Sánchez se aferra al calendario judicial del PP para torpedear la investidura de Rajoy

A partir de septiembre, la información de tribunales volverá a llenarse de titulares sobre Gürtel, Bárcenas, Rita Barberá, tarjetas black, Púnica, Pokémon, Cóndor, Acuamed, Pujalte, De la Serna, Arístegui… y, aunque Mariano Rajoy defienda que la corrupción no penaliza en las urnas, sabe que sí puede estrecharle el margen de maniobra para su investidura si antes, durante el mes de agosto, no ha cerrado un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos que le permita formar Gobierno. Fuentes socialistas informan que con este escenario es con el que trabaja, precisamente, Pedro Sánchez para dilatar los tiempos e imposibilitar que el comité federal de su partido le doble el brazo forzando a sus 85 diputados a abstenerse en una votación que la ambigüedad del propio Rajoy sigue dejando en el aire.

Sánchez confía en que el ruido de los procesos judiciales que salpican al PP anule el margen de Ciudadanos para apoyar a Rajoy

En el cuartel general de Ferraz se da por hecho que antes de anunciarse el procesamiento del PP y de su tesorero por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, Albert Rivera tenía pensado anunciar su voto afirmativo a la investidura de Rajoy, trasladando así toda la presión sobre el PSOE para empujarle a la abstención. Esta decisión judicial restó espacio a Ciudadanos para moverse y la ha llevado, incluso, a volver a condicionar el desbloqueo de la parálisis política a que el PP cambie de candidato, se interpreta en las filas socialistas.

Si bien en algunos medios parlamentarios se está sugiriendo que Rajoy podría aprovechar su “tiempo de reflexión” veraniego para echarse a un lado y facilitar su relevo contando con que Alberto Núñez Feijóo todavía no ha convocado las elecciones gallegas, los ministros más cercanos al presidente en funciones desmienten esta posibilidad. Por tanto, mientras Rajoy observa si la piscina se llena de agua antes de comunicar al Rey si se somete o no a la investidura, Sánchez tratará de administrar los tiempos a favor de sus intereses, sabiendo que el calendario impreciso de la investidura se solapa con la agenda del PSOE, pendiente de celebrar en otoño su 39º Congreso.

Miedo a un movimiento brusco de los barones

En el equipo de Sánchez se teme un movimiento brusco de los barones que quieren apuntalar a Rajoy en La Moncloa para encarar cuanto antes la renovación interna dentro del PSOE. Pero cualquier ejercicio vinculado a las decisiones en la investidura o a los pactos de Gobierno, deberá pasar necesariamente por el comité federal, que mantiene todavía viva la resolución aprobada en vísperas de la última Nochevieja: nada de acuerdos con el PP y tampoco negociación con los independentistas mientras no renuncien al referéndum soberanista.

Esta resolución es un arma que suele poner Sánchez sobre la mesa cada vez que un barón regional pasa por su despacho y le emplaza a cambiar de actitud. La cobardía de la mayoría de los presidentes autonómicos, sobre todo de los que deben el cargo al voto de Podemos, les ha llevado a evitar defender en público lo que apoyan en privado, que debe dejarse gobernar a Rajoy y asumir en el Parlamento el papel de oposición. El único valiente ha sido el presidente asturiano, Javier Fernández, altavoz de lo que la mayoría de sus interlocutores en el PSOE dicen sotto voce. Se trata de una apuesta difícil de defender ante la militancia socialista y compleja de presentar también en el 39º Congreso, a no ser que en él se vaya a lo que en Ferraz  se califica de “catarsis total”, una refundación que parta del desastroso balance de la gestión pilotada por Sánchez desde julio de 2014 –con un suelo electoral todavía inestable en el 22% de los votos– y alumbre otro liderazgo con capacidad para elaborar un nuevo proyecto e inyectar credibilidad a la organización.

Cualquier cambio de actitud del PSOE sobre la investidura tendrá que pasar por el comité federal

El cortoplacismo, aseguran diputados socialistas hartos de Sánchez y de su equipo de dirección, le llevan a torpedear la investidura de Rajoy, sin darse cuenta de que aferrarse para ello al calendario judicial que salpica al PP es un arma de doble filo que puede acabar empujando a unas terceras elecciones en las que se reduzca, todavía más, la representación parlamentaria del PSOE.