La Policía Nacional grabó durante días a los agentes de la comisión judicial que investigó las actividades del excomisario José Manuel Villarejo. Las imágenes fueron tomadas con una cámara móvil exterior situada en un coche apostado frente al piso que tenía habilitado esta comisión judicial para investigar el caso del pequeño Nicolás y su relación con el polémico mando, ahora en prisión. En la documentación de la causa a la que ha tenido acceso ‘Vozpópuli’ no consta que esas vigilancias contasen con autorización judicial previa.

Este seguimiento tuvo lugar durante los meses de septiembre y octubre de 2017. El ministro Juan Ignacio Zoido llevaba casi un año en Interior y hacía diez meses que había elegido al comisario Florentino Villabona como director adjunto operativo (DAO). Llegó con la vitola de limpiar la Policía de la herencia recibida de su antecesor Eugenio Pino, uno de los valedores de Villarejo. Durante ese mandato, el inspector Pedro Agudo fue nombrado al frente de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Madrid. Este fue el departamento que se encargó de investigar a los policías de la comisión judicial que durante años habían analizado los movimientos de Villarejo y su entorno.

‘Vozpópuli’ ha tenido acceso a un oficio policial con sello de la Dirección General remitido el 11 de octubre al Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid que reconoce la existencia de esas vigilancias: “Del visionado de la grabación efectuada en el exterior entre las 14.00 horas del día 28 de septiembre de 2017 y las 14.00 horas del 2 de octubre se han extraído aquellos fragmentos considerados de interés, y en los cuales se ve cómo acceden o salen de ese portal diferentes agentes del Cuerpo Nacional de Policía integrantes de dicha comisión judicial”.

El oficio que reconoce los seguimientos

Tras el verano de 2017, la juez del 'caso Nicolay' le dio un ultimatum a la comisión judicial para que le remitiese sus informes finales del caso después de tres años de pesquisas. Fijó la fecha del 2 de octubre y ese mismo día fue condecorada por la Policía. En la Dirección General no se fiaban de estos investigadores, en su día dirigidos por el comisario Marcelino Martín Blas, enemigo de Villarejo. En septiembre de 2017 Martín Blas ya se había jubilado, pero seguía su hombre de confianza el inspector Rubén Eladio López. Sospechaban que se estuviesen llevando información sensible de una causa en la que, entre otras cosas, se investigó la presunta llamada ilegal que realizó el entorno de Villarejo para espiar una reunión entre Asuntos Internos y el CNI.

Quien firma el oficio policial es el secretario general de la Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa que dirigía Villabona. La juez había pedido a la Unidad Adscrita garantizar la seguridad de los documentos. La encabezada Pedro Agudo y dependía de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, no de la Dirección General. Este mando había sido jefe de gabinete del exdirector general de la Policía y actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

Consultado por ‘Vozpópuli’, Agudo se desvincula de la colocación de esa cámara. Alega que su unidad no la puso y de hecho se muestra sorprendido porque, dice, tendrían que haberle avisado. Fue aquel oficio de la Policía en el que se informaba a la jueza Pilar Martínez Gamo de “la supervisión del acceso al portal en el que se encontraban las oficinas” de la comisión judicial lo que provocó que sólo dos días después la magistrada abriese un pieza separada secreta y citase como investigados a los siete miembros de la citada comisión judicial acusados de infidelidad en la custodia de documentos.

Grabaciones en la vía pública 

Agudo opina, en cualquier caso, que al estar en la vía pública, la cámara no precisaba autorización judicial previa. Fuentes policiales consultadas al respecto no se ponen de acuerdo. Por un lado opinan que se trata de un procedimiento permitido. Por otro lado estiman que, si duró varios días y afectaba a la intimidad de los agentes, vecinos del edificio y transeúntes, debería haber contado con una solicitud previa detallando los objetivos y un auto bien razonado por un juez.

'Vozpópuli' ha tenido acceso a la transcripción de las declaraciones en sede judicial prestadas por los policías y en ellas no aparece ninguna pregunta relativa a las grabaciones extraídas con la cámara exterior. En cambio sí se les pregunta por las imágenes captadas por otras dos cámaras de videovigilancia instaladas en el interior del piso. En este caso las había colocado por seguridad la propia comisión judicial en 2015 con el visto bueno del anterior juez del caso Arturo Zamarriego.

Este periódico se ha puesto en contacto con la juez Martínez Gamo para preguntarle si supo o autorizó previamente que se grabase durante días desde la calle a los funcionarios con una tercera cámara. A través de un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la juez contesta que no hace "ningún comentario al margen de las resoluciones”, pero sí confirma el relato cronológico: ella recibió un oficio de la Policía el día 11 de octubre, abrió una investigación dos días después, citó a declarar a los agentes el 25 de octubre y terminó archivando la pieza separada el 6 de noviembre.    

Las explicaciones que ofreció la comisión judicial ante la magistrada es que al tener que regresar a sus respectivos puestos de trabajo una vez finalizada su investigación, acudieron varias veces al piso a recoger sus objetos personales o archivadores con documentación relativa a temarios de estudio y oposiciones de ascenso en el Cuerpo. No se acreditó que se llevasen documentos de la causa. El mes pasado la juez procesó a Villarejo por un presunto delito de revelación de secretos por grabar y difundir una reunión mantenida en 2014 entre Asuntos Internos de la Policía y el CNI. Trataban sobre el operativo para detener al 'pequeño Nicolás'. Se trata de primer procesamiento contra Villarejo.