El revisionismo de Podemos: formará a los funcionarios en 'memoria histórica'

Podemos también quiere adelantar por la izquierda al PSOE en el ámbito de la "memoria histórica" y plantea ir un paso más allá en el borrador de su programa electoral para las generales del 20 de diciembre. En su caso, los socialistas se comprometen a "fomentar en el sistema educativo los contenidos que se deriven de todos los trabajos realizados a favor de la memoria histórica". De hecho, en Andalucía ya están avanzando por esta línea, pues el Gobierno de Susana Díaz ha atendido una iniciativa de IU y ha impuesto esta materia como asignatura obligatoria en la enseñanza. Sin embargo, mientras Ferraz se ha quedado ahí, Podemos quiere hacer extensiva esta formación a la Función Pública. Así lo recoge una de las propuestas avaladas por la dirección de Pablo Iglesias y sometida a votación de la bases, donde ha recibido los apoyos de un 80% de los afiliados que han participado en este proceso.

En concreto, ha sido la novena medida más respaldada dentro del bloque de 'Justicia, Derechos Humanos, Administración Pública y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado'. El texto aboga por la "restitución de una memoria plural, colectiva y democrática de nuestro país en los sistemas educativos, en lo relativo a la formación de funcionarios públicos, en (y desde) los medios de comunicación y en otros ámbitos culturales". Hasta ahora, sólo en determinadas oposiciones de la Función Pública estatal es necesario tener conocimiento de la polémica Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), aprobada por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y todavía vigente, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido rebajando sustancialmente el dinero público destinado a exhumaciones hasta no destinar ni un solo euro a tales trabajos en los últimos años.

Podemos promete "anular la sentencias de los tribunales creados durante la guerra civil y la dictadura"

Asimismo, la propuesta de Podemos también habla de llevar a cabo "políticas para el derecho a la memoria orientadas a generar garantías de no repetición: promover la remoción o resignificación de símbolos o monumentos conmemorativos de exaltación de la sublevación militar o del franquismo" y "concebir los espacios pedagógicos desde una perspectiva crítica". Aquí, el partido de Iglesias alude implícitamente al Valle de Los Caídos, para cuya "resignificación" (mismo término que utiliza Podemos) pidió el PSOE de Pedro Sánchez insertar una partida de 150.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. El PP no aceptó tal enmienda. 

De igual modo, la formación morada promete "establecer mecanismos institucionales para el esclarecimiento y divulgación de la verdad; garantizar el acceso a los archivos (públicos y privados) y a la investigación pública y judicial, y promover la creación de instituciones de memoria". Si bien el PSOE apuesta en su borrador del programa electoral por reactivar las oficinas y entes creados por el Gobierno de Zapatero en relación con la Ley 52/2007, Podemos cree necesario más estructuras de estas características en la Administración. Una de las entidades impulsadas por el anterior Ejecutivo socialista fue el Centro Documental de la Memoria Histórica, que absorbió al Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, constituido en 1999. El Gobierno de Rajoy inyectó dos millones de euros a esta sede en los Presupuestos de 2014.

Una Secretaría de Estado en Presidencia

La organización que lidera Pablo Iglesias, "nieto e hijo de represaliados de la dictadura", como suele repetir en su mítines, afirma también que en caso de llegar a La Moncloa crearía una Secretaría de Estado en el Ministerio de la Presidencia, así como una "agencia interministerial que funcione como órgano de coordinación", para desarrollar "políticas de acceso a la justicia para víctimas del franquismo". Entre las funciones encomendadas, estaría igualmente la de "anular la sentencias de los tribunales creados durante la guerra civil y la dictadura". Según los memorialistas, hay 190.000 penas de muertes reconocidas por el régimen franquista en 1950 que no han sido anuladas por la Ley 52/2007. No obstante, este texto -al igual que el resto de las medidas más votadas por los afiliados- todavía tiene que ser retocado por la dirección de Podemos antes de la inclusión definitiva en el programa oficial, que será presentado en la segunda quincena de noviembre.

Sólo en el tratamiento de las fosas, Podemos hace un planteamiento menos ambicioso que el PSOE. Los socialistas garantizan una actuación coordinada de Ayuntamientos y asociaciones en la "exhumación, identificación y actualización permanente de los mapas de fosas", que ya elaboraba la Ley de Memoria Histórica. Además, introducen la creación de "bancos de ADN con la urgencia y celeridad que obliga la avanzada edad de muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura". Sin embargo, la formación de Iglesias se limita a decir que haría "un mapa integral de fosas comunes" y un plan de exhumaciones.