La Policía Local de Palma: doce agentes entre rejas tras una orgía de corrupción

Nadie podía imaginar en 2013, cuando se desató la 'operación Sancus' -dios romano de la lealtad, la honestidad y el juramento- la cantidad de porquería que corría por las cloacas de la Policía Local de Palma de Mallorca. O quizás sí, porque era un secreto pestilente. A raíz de aquella operación se destapó una verdadera trama corrupta dentro del cuerpo, que operaba al más puro estilo 'Chicago años veinte'. Agresiones a los detenidos, oposiciones amañadas, coacciones a empresarios de la noche y hasta relaciones con la banda motera criminal de los Ángeles del Infierno. Por supuesto, la cocaína y la prostitución eran moneda de cambio habitual para algunos de los agentes implicados.

Actualmente hay doce policías locales entre rejas como presuntos miembros de la trama de corrupción

Todo comenzó con el amaño de oposiciones, pero en 2015 la investigación dio un giro y puso el foco en la Patrulla Verde, encargada de controlar los locales nocturnos. Desde entonces, se han ido descubriendo nuevas ramificaciones de la trama y esta misma semana se producía la destitución del tercer jefe del cuerpo en seis meses. Los policías que formaban parte del grupo corrupto llegaban a exigir el pago semanal de hasta 500 euros para dejar tranquilos a los empresarios de la noche mallorquina. Además, también demandaban sexo gratuito con prostitutas y barra libre de alcohol en diversos clubes de alterne a cambio de prevenirles de futuras inspecciones y redadas. Pero las prácticas corruptas no se limitaban a policías rasos que hacían y deshacían a su antojo, sino que también están imputados dos mandos, tres funcionarios y dos ex concejales de Seguridad del Consistorio.

Por eso, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, mantiene el secreto de sumario y continúa con las investigaciones para averiguar si hay más cargos públicos implicados. La última ronda de detenciones e interrogatorios se producía este viernes, con varios policías acusados de un delito contra la salud pública. Los investigadores sostienen que cuando se efectuaban registros en locales donde se consumía droga, los funcionarios corruptos se apropiaban de las sustancias que los clientes arrojaban al suelo ante su presencia -sin levantar ningún tipo de acta- y las destinaban a consumo propio y a su posterior venta. Actualmente hay doce policías locales entre rejas y una treintena continúan como investigados. 

Testigos aterrorizados

Desde el comienzo de la 'operación Sancus' se ha producido todo un reguero de arrestos e interrogatorios, con fuertes presiones a testigos y agentes honrados, para evitar que tiren de la manta. El clima dentro del propio cuartel de San Fernando -sede del cuerpo- ha llegado a ser tan intimidatorio, que los propios compañeros implicados proferían amenazas y advertían al resto de funcionarios de las consecuencias que podría tener hablar ante el juez sobre las prácticas de la trama. Durante los ejercicios de tiro que realizan los agentes se llegaban incluso a escuchar los nombres de policías dispuestos a colaborar con la investigación, seguidos de la palabra "muerto".

Un policía "fue perseguido y amenazado por una 'banda de rumanos' hasta el punto de que le hicieron temer por su vida"

El juez asegura que algunos datos de la investigación son "escalofriantes" y que "muchos testigos no es que tengan miedo", sino que "están aterrorizados". Un policía "fue perseguido y amenazado por una 'banda de rumanos' hasta el punto de que le hicieron temer por su vida", señala en un auto de diciembre al que ha tenido acceso Europa Press. El magistrado resalta "el uso frecuente de la coacción, la amenaza y la intimidación por parte de numerosos agentes de la Policía Local, algunos ya imputados o condenados por la comisión de graves delitos cometidos incluso en el seno de peligrosas organizaciones criminales". La presión es tal que la Dirección General de la Guardia Civil ha permitido portar armas al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán, aunque inicialmente la Delegación del Gobierno lo había rechazado. 

Pero las presuntas coacciones no se restringen al cuartel, sino que llegan hasta la propia cárcel, desde donde varios de los agentes implicados han denunciado estar recibiendo presiones para no colaborar con el juez. En uno de los últimos autos el magistrado asegura que un agente en prisión preventiva le relató cómo uno de sus compañeros también encarcelado dijo: "Tengo 180.000 euros y los voy a usar para hundir al juez y al fiscal". Dos de los policías que permanecen entre rejas han tenido que ser trasladados a otros centros penitenciarios de la península (Castellón y Madrid) y no se descarta desplazar a alguno más por los episodios de amenazas que sufren dentro de la prisión. Precisamente, este mismo viernes, dos agentes de las Unidades de Intervención Inmediata (UII) fueron detenidos, acusados de extorsión.

El último jefe, fulminado 

Por su parte, el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSOE, MÉS y Podemos, se afana desde hace meses en reestructurar el cuerpo de arriba a abajo para sanearlo. Pero los actuales cargos políticos al frente de la seguridad de Palma de Mallorca no se libran de las presiones. La regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, recibió en su propio despacho una carta de carácter amenazador y en la moto del director general de Seguridad Ciudadana apareció pintada una diana y la frase "te esperamos" frente a su domicilio. Sin embargo, Pastor mandaba el jueves de la semana pasada un mensaje de "tranquilidad" y defendía que la Policía Local sigue "trabajando y avanzando" en sus tareas a pesar de los intentos de presión. "Las amenazas no nos pararan en nuestro deber", decía, al tiempo que defendía al Cuerpo. "Queremos que los presuntos implicados paguen y trabajar para dignificar al resto", sentenciaba.

Antoni Morey, comisario jefe de la Policía Local -también imputado-, era fulminado por el alcalde después de poner en duda la actuación del juez y de la Fiscalía

A los pocos días de estas palabras, Antoni Morey, comisario jefe de la Policía Local -también imputado en el sumario por encubrimiento-, era fulminado por el alcalde después de publicar un par de cartas en su cuenta personal de Facebook en las que ponía en duda la actuación del juez y de la Fiscalía. Denunciaba un "ataque organizado" contra la Policía Local y defendía a sus compañeros encarcelados. "Alguno de los que están prisioneros no han cometido nunca ningún delito", indicaba. También escribía que se la traía "realmente floja" las consideraciones que pudiera hacer el juzgado que instruye el asunto sobre sus palabras. Además, en la segunda misiva publicada en la red social dirigía unas palabras a los agentes arrestados: "Perdonad mi ineficacia en defender vuestros derechos, disculpad que no os haya podido dar ánimos en vuestra circunstancia infinitamente peor que la mía, perdonad que solo piense en un día en que nos reencontraremos, culpables o no pero libres". Trataba de justificar también la corrupción del cuerpo, alegando que todo es una cuestión de números: "En toda organización, en todo gremio, existen personas que anteponen sus intereses a los del colectivo. Si son cuatro, nueve o veinte en el peor de los casos, no superan el 2% y me parece una cifra asumible".

El Ayuntamiento de la capital balear ha nombrado provisionalmente como comisario jefe al mayor José Antonio Bravo y ha cesado al comisario y ex jefe de la Policía, Joan Mut, también imputado en la causa. Este último habría impuesto un cambio forzoso de destino -como medida represiva- a uno de los agentes que colaboraban con la Justicia. Sin embargo, parece que la decisión no era personal, sino que venía impuesta desde más arriba. Ahora sólo queda esperar a que el juez decida levantar el secreto del sumario para que salga a la luz pública todo lo que de verdad se esconde tras esta trama digna de película.