El 'síndrome Bárcenas' llena de propuestas anticorrupción los programas electorales

Luis Bárcenas, Nóos, los ERE, el fraude los cursos de formación, las tarjetas black, los sobresueldos... La palabra corrupción se ha convertido durante la última Legislatura en un término habitual de las portadas de los medios de comunicación y de las conversaciones de los españoles. Así lo reflejan, de hecho, las encuestas del CIS, que sitúan esta delincuencia -ligada al ejercicio de la política- entre los primeros puestos de las preocupaciones de los ciudadanos. Por ello, los partidos políticos la han utilizado una y otra vez en sus mítines, en sus mensajes televisivos y, cómo no, en sus programas. El PSOE la ha incluido en 64 ocasiones. El PP, en 29 y Podemos, en 14. Cifras dispares como también lo son las propuestas que cada una de las formaciones hacen para acabar con ella.

El PP detalla en su programa 18 medidas contra la corrupción. En ninguna de ellas se habla de reforzar las unidades policiales que luchan contra ella

Con el lastre de que su antiguo tesorero se haya convertido en el rostro de la propia corrupción, los 'populares' han puesto sobre la mesa 18 medidas que, sin embargo, han decepcionado hasta en su propio partido. A la frase de "somos el Gobierno que más medidas y más reformas ha acometido para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción", le siguen varias promesas de Mariano Rajoy y su equipo más dirigidas al propio funcionamiento interno de las formaciones políticas que al combate desde un Ejecutivo. Así, asegura que Génova 13 "aplicará estrictamente los estatutos" y que todos sus cargos suscribirán "una declaración de compromiso que significará la adhesión a nuestro principios éticos". Entre ellos, figura la obligación de dimitir si se es imputado. Eso sí, sólo cuando se abra juicio oral. Nunca antes.

Si alcanzan el poder, las propuestas tampoco son mucho más concretas. El PP habla de potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción, un órgano que ha creado a final de esta Legislatura deprisa y corriendo y que aún no tiene dotación de personal para ser efectiva. También habla de insistir en la Ley de Transparencia ya aprobada, de "regular la actuación de los lobbies", de controlar los indultos, de formar a los empleados públicos que participan en procesos de licitación "en materia de ética, transparencia pública y prevención de corrupción", y de reforzar "el papel de la Oficina de Conflictos de Intereses" y el control sobre las subvenciones públicas". De dotar de más medios y funcionarios a los órganos judiciales y a las unidades de Policía y Guardia Civil que la combaten, ni una sola palabra.

El PSOE: tipificará el delito de enriquecimiento ilícito

Por su parte, el PSOE propone crear una Oficina Anticorrupción –que tendrá relación directa con la Fiscalía, con la Agencia Tributaria y con la Oficina de Conflictos de Intereses y actuará en las Comunidades Autónomas- con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones Locales. De la misma forma, el partido de Pedro Sánchez promete ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas si gobierna los próximos cuatro años y establecer expresamente la obligación de colaboración con dicho órgano fiscalizador así como elaborar un "Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción".

El PSOE recoge una de las peticiones más reclamadas por jueces y fiscales: tipificar el delito de enriquecimiento ilícito de autoridades y funcionarios

Asimismo, el Partido Socialista obligará a las personas que formen parte del Gobierno y a los altos cargos de la Administración del Estado a presentar una declaración y certificación de la Administración tributaria de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y prohibirá el nombramiento y obligará al cese de los mismos "cuando se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción". Los socialistas prometen en su programa electoral que suspenderán a concejales y parlamentarios cuando sean encausados por este tipo de delitos y que establecerán mecanismos oportunos para que, "en caso de que el concejal o parlamentario resultara absuelto por sentencia firme en el transcurso de su mandato, se le restituya en su cargo".

Por otro lado, la formación liderada por Sánchez establecerá "la nulidad de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y contratos con las Administraciones Públicas y la obligatoria restitución e indemnización por daños y perjuicios cuando los mismos se hayan obtenido o cuyo mantenimiento haya sido logrado por conductas de sobornos o vinculadas a la corrupción". Asimismo, el PSOE recoge una de las peticiones más reclamadas por los jueces y fiscales que investigan a diario casos de corrupción: tipificar en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato. Por último, los socialistas prohibirán la Ley de amnistías fiscales -no quieren que se repita el caso de Rodrigo Rato o los Pujol- y revisarán las infracciones administrativas y las penas y la prescripción del fraude fiscal.

