El escándalo de las comisiones del diputado Gómez de la Serna salpica ya a 15 personas y 24 empresas

El caso de las comisiones supuestamente irregulares cobradas por el diputado 'popular' Pedro Gómez de la Serna y el que hasta que estalló el escándalo era embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, ya ha llegado a la Audiencia Nacional. Y lo ha hecho a lo grande, según se desprende de los autos dictados entre el lunes y el martes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, para ordenar la apertura de las diligencias previas y el registro de domicilios y sedes sociales de las personas y empresas presuntamente implicadas. En dichos escritos, el magistrado no sólo detalla las ocho personas, entre ellas Gómez de la Serna y Arístegui, y las siete mercantiles sobre las que "concurren elementos indiciarios suficientes de la presunta comisión de un delito de corrupción en transacciones internacionales y otros conexos", sino que también recoge las identidades de otros siete sujetos y 17 mercantiles que también tienen vínculos con los hechos investigados. De este modo, son 15 las personas y 24 las sociedades salpicadas por un escándalo que la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar hace sólo un mes.

La investigación señala a un tercer excargo del PP: el abogado José Félix González Noriega, quien fue adjunto en la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido

El listado de implicados recogido en el escrito del magistrado lo encabeza el propio Gómez de la Serna, dada su condición de administrador único y accionista mayoritario de la consultora Scaradovi SL, clave en la trama investigada. En los autos el juez destaca que aún no puede actuar contra el político dada su condición de aforado aunque abre la puerta a que el diputado por Segovia expulsado al Grupo Mixto por el PP acuda a declarar de manera voluntaria. El segundo es su correligionario Gustavo de Arístegui, de quien destaca su relación con tres firmas investigadas como administrador o titular de la marca comercial. Se trata de la española Karistia SL, la marroquí Karistia Maroc o Kamaroc RL, y el despacho denominado Voltar Lassen. Como tercera persona figura José Faya López, administrador único de una cuarta sociedad, Dial Trading SL, y empleado del Voltar Lassen, el despacho del exembajador en la India. El testimonio de Faya es el que ha permitido iniciar la investigación. El auto del juez detalla que ha acudido en tres ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción a entregar documentación y grabaciones, y otras tantas veces a declarar.

Tras ellos figuran Germán Junqueras Palomares, consejero y director general de la empresa Internacional de Desarrollo Energético SA; Ramón López Lax, director general para el Norte de África de la misma compañía; y Borja de Arístegui Arroyo, hijo de Gustavo de Arístegui y administrador único de la sociedad Arroyo de Lagasca SA, señalada por la investigación junto a Kamaroc y una tercera mercantil como supuestos instrumentos "de ocultamiento del dinero" y blanqueo de capitales. A éste le sigue Cristóbal Tomé Becerra, al que el escrito del juez califica como "agente externo" de Gómez de la Serna y Arístegui en las operaciones que, mediante supuestos sobornos, permitieron a las empresas españolas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA, conseguir sendos contratos millonarios en Argelia. El último nombre de ese listado es el abogado José Félix González Noriega, quien fuera adjunto en la Secretaría de Relaciones Internacionales del PP. 

Otras menciones expresas

A estos ocho nombres de personas y siete de empresas a los que el juez De la Mata señala directamente, se unen otras siete identidades y 17 mercantiles más que, de una manera u otra, figuran mencionadas expresamente en los documentos judiciales por su presunta vinculación con las actividades comisionistas bajo sospecha. Así, figura en un lugar destacado la compañía holandesa Castelino BV, que el magistrado vincula con el supuesto blanqueo de capitales junto a la marroquí Kamaroc y la española Arroyo de Lagasca SL. Sin embargo, no es la única domiciliada en el extranjero. Así cita a la panameña Río Celeste de Arenal SA y a su responsable, Juan G., vinculados con la supuesta mediación para la construcción de un hospital en este país sudamericano. También en ese continente menciona a Rafael B. C., al que sitúa en Perú. Otros nombres extranjeros son los de Walid Z. y Eugene O., y la mercantil presidida por este último, Ibeco Corporación.

Los autos del juez De la Mata citan expresamente empresas de Panamá, Holanda y Marruecos, y hay referencias a empresarios de Perú y África

Además incluye una relación de doce sociedades "que pudiesen ser empresas clientes del despacho Voltar Lassen [de Gustavo de Arístegui] y que pagaban comisiones mensuales o igualas, y comisiones de éxito por contrato de obra, servicios y suministros", según uno de los autos. Se trata, en concreto, de Contratas Iglesias SA, Espina Obras Hidráulicas SA, Obras Generales del Norte SA-Ogensa, Fergo Aisa SA, Grupos Obras Especiales Proyectos e Infraestructuras SL, Constructora San José SA, Eurofinsa SA, Assignia, Ciments Unibeco SA, Lagunmedia SL, Inside-BCN Servicios Inmobiliarios y la asesoría fiscal Trias Sagnier Abogados, del ex diputado del PP Jorge Trías, quién salto a la fama por su participación en la salida a la luz de los célebres 'papeles de Bárcenas'.

Junto a todas ellas, el juez cita a otras tres personas. Una es G. A., ligada al despacho Voltar Lassen de Arístegui. El juez ordenaba en un auto a los policías que practicaron este martes los registros que prestara especial atención en localizar "los correos electrónicos corporativos" que hubiera tenido salida o destino en el email a nombre de esta mujer. Las otras dos personas son los que el magistrado denomina en su escrito como "agentes comerciales nacionales". Se trata de L. Y. y M. C.. El primero es fundador de una sociedad dedicada a la asesoría internacional de empresas. De ambos, De la Mata pidió que se buscasen "los contratos, facturas, medios de pagos justificativos, documentación de todo tipo acreditativa de los trabajos realizados y de las actuaciones amparadas por los distintos contratos celebrados facturados y pagados" con ellos dos. La investigación no ha hecho nada más que empezar.