La Policía acusa a la Guardia Civil de 'apropiarse' de 1,8 millones de datos de sus bases

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a estar a la gresca y, esta vez, por escrito. Cuatro de los cinco sindicatos representativos de la primera han remitido en los últimos días al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, una dura carta en la que acusan al Instituto armado de invadir supuestamente funciones que consideran exclusivas suyas, además de detallar en la misma misiva actuaciones recientes que consideran irregulares. Entre estas últimas destacan lo que califican de "volcado" masivo de datos de dos bases "cuyo control y administración están en la actualidad, y por el momento, atribuidas a la Policía Nacional". Se refieren a las del DNI y Adextra, un registro este último en el que se recoge información administrativa sobre residentes extranjeros en nuestro país. Los sindicatos aseguran que desde que se le dió acceso hace algo más de un año a estas fuentes de información, el Instituto armado ha procedido a hacer más de 1,8 millones de consultas. Un alto número que las fuentes policiales consultadas consideran "excesiva y muy por encima de la que hacemos nosotros". Fuentes de la Guardia Civil rechazan de plano la acusación de mal uso de dichas bases de datos por su parte.

Cuatro sindicatos de Policía han remitido una carta a Interior en la que acusan a un coronel de la Guardia Civil de convertir el Ministerio "en su verdadera 'Casa Cuartel"

La queja por escrito llegó el pasado 7 de enero a la sede del Ministerio del Interior e iba firmada por los máximos dirigentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Alternativa Sindical de Policía (ASP). En la misma, las cuatro organizaciones cargan duramente contra la decisión del pasado 17 de diciembre de modificar la "organización y funcionamiento" de los Centros de Cooperación Policial y Aduaneros (CCPA) existentes con Francia y Portugal para 'supeditar' la actuación de los policías destinados en ellos a las decisiones de un mando del Instituto armado. Una decisión que consideran "una nueva constatación expresa de la inequívoca intención de la cúpula del actual Ministerio del Interior de eliminar competencialmente a la Policía Nacional en favor del Cuerpo de la Guardia Civil". Un hecho del que acusan directamente a un coronel destinado en la Secretaria de Estado de Seguridad, del que aseguran que ha conseguido convertir este órgano del Ministerio "en su verdadera 'Casa Cuartel".

Esta denuncia da pie a los representantes de los agentes a enumerar en el mismo escrito una larga lista de recientes 'agravios' relacionados con esa supuesta usurpación de competencias. Entre ellas destaca, precisamente, el "volcado" de las bases de datos del DNI y de Adextra. "La información que contienen es de tipo administrativo y no está dirigido a la investigación", señalan fuentes policiales consultadas por este diario, que aseguran que desde que se dio acceso a la Guardia Civil para su consulta, el Instituto armado hace una media de 50.000 visitas al día. "Se dan casos tan sospechosos como el de un puesto situado en un pueblo de poco más de 300 habitantes que ha llegado a realizar hasta 2.000 consultas de fichas del documento de identidad", denuncian las mismas fuentes. "Y con Adextra pasa lo mismo", añaden. Sin embargo, las diversas fuentes de la Guardia Civil consultadas por este diario niegan que estén realizando ningún volcado masivo de datos y aseguran que las consultas que se hacen desde sus equipos informáticos "son las estrictamente necesarias en el día a día".

Trenes y barcos

Los sindicatos aún no han recibido una respuesta oficial desde el Ministerio del Interior a esta denuncia concreta, aunque el 'número 2' del departamento, Francisco Martínez, destinatario de la misiva, se reunió este lunes con representantes de uno de los sindicatos firmantes del escrito, la UFP. Según fuentes conocedoras de lo tratado en este encuentro, el secretario de Estado negó en todo momento la existencia de un supuesto  "favoritismo" hacia la Guardia Civil, aunque se comprometió a atender otras quejas contenidas en el escrito. Se trata en concreto de las que denunciaban la presencia de miembros de la Guardia Civil uniformados en barcos y trenes realizando labores de identificación de pasajeros y registro de equipajes. La Policía considera que esa función es exclusiva de su Brigada Móvil y denuncian casos concretos. En primer lugar, la presencia de tres agentes del Instituto armado los pasados 22 y 26 de diciembre en el ferry que hace el trayecto Algeciras-Ceuta. En segundo, "realizando despliegues tácticos" en estaciones de ferrocarril como la de Logroño o "viajando de uniforme en trenes Altaria". Según las fuentes consultadas, el 'número 2' de Interior, quien recalcó su situación de interinidad desde las elecciones del 20D, ha prometido poner fin a dichas actuaciones de la Guardia Civil en ambos medios de transporte.

