Publicado: 22/10/2017 19:32
El 1 de octubre varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), en colaboración con la Guardia Civil de Cataluña, que actúa como Policía Judicial, culminaron un trascendente trabajo que habían iniciado semanas antes: bloquear los potentes sistemas informáticos que la Generalitat había habilitado para contabilizar los votos del referéndum ilegal.
Y lo hicieron ante la desesperación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al que los agentes rompieron los planes de presentar un resultado electoral homologable en Europa, y con él imponer la independencia al margen de la legalidad.
En las imágenes tomadas por las televisiones se pudo comprobar cómo los voluntarios radicales, que se adueñaron de las mesas electorales, permitían el voto de todos los que se acercaban a las urnas. Y simplemente tras tomar nota del nombre del elector y de su DNI, registraban de forma manual el voto. Eso permitió que algunas personas pudieran votar varias veces, tal y como se pudo comprobar en diferentes reportajes periodísticos.
Fue en el momento en el que los guardias lograron tumbar el sistema informático para recontar los votos, cuando el pánico se adueñó de las filas independentistas, conscientes de que el castillo de naipes que habían creado se desmoronaba por la acción de decenas de agentes especializados en delitos informáticos.
Y fruto de la desesperación, Puigdemont, que llegó a cambiar de coche bajo un puente para despistar a la Guardia Civil, llamó al director gerente del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Joan Angulo Arrese, para advertirle de que o "volvía a poner en marcha" el sistema informático para recontar los votos, "o el referéndum fracasaría", según han asegurado a Vozpópuli fuentes conocedoras de los hechos.
Director adjunto de La Vanguardia
Joan Angulo Arrese, que no está imputado en el procedimiento, trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona con Xavier Trias (CiU) de alcalde, y desde 2004 y hasta 2011 fue director general adjunto del diario La Vanguardia. Entre otros cargos, entre 1998 y hasta 1993 fue jefe de gabinete técnico del Departamento de Trabajo de la Generalitat.
Vozpópuli ha tratado de ponerse en contacto con Joan Angulo Arrese sin éxito. Una portavoz del CTTI ha remitido a este periódico al departamento de Presidencia de la Generalitat. En Presidencia han asegurado que el CTTI gestiona de forma individual su comunicación, por lo que tendrían que ser ellos los que trasladaran las preguntas de este diario a Joan Angulo Arrese, que han quedado sin respuesta.
La UCO culminó la tarde-noche del domingo del 1 de octubre un trabajo que había iniciado semanas antes, y con el que impidió el voto telemático, pero también el recuento electoral. Esto ha supuesto a la postre un duro golpe a los independentistas, que con la votación querían justificar la declaración unilateral de independencia, según especifica la hoja de ruta de los independentistas, que fue requisada por la Guardia Civil en el domicilio del número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové Lladó.
El mismo 1 de octubre los agentes del Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO estuvieron hasta altas horas de la noche delante de sus ordenadores, tal y como demuestra que a "última hora" de esa jornada, según especifica el TSJ catalán en una nota de prensa, la jueza accediera por auto a pedir el bloqueo a Amazon de un servidor que los radicales estaban utilizando para contabilizar los votos. Fuentes policiales explican que la petición a la jueza Armas se llevó a cabo pasadas las siete de la tarde, aunque otras fuentes aseguran que fue hacia las nueve de la noche.
Casa de les Punxes
Este auto de 1 de octubre, al que ha tenido acceso Vozpópuli, arroja datos sobre otra intervención de la UCO, de gran relevancia. Los agentes detectaron que en la página web de la Casa de les Punxes, un edificio turístico privado, estaban alojados "varios puertos". Y por eso los guardias intuyeron que la Generalitat estaba llevando a cabo "un proceso de recuento de votos vinculado a la jornada de referéndum" del 1-O.
La jueza ordenó, a petición de la Guardia Civil, el bloqueo de la web del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), incrustada en la web de la Casa de les Punxes, un edificio en el que estaban alojados los supuestos observadores internacionales que tenían intención de convocar a la prensa y dar los resultados justo después del cierre de los colegios. Un plan que fue interrumpido por el trabajo de los agentes.
La jueza ordenó el bloqueo de la web Diplocat, incrustada en la página de la Casa de les Punxes, un edificio en el que estaban alojados los supuestos observadores internacionales que tenían intención de convocar a la prensa y dar los resultados después del cierre de los colegios
Y los guardias solicitaron, también en esta ocasión, "el bloqueo de los servicios alojados en ese servidor que, a todas luces, y habida cuenta del desarrollo que han ido teniendo los acontecimientos, se ofrece necesario y proporcionado", reconoce la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas, que accedió en el auto al requerimiento de la Guardia Civil, que logró frenar el recuento que hacía la Generalitat.
