Exigen al Gobierno la retirada del 'decretazo' sobre la violencia de género

El Gobierno ha decidido publicar, en pleno mes de agosto y vía Real Decreto, el paquete de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El Real Decreto-Ley, que modifica el Código Civil, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Bases del Régimen Local, ha sorprendido a los juristas tanto por el método empleado para su elaboración como por el contenido del mismo.

En primer lugar, el formato escogido. El Real Decreto-Ley (RDL), que recoge el Artículo 86 de la Constitución Española, es un mecanismo reservado para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Además, fue aprobado por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 3 de agosto, justo antes del parón veraniego.

Alberto García Ramos, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo, destaca en conversación con Vozpópuli la escasa idoneidad de la fórmula escogida por el Ejecutivo -el Real Decreto-Ley-. Es tajante al considerar que "es ilegal e inconstitucional". Insiste en el carácter de extrema urgencia que exige la aprobación de un RDL; una característica que no se aprecia en este caso.

Por primera vez en democracia, el Gobierno ha decidido modificar el Código Civil mediante el procedimiento de Real Decreto-Ley

En cuanto al contenido, los juristas alertan de que el RDL modifica sustancialmente materias lo suficientemente sensibles como para tener que pasar por el debate parlamentario antes de su aprobación; requisito que, a priori, esquiva el Real Decreto -aunque posteriormente sí tiene que ser convalidado por las Cortes. 

Se trata de aspectos como el de la protección a los menores en el Código Civil. El Real Decreto-Ley modifica el artículo 156 del Código Civil para que la atención psicológica a los menores quede fuera de los actos que requieren una decisión común de los progenitores en virtud de la patria potestad. Lo extraordinario para los juristas es que, por primera vez en democracia, el Gobierno ha decidido modificar el Código Civil mediante el procedimiento de Real Decreto-Ley.

García Ramos recuerda que "la forma escogida vulnera el artículo 86 no sólo por la inexistencia de la extrema urgencia, también porque la Constitución establece que las materias recogidas en un RDL no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I"; algo que es flagrante en el caso de la alteración de la Patria Potestad de los progenitores.

Cambios en la acreditación de la condición de víctima

El RDL también modifica la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/24, de 28 de diciembre) de manera que amplía los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género.

Según el Gobierno, la modificación se lleva a cabo para cumplir con el artículo 18.3 del Convenio de de Consejo de Europa que exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor. De esta forma, el RDL modifica la Ley integral para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género.

En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género.

Para García Ramos, se trata de una vulneración de la seguridad jurídica. "El nuevo texto vulnera algo tan fundamental como la presunción de inocencia. Ni siquiera se pide una sentencia firme, sino que basta con iniciar un procedimiento penal contra el progenitor para calificar a la otra parte de víctima", denuncia. Añade que, con estas modificaciones, "cualquier trabajador de unos servicios sociales, que puede estar elegido a dedo y ni siquiera ser funcionario público, puede emitir un informe" que considere víctima a una de las partes y, por tanto, agresor a la parte contraria.

El Real Decreto-Ley, tal y como recoge la reseña del Consejo de Ministros, también modifica la Ley de Bases del Régimen Local para devolver a los Ayuntamientos las competencias en esta materia.

De este modo, se recoge que la acreditación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial. "Es peligroso saltarse los procedimientos judiciales", señala García Ramos, que recuerda que "el sistema judicial garantiza una serie de recursos y garantías judiciales que no recogen, por ejemplo, los servicios sociales de un ayuntamiento".

Piden al defensor del pueblo que recurra el Decreto

La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ha solicitado al defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el RDL.

El presidente de la Asociación, Manuel Romeral, denuncia en una nota de prensa recogida por EFE que el decreto es una "vulneración de los principios constitucionales", al permitir a las madres, en caso de ser víctimas de violencia de género, que den el consentimiento para que sus hijos menores de edad reciban atención psicológica sin el permiso del padre.

Romeral aduce que "jamás, en la historia de la democracia, se ha modificado el Código Civil por real decreto ley" y añade que "en materia de derecho privado, patria potestad y capacidad de obrar" esta reforma abre una "peligrosísima brecha de incalculables consecuencias".

Por su parte, el Partido Popular considera que el decreto "adolece de graves defectos jurídicos que son constitutivos de inconstitucionalidad", por lo que ha exigido explicaciones a la vicepresidenta, Carmen Calvo.

La portavoz adjunta del Grupo Popular, María Jesús Bonilla, ha apuntado que la violencia de género es "una materia que hay que abordar con mucho cuidado" y ha advertido al Ejecutivo: "Nos preocuparía que este Gobierno una vez más solo buscara la foto, sin un análisis serio de en qué forma se mejora la legislación vigente y se ayuda a las víctimas".

Por ello, los 'populares' han solicitado la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en sede parlamentaria, "para que explique el porqué del Real Decreto Ley, la urgencia en su formulación y el ocultismo".