España

La Policía Nacional registra la desaladora de Escombreras en Murcia para esclarecer su gestión

Las gestiones que se han realizado desde su inicio han sido el motivo para la creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación, en la que ya han declarado los expresidentes Valcárcel y Garre.

El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel
El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel EFE

La Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra desde primera hora de esta mañana registrando las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, que actualmente se encuentra en funcionamiento, a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, cuyas actuaciones ha declarado secretas.

Las gestiones que se han realizado desde su inicio en 2006-2007 ha sido motivo para la reciente creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación, al objeto de que se analicen todas las operaciones que se han realizado con relación a esta planta y la razón de por qué se construyó y los perjuicios que ha acarreado esa decisión. Así como que los supuestos delitos a los que responde la investigación son malversación de fondos públicos, fraude o administración desleal, entre otros.

En virtud de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras han declarado ya los expresidentes regionales Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre, así como el exconsejero y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, la exministra Cristina Narbona, o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes.

Según informa el periódico La Verdad, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, admitió a trámite hace unos días la denuncia, que acumula ya 15.000 folios de documentación. En la denuncia del Ministerio Público "aparece retratado Antonio Cerdá, el poderoso exconsejero de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, como la cabeza visible de una supuesta trama ligada a la construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras".

Cerdá sería el presunto máximo responsable de un conglomerado de intereses que habría derivado en un descomunal fraude -se estima que podría rondar los 600 millones de euros- contra las arcas públicas. La acusación también se dirige contra una quincena de funcionarios públicos y de integrantes de los consejos de administración de varias de las sociedades, públicas y privadas 



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