Las diez medidas de Ciudadanos

Ciudadanos, uno de los partidos emergentes que han hecho de la lucha anticorrupción uno de sus mensajes estrella, concreta su propuesta contra la corrupción en diez medidas. Entre ellas llaman la atención las dirigidas a controlar las finanzas de los partidos. Así, además de prohibir las donaciones de empresas a los partidos políticos quiere que tampoco las puedan hacer a título individual los presidentes, consejeros delegados y directivos de las mismas, en una clara referencia a lo que recogían los célebres apuntes contables de Luis Bárcenas. También quiere tipificar el delito de financiación ilegal de partidos políticos en el Código Penal y prohibir que las entidades financieras condonen las deudas a éstos.

Ciudadanos rechaza esperar a la apertura de juicio oral para apartar a los cargos públicos imputados, como plantean PP y PSOE. Propone que se haga "de inmediato"

Sobre la corrupción cometida por cargos públicos, se aparta de PSOE y PP al exigir que aquellos que sean imputados sean separados "de inmediato" de sus puestos de responsabilidad política "hasta la resolución completa del procedimiento judicial". Albert Rivera promete además que los partidos políticos deberán asumir la responsabilidad patrimonial subsidiaria en aquellos casos en los que estén implicados miembros del mismo. Una mano dura que incluye también apartar "a cualquier cargo público o de partido" que haya falsificado o engañado con su currículum "o su cualificación profesional o académica".

Entre las diez medidas también se encuentra obligar a los partidos a publicar en sus páginas web "sus reglamentos, estatutos, cuentas, ingresos y gastos electorales, presupuestos y procedimientos de control internos", además de exigirles a la creación de "un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control". Dentro de sus propuestas para "restaurar la confianza de los ciudadanos en la política" propone que la elección de los candidatos de los partidos se haga siempre por un sistema de elecciones primarias.

Podemos: redefinir el delito fiscal

La formación de Pablo Iglesias apuesta en su programa electoral por acabar con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados, senadoras y senadores). Podemos se refiere tanto a los privilegios de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos. Para ello, si gobiernan rebajarán las retribuciones de los miembros electos de las Cortes; revisarán los complementos económicos (gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera) de sus señorías; y, establecerán mecanismos de control de las dietas. Por otro lado, la formación morada establecerá un periodo mínimo de diez años hasta que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de su responsabilidad pública. 

La cuantía del delito fiscal se rebajrá a 50.000 euros defraduados en el Código Penal. Además, el delito contra la Hacienda Pública tendrá un plazo de prescripción de diez años

Asimimo, el partido de Iglesias también apuesta por redefinir el delito fiscal y tipificarlo a partir de los 50.000 euros defraudados: se rebajará y homogeneizará la cuantía y se ampliará el plazo de prescripción a diez años. Además, en su programa electoral sostienen que exigirán que en los acuerdos internacionales firmados por España se elimine "el secreto bancario privilegiado de los paraísos fiscales" para favorecer la desaparición de la extraterritorialidad y la deslocalización del capital financiero.

Además, Podemos apuesta por crear un departamento específico, formado por funcionarios especializados, dentro de la Administración Pública dedicado a la recuperación de activos envueltos en casos de corrupción. De hecho, para fortalecer los sistemas de evaluación legislativa en materia de corrupción y política criminal, la formación morada propone crear un "Centro Nacional para la Prevención del Delito", encargado de realizar evaluaciones de impacto tanto de la legislación en vigor como de propuestas de reforma. Por último, el partido de Iglesias apuesta por limitar los aforamientos de los cargos políticos y que "esta protección sólo se mantenga en el ámbito de actuación pública de estos cargos, porque se considera que los privilegios procesales no rigen más allá de dichas actividades públicas; de este modo, cualquier otra actuación estará sujeta al procedimiento general, aunque se realice durante el ejercicio del cargo".