La Policía denuncia que la presencia de sus agentes en Casa Real, Presidencia del Gobierno o la propia Secretaría de Estado de Seguridad ha terminado siendo "anecdótica"

Una promesa que las fuentes sindicales consultadas califican de "parche" ya que la carta que le remitieron incluía otras denuncias además de ésta, la del volcado de datos y la de la nueva organización de las comisarías conjuntas con Francia y Portugal. De hecho, los policías también destacaban en la misiva la actuación de "varios guardias civiles, entre ellos un teniente" que se identificaron "en diversos hostales del centro de Madrid como componentes de una Unidad de Inmigración" del Instituto armado y que fotocopiaban libros de registro y documentaciones de viajeros cuando, destacan los sindicatos, las funciones en materia de extranjería son competencia exclusiva de la Policía Nacional. También critican el "decrecimiento exponencial" que ha sufrido la presencia de sus agentes "en Casa Real, Presidencia del Gobierno, Europol, Relaciones Policiales con cuerpos extranjero o la propia Secretaría de Estado" hasta terminar siendo "anecdótica". De todo ello acusan directamente al coronel de la Guardia Civil destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad.

La misiva recuerda que todos estos hechos suponen una violación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fija las competencias y ámbitos de actuación de Policía y Guardia Civil. "En un Estado de Derecho, las normas están para ser cumplidas. Y los máximos representantes del poder Ejecutivo no pueden sustraerse a ellas", recalcan. La carta termina recordando a Francisco Martínez que los agentes de la Policía Nacional son "responsables en primera persona de que la Legislatura que recientemente ha finalizado, se haya caracterizado por una profunda paz social y por una cotas de seguridad ciudadanas desconocidas, máxime en un periodo de profunda crisis económica. Solamente por esto, usted debería estar agradecido a todos y cada uno de los policías", concluye el escrito.

Una larga lista de roces

En los últimos dos años se han sucedido los roces entre Policía y Guardia Civil. El último conocido se produjo el pasado mes de febrero, cuando la desarticulación en Málaga de una banda que usaba 'narco-helicópteros' para traer droga desde Marruecos y la captura de su 'capo' francés enfrentan a los dos cuerpos y desemboca en una trifulca entre un comisario y un general en una reunión en Interior. Sólo un mes antes, y tras desvelar Vozpópuli la existencia de una nota interna firmada por los responsables del Instituto armado en la frontera de Huesca con Francia en la que se daban instrucciones a las patrullas de la Benemérita para que 'espiasen' lo que hacían en su demarcación los agentes del otro cuerpo desplegados en labores de extranjería, los sindicatos de Policía enviaron a Mariano Rajoy una queja por escrito.

El origen del actual enfrentamiento, que va más allá de la rivalidad, se remonta a febrero de 2013, cuando agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid. El suceso se produjo cuando los guardias civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía acceder al mismo alegando que la competencia del caso correspondía al Instituto armado. La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue la Benemérita quien se encargó de analizar el objeto que resultó inofensivo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden.

En diciembre de ese mismo año volvieron a sonar los tambores de guerra. La firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia provocó un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se consideraba que con este convenio se invadía un ámbito de su competencia. En este caso, las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países. El malestar fue aún mayor porque no se tuvo noticia del mismo hasta que el Ministerio colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferentes ámbitos de la Policía se calificó entonces este episodio como el ejemplo más claro de la supuesta política de Jorge Fernández Díaz por favorecer al Instituto armado.

Más recientemente, en mayo de 2014, un aparentemente inofensivo acto protocolario celebrado en Madrid con motivo del Día de la Seguridad Privada desembocó en una nueva gresca. La decisión de Interior de dar en el mismo un importante protagonismo a los representantes del Instituto armado provocó la airada reacción de los representantes sindicales de los policías, que interpretaron la decisión del Ministerio como una prueba más de que el Gobierno del PP restringía "lenta e inexorablemente" su ámbito competencial. Los cuatro sindicatos de la Policía enviaron entonces al propio Fernández Díaz una carta criticando duramente el desarrollo del evento. 

La operación que permitió detener en mayo del año pasado a seis presuntos yihadistas que reclutaban desde Melilla voluntarios para ir a la guerra de Siria también provocó roces. El equipo de Jorge Fernández Díaz forzó a ambos cuerpos a unificar las operaciones independientes que llevaban cada uno sobre la misma 'célula'. Al final, Interior presentó los arrestos como un nuevo éxito de la cooperación, pero fuentes conocedoras del desarrollo de la 'Operación Javer' destacaron entonces a este diario que las tensiones se terminaron traduciendo en que cada cuerpo presentó sus propias diligencias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que fue el que dirigió la investigación.