haber más periodo previo de negociación que el que ya se ha intentado estas semanas, oficiosamente, entre el Gobierno regional y el Ministerio de Sanidad. No parece que Moncloa esté con ánimo de dar más tiempo al ejecutivo de Ignacio González, según ha confirmado a Vozpópuli fuentes de Sanidad y de Administraciones Públicas. Los medios consultados estiman que el recurso puede traspasar las puertas del alto tribunal entre finales de enero y principios de febrero, abriendo así un frente con un gobierno del mismo signo político.

La maquinaria gubernamental para la presentación del recurso ya se puso en marcha en cuanto la Asamblea de Madrid aprobó el pasado 27 de diciembre el euro por receta así como la gestión privada de seis hospitales de la Comunidad y de 27 centros de salud. Sanidad ya ha remitido a Administraciones Públicas los informes reglamentarios a favor de ese recurso por entender que vulnera competencias estatales, esto es, el precio de los medicamentos, y provoca diferencias entre los ciudadanos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha requerido el informe preceptivo al Consejo de Estado, que ya determinó que el euro por receta era inconstitucional cuando se le consultó antes de recurrir la norma catalana. "La cosa no se va a dilatar", señalan fuentes gubernamentales, "todo va a ir muy rápido" aseguran bajo el argumento de que "no hace falta" alargar el proceso.

La gran diferencia que hay entre este recurso y el que ya se presentó en el euro por receta establecido por el anterior gobierno catalán, también presidido por Artur Mas, es que en este caso no parece que el Ejecutivo vaya a aplicar el artículo 33.2 del Tribunal Constitucional, por el cual antes se convoca la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma al objeto de intentar resolver las discrepancias, "pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado". El plazo establecido de negociaciones puede alargarse hasta nueve meses y el mismo se agotó con Cataluña sin alcanzar un acuerdo, pero, "Madrid ya venía avisada". En su caso, se pedirá directamente la suspensión de la norma, de cinco meses de duración que el TC puede prorrogar hasta que resuelva.

La Comunidad de Madrid ha condicionado la retirada del euro por receta a la percepción de 1.000 millones de euros que se han dejado de ingresar por un modelo de financiación injusto

De nada han servido los intentos de la ministra Ana Mato de reconducir la situación con el presidente de la Comunidad, Ignacio González, y con el consejero de Sanidad regional, Javier Fernández-Lasquetty. En todos los casos la respuesta recibida ha venido a ser a grandes rasgos la misma: sólo se retiraría el euro por receta si la Comunidad recibía los 1.000 millones de euros que dejaba de ingresar por culpa de un modelo de financiación autonómica que consideran profundamente injusto con Madrid. El propio González expresó esta queja en su primera reunión en Moncloa con Mariano Rajoy el pasado 15 de octubre, pero salvo el reconocimiento de las dificultades por las que están pasado todas las Comunidades, no hubo más gestos.

La sanidad está siendo el gran quebradero de cabeza para el sucesor de Esperanza Aguirre. Tiene al sector incendidado en la calle por su idea de incorporar gestión privada a seis centros hospitalarios de reciente creación así como a 27 centros de salud. La gran "marea blanca" tiene acorralado a Fernández-Lasquetty que ahora también verá cómo el Gobierno central, de su mismo signo político, le lleva hasta el mismísimo Tribunal Constitucional por una medida que no fue consultada a Moncloa y que cayó como un bomba de relojería.