Publicado: 16/01/2020 21:02
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado paralizar el nombramiento de cargos judiciales "en la confianza de una pronta renovación de la institución una vez constituidas las Cámaras". Entre los cargos congelados destacan las tres plazas pendientes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que deberán juzgar al procesado rebelde Carles Puigdemont en caso de entrega o captura.
La medida representa un mensaje claro a los partidos políticos y un mecanismo de presión para activar la renovación que el propio presidente del órgano de gobierno de los jueces ha reclamado en tres ocasiones a PP y a PSOE.
"La existencia de tres vacantes en la Sala Segunda del Alto Tribunal, por ejemplo, supone que el 20% de su planta –formada por el presidente y catorce magistrados- esté sin cubrir, por lo que de prolongarse
en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido", ha remarcado el Poder Judicial en un comunicado emitido este jueves por la noche.
En funciones
El CGPJ lleva un año y varias semanas en funciones. Su presidente, Carlos Lesmes, considera que este retraso "constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones" que, de prolongarse, "puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces", según consta en varios comunicados del órgano.
El pasado 24 de diciembre, el magistrado envió sendas cartas dirigidas a las presidentas de las Cámaras -Mertixell Batet y Pilar Llop-, para recordar "la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto" en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece su obligación de adoptar las medidas necesarias para la renovación del Consejo.
208 diputados
Tras las elecciones generales del 10 de noviembre, PP y PSOE aumentaron en 18 sus escaños, por lo que bastaría con el apoyo adicional de tres diputados. Las formaciones lideradas por Pablo Casado y Pedro Sánchez suman 208 diputados frente a los 210 que se necesitan para elegir a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y a los vocales del gobierno de los jueces.
Esta semana, en el marco de una serie de reproches intercambiados entre el Poder Judicial y Moncloa por los comentarios del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, el Gobierno ha abogado por la renovación de los miembros del Consejo. Los jueces han insistido en que no son un "obstáculo" para el cambio y han recordado que han sido ellos los que han reclamado en tres ocasiones a los partidos que lleguen a un acuerdo para dar luz verde a la renovación.
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