Pero el bloqueo del sistema informático no fue el único éxito de la Guardia Civil contra los independentistas. La Guardia Civil, como Policía Judicial en el procedimiento que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, descubrió durante sus investigaciones que el Govern de la Generalitat tenía establecido un plan por el que a través de una aplicación, denominada “evot”, pretendía contabilizar los votos de los colegios electorales.
Esta aplicación también iba a ser empleada para ejercitar el voto telemático, al mismo tiempo que se tenía intención de utilizar la red “Macro Land” de la Generalitat de Catalunya".
Este plan de voto, según reconoce en un auto la magistrada Mercedes Armas, le fue incautado al jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (CESICAT), que era el responsable del desarrollo informático de la mencionada aplicación, con ocasión de la entrada y registro en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información ordenada el 20 de septiembre por el juez de Barcelona Ramírez Sunyer.
Entrevista con Puigdemont
Fuentes de la investigación aseguran que el hecho de que Puigdemont sólo se entrevistara con uno de los 14 detenidos el 20 de septiembre, y que este fuera uno de los responsables de la gestión del voto, es una muestra de la importancia del golpe que asestaron los agentes de la Guardia Civil a los independentistas catalanes.
El juez Ramírez Sunyer y la Guardia Civil pudieron acceder a la información del Centro de Procesamiento de Datos catalán, y según explica la jueza Armas en otro auto, permitió clausurar 29 aplicaciones que iban a ser utilizadas para la votación: "Se realizó un estudio por parte de miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ello, junto a las entrevistas con cada uno de los responsables del proyecto de las aplicaciones, llevó a la relación que se hace en el atestado de un total de 29 aplicaciones que pudieran ser susceptibles de utilizarse en un proceso electoral como el que nos ocupa".
Además, la Guardia Civil también reaccionó el 27 de septiembre, cuando Puigdemont publicó un tweet a las 20:30 horas en el que anunciaba la puesta en funcionamiento y enlace para la descarga de una aplicación para dispositivos móviles con información sobre el referéndum de Cataluña.
Bloqueo de aplicaciones
De inmediato, los agentes reclamaron a la magistrada Mercedes Armas, a lo que accedió mediante un auto de 29 de septiembre, que pidiera a Google que bloqueara las aplicaciones previstas para informar a los independentistas de la localización de colegios electorales, puntos de votación, localización a través de Google Maps de la ubicación de un centro electoral o la posibilidad de compartir un enlace con la ubicación de un colegio electoral.
Por todo ello, la actuación de la UCO y del resto de agentes de la Guardia Civil en Cataluña, que actúan como Policía Judicial, consiguió que el referéndum no se desarrollara tal y como habían previsto los independentistas, que se vieron obligados a presentar unos resultados que ninguna organización internacional o país se ha tomado en serio.
De hecho, el Parlament catalán, presidido por Carme Forcadell, que abandonó la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para ser candidata de Junts pel Sí en las elecciones autonómicas, no recibió los datos del referéndum hasta el 10 de octubre. Estos resultados tenían el aval del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; del conseller de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull; y el de Exteriores y Relaciones Institucionales, Raül Romeva, pero no de la Sindicatura Electoral Catalana, cuyos componentes habían dimitido para evitar la multa de 12.000 euros diarios que les había impuesto el Tribunal Constitucional.
Datos manipulados
Sin embargo, una de las grabaciones de la Guardia Civil a los arrestados el 20 de septiembre por orden del juez Ramírez Sunyer muestran la relatividad del resultado electoral para los independentistas, y apuntan a que los datos hechos públicos por la Generalitat podrían haber sido manipulados.
En concreto, una grabación realizada el día 27 de septiembre a las 16:11 horas de una conversación entre Francesc Sutrias, director del Patrimonio -cargo dependiente de la estructura política del departamento de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda-, y el que fuera consejero de Cultura, a propuesta de ERC, en el Gobierno de José Montilla, Joan Manuel Tresserras Gaju, muestra cómo este último afirma que "si se puede decir que han participado tres millones de personas sería imparable".
Tresserras Gaju precisa que "si van dos millones se tiene que sofisticar más y decir que habrían sido tres, pero lo han impedido, [y que] nos han boicoteado", indican las transcripciones de las grabaciones, a las que ha tenido acceso Vozpópuli.
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