La UE exige al Gobierno de Susana Díaz devolver 11 millones por presunto fraude

La OLAF (Oficina Antifraude Europea) ha encontrado irregularidades constitutivas de delito en la actuación de la Junta de Andalucía en relación con un plan de modernización de riegos  en la provincia de Sevilla cofinanciado en un 70% por fondos europeos. Y, por ello, aparte de denunciar los posibles ilícitos penales, exige al Gobierno de Susana Díaz que  retorne a la UE un total de 11 millones de euros.

Nuevamente, tras las multimillonarias corruptelas de los eres y cursos de formación ya bajo pesquisa judicial, salta un nuevo escándalo en la gestión financiera de la Junta de Andalucía que lastrará la carrera de la supuesta rival de Pedro Sánchez para liderar el partido. Y aflora en el peor momento de Susana Díaz: en vísperas de anticipar elecciones andaluzas y, acaso, de proclamar su candidatura a liderar el partido.

Las irregularidades detectadas por esta investigación de la OLAF, la misma unidad que en su día afloró el escándalo del fraude del lino bajo mandato del PP, es que la mesa de contratación andaluza hizo amaños para asegurarse que “el contrato era adjudicado a un operador económico concreto con el que ya existían lazos económicos o profesionales”.

Por añadidura, “cuando la primera adjudicación fue anulada, este operador económico seguía involucrado en el proyecto como subcontratista a través de una nueva UTE”.

“Las irregularidades constatadas”, prosigue la OLAF, "supusieron un grave incumplimiento de las normas de contratación pública y, en particular, de los principios de objetividad, transparencia e igualdad de trato de los licitadores”.

Y esto tuvo una severa repercusión para las arcas europeas y españolas: "Como consecuencia de ello, no se adjudicó el contrato a la oferta que presentaba la mejor relación relación calidad-precio”.

“El proyecto fue modificado de manera irregular prescindiendo de los procedimientos establecidos para ello en la normativa de contratación pública. La modificación supuso un incremento del proyecto de 1,6 millones”, señalan los inspectores.

El proyecto no puede ponerse en pie

“El proyecto no está terminado y presenta graves deficiencias que impiden que las partes ya ejecutadas puedan ponerse en funcionamiento en su estado actual”, remachan los sabuesos de la OLAF.

Pero hay elementos peores que la chapucería administrativa: la corrupción. Y lo definen sin ambages los inspectores.“Hay indicios para pensar que alguna de las obras certificadas podrían ser falsas. De hecho un  informe técnico elaborado para una empresa española de ingeniería ya ha verificado la existencia de diferencias entre la totalidad de obras certificadas y las efectivamente ejecutadas. Dicha diferencia ha sido cuantificada en 2,9 millones de euros”.

El lenguaje de la unidad investigadora de la UE es tajante: “Cabe señalar que la presentación o utilización de documentos falsos o inexactos se ajustaría a la definición de fraude recogida en el convenio de los intereses financieros de la UE de 1995”.

Por otro lado, “las autoridades de la Junta de Andalucía encargadas de gestionar y supervisar el proyecto, incumplieron la obligación de asegurarse de que el proyecto respetaba la normativa europea y se ejecutaba de acuerdo con los  principios de la buena gestión financiera. Así, la participación activa de funcionarios de la Junta de Andalucía en la gestión del proyecto no evitó que se cometieran las graves irregularidades en la adjudicación, modificación y ejecución del mismo”.

Existen indicios que podrían corroborar la denuncia formulada según la cual, las autoridades regionales habrían tratado de influir en el resultado del concurso favoreciendo a un determinado licitador. 

Pero las acusaciones de la OLAF a la Junta de Andalucía son más graves y perfilan un claro amaño delictivo: “Además, existen indicios que podrían corroborar la denuncia formulada  por el denunciante, según la cual, las autoridades regionales habrían tratado de influir en el resultado del concurso favoreciendo a un determinado licitador. Dicho trato de favor podría haber continuado durante la ejecución del proyecto, ya que la administración regional autorizó la modificación irregular del mismo”. 

Y, por si no fuera suficientemente grave tal mensaje, dejan sentado lo  siguiente: "Algunas de las actuaciones de las autoridades de la Junta podrían ser constitutivas de de ilícitos penales de acuerdo con el código penal español. Además, podrían extenderse a otros proyectos de la misma medida gestionados por la Junta de Andalucía".

La investigación de la OLAF se abrió en 2012 para inspeccionar un proyecto de riego en Sevilla cofinanciado por la UE. Lo hizo tras recibir una denuncia del presidente de la comunidad de regantes de las marismas del Guadalquivir. Y comprobó que la denuncia era veraz y salpicaba a la Junta. Los hechos irregulares advertidos en la contratación de este proyecto son los siguientes:

-No se excluyó a un licitador pese a no reunir los requisitos técnicos exigibles.

-El licitador no excluido era una UTE de cuatro empresas.

-El comité de evaluación modificó unilateralmente y a posteriori los criterios con arreglo a las cuales fueron evaluadas las ofertas.

-Los cinco mejores licitadores resultaron ser los más caros.

-El procedimiento se convirtió de abierto en negociado, a dedo. 

-Dado el importe, el procedimiento negociado estaba prohibido.

-La negociación se llevó a cabo con 5 licitadores excluyendo de forma injustificada a los nueve restantes.

-En medio de la negociación se solicitó una nueva oferta a los finalistas.

-Los puntos atribuidos a los finalistas no fueron relevantes.

-No se adjudicó el contrato al mejor puntuado, que era el más barato.

-El contrato se adjudicó al licitador que tenía lazos con el órgano de contratación a pesar de que debía haber sido excluido por su incapacidad técnica.

-Tras anularse esta adjudicación, se abrió una nueva mesa de negociación con sólo uno de los licitadores.

-La mesa de contratación no decidió conceder el contrato de obras hasta que este licitador se comprometió, ante notario, a crear una nueva UTE con las dos empresas locales.

-La oferta de este licitador era un millón de euros más cara que la del licitador mejor puntuado. 

-Se anuló la adjudicación. Y se abrió una nueva negociación con uno de los licitadores.

-La mesa de contratación no le adjudicó el contrato hasta que no se comprometió ante notario a subcontratar a dos empresas locales.

-La oferta del licitador vencedor era un millón de euros más cara que la del competidor mejor puntuado y, paradójicamente, eliminado.

La OLAF pone de relieve "la activa participación de funcionarios de la Junta de Andalucía, junto con el comité de evaluación, en la fase de análisis de ofertas". "Las irregularidades denunciadas habrían sido conocidas  y consentidas por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía", apuntan los investigadores.