'No' a los transgénicos y homeopatía pública: el programa de ciencia de Podemos crea revuelo

El programa de Podemos no sólo genera intenso debate en materia económica (engordaría el déficit público en más de 133.000 millones), sino también en el campo de la ciencia. Entre las propuestas que formuló durante la campaña de las pasadas europeas sobresale la "declaración del territorio de la UE como zona libre de transgénicos, lo que implica la inmediata regulación de la introducción de semillas transgénicas". Asimismo, bajo el epígrafe Alimentación saludable, derecho inalienable de la población, el partido de Pablo Iglesias planteó una "regulación de los productos transgénicos por entidades independientes de intereses comerciales, garantizando la salud pública y obligatoriedad de información a los consumidores". 

Sin embargo, esta postura ha sido matizada a título personal por el eurodiputado de Podemos (número tres de la lista) e investigador hispano-argentino del CSIC, Pablo Echenique-Robba. Este doctor en Física afirmó en una entrevista con el portal Materia que "obviamente como científico no estoy en contra de los transgénicos per se. Es como la energía atómica, no es ni buena ni mala, sino que depende de para qué la uses".

Realizada esta apreciación, Echenique-Robba justificó el discurso de Podemos con que "a día de hoy los transgénicos están bajo el control de unas cuantas multinacionales que tienen un poder muy elevado. Imponen sus condiciones sobre pequeños campesinos. Gente que no tiene poder de negociación para decir qué cultiva, cómo, cuándo, a qué coste y de qué manera", apostilló. Asimismo, el europarlamentario reconoció que no había tenido "el tiempo suficiente de discutir el tema" con sus compañeros de partido y se mostró "seguro de que habrá gente desinformada que piense que los transgénicos son malos per se".

Estas declaraciones provocaron rápida respuesta de investigadores y políticos en las redes sociales. Por ejemplo, Juan Segovia, militante del Partido Comunista y miembro del grupo promotor del Área de Ciencia en Izquierda Unida, comentó en su página de Facebook que "no hay actualmente motivos para temer que los transgénicos sean más peligrosos para el consumo humano o para el medio ambiente que los cultivos tradicionales o los ecológicos. Esta opinión es la mayoritaria entre los científicos en general y sobre todo los biotecnólogos", recalcó. Segovia.

Según afirmó este responsable de IU, partido para el que colaboró Pablo Iglesias, "los que están en contra de los transgénicos, por lo general, o no suelen presentar estudios que avalen sus posiciones o suelen presentar siempre el mismo, el famoso estudio de Seralini, el cual ha sido fuertemente criticado por sus fallos metodológicos y estadísticos hasta el punto de que ser retirado por Nature", apunta.

"No todos los organismos genéticamente modificados pertenecen a las multinacionales, ni todas las semillas convencionales son libres", sostiene un responsable de Ciencia de IU

Además, Segovia quiso ir más allá y mantuvo que "no sólo los transgénicos no son más peligrosos para la salud que los alimentos tradicionales, sino que en algunos casos pueden contribuir a la mejora de ésta, como demuestra el proyecto del arroz dorado, una variedad genéticamente modificada para producir vitamina A y que es la esperanza de millones de personas en el sureste asiático para evitar la ceguera". De igual modo, subrayó en su espacio de Facebook que en el debate sobre las multinacionales se parte de "una premisa falsa: no todos los OGM (organismos genéticamente modificados pertenecen a las multinacionales, ni todas las semillas convencionales son libres".

El otro gran tema científico que ha provocado repetidas críticas hacia Podemos es el de la "homeopatía pública". Aunque tal propuesta no está incluida oficialmente el programa del partido de Iglesias, pues todavía está siendo sometida a debate a nivel interno, desde el círculo de Terapias Naturales, con el respaldo del círculo de Ciencia, se viene defendiendo la incorporación de la homeopatía (medicina alternativa) al sistema público de salud. Según dicha agrupación de simpatizantes, "somos muchos las que nos sentimos decepcionados cuando Izquierda Unida aprobó una resolución en contra de la homeopatía y otras terapias alternativas". De este modo, defienden "el derecho a libre elección de la terapia con la que cuidar de nuestra salud, para, democráticamente, hacer valer nuestra opinión".

Además, el citado círculo alude en su sitio web a un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que apuesta abiertamente por cubrir mediante el régimen de financiación pública las medicinas tradicionales y complementarias "como solución a los problemas sanitarios que vive el mundo a causa de la crisis". La OMS sostiene que ambas medicinas pueden "combinarse de forma armoniosa y beneficiosa" con la tradicional en la atención primaria e incluye a "la naturopatía, la acupuntura, la homeopatía, algunas terapias manuales como la quiropráctica, la osteopatía y otras técnicas afines, incluidos qigong, taichí, yoga, medicina termal y otras terapias físicas, mentales, espirituales y psicofísicas".

Afán recudatorio del Gobierno

Por contra, Izquierda Unida ya se ha opuesto a la regularización de miles de productos homeopáticos que tiene previsto acometer el Ministerio de Sanidad a la vuelta del verano. Para la coalición, en una postura que defendió el diputado Gaspar Llamazares, médico de profesión, las "diluciones empleadas en homeopatía convierten a esos productos en meros excipientes sin principios activos". "Ningún ensayo clínico ha podido demostrar que esos productos sean otra cosa que placebo, y los laboratorios que los fabrican, jamás han presentado estudios válidos que lo corroboren", enfatizó Llamazares.

Según el parlamentario de IU, el objetivo del Gobierno con esta medida (el registro de más de 15.000 productos homeopáticos) "parece únicamente recaudar más de 30 millones de euros". Sanidad no pedirá ensayos clínicos a los fabricantes, que sí deberán demostrar su uso tradicional. La financiación de los mismos, como ocurre en Francia o Reino Unido, está descartada por el Ejecutivo.