Publicado: 07/10/2015 04:00
¿Regeneración? El PSOE mantiene en sus listas para las próximas elecciones generales a una condenada por un delito de desobediencia a la Justicia, según una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que llegó a ser ratificada por el Supremo. Se trata de Lorena Canales, exalcaldesa de Sariñena (2007-2011) y actual concejala -en la oposición- en este municipio de Huesca. La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Aragón aprobó el pasado viernes las candidaturas por las circunscripciones de Zaragoza, Huesca y Teruel al Congreso y al Senado. El órgano validó que la plancha oscense a la Cámara Baja esté liderada por Gonzalo Palacín, seguido de Lorena Canales.
La número dos por Huesca cuenta en su historial político con la citada condena en firme, relativa a su etapa como regidora de Sariñena. El Alto Tribunal confirmó en noviembre de 2012 la pena que había sido impuesta a Canales por el TSJA. La dirigente socialista quedó inhabilitada "para el cargo de alcalde, concejal, y cualquier otro electivo análogo de cualquier Corporación local, así como para los honores anejos a los mismos, por tiempo seis meses". Además fue instada a pagar una multa de 1.080 euros y una indemnización de 16.009 euros al denunciante.
La acusación particular llegó a pedir ante el TSJA una inhabilitación especial para empleo o cargo público de nueve años por un delito continuado de prevaricación y de dos años por desobediencia. También solicitó cinco años de prisión e inhabilitación por falsedad documental. Finalmente, el tribunal autonómico sólo condenó a Canales por desobediencia, en función del artículo 410.1 del Código Penal.
La Chunta Aragonesista ya exigió a Canales que dejara todos sus cargos públicos por "respeto a la ciudadanía"
Obligada por el fallo del TS, Canales dejó el acta de concejala en el Ayuntamiento de Sariñena en enero 2013, siendo entonces portavoz del grupo municipal del PSOE (ya gobierna el actual alcalde del PAR, Francisco Villellas Laín). Sin embargo, mantuvo su puesto como diputada en las Cortes de Aragón hasta las elecciones autonómicas del pasado mayo e incluso volvió a presentarse en las últimas municipales como cabeza de lista del PSOE en Sarineña.
Siendo todavía concejala y parlamentaria autonómica, y pesando sobre ella la condena del Supremo, la Chunta Aragonesista (CHA) le exigió que dejara todos sus cargos públicos por responsabilidad y decencia. "Seguir amarrada al sillón tras una condena judicial por un delito producido durante su mandato como alcaldesa sería una injustificable falta de respeto a la ciudadanía", le espetó José Ramón Ceresuela, dirigente de CHA.
Pese a que Canales es una figura ligada a la etapa de Marcelino Iglesias, anterior secretario general del PSOE Aragón, desde la Ejecutiva Regional que ahora lidera Javier Lambán, presidente del Gobierno autonómico, han incluido a la concejala en unas listas que definen por su "renovación". De hecho, Susana Sumelzo, secretaria de Administraciones Públicas en la Ejecutiva federal de Pedro Sánchez y diputada en el Congreso, señaló a Efe que los candidatos son personas "comprometidas con la nueva forma de hacer política. Gente nueva con ganas de trabajar", recalcó.
De salir elegida como parlamentaria en la urnas del 20-D, Canales pasaría a cobrar, como mínimo, 4.637,73 euros (2.813,87 de sueldo base más la asignación constitucional de 1.823,86 euros para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid, como sería su caso).
No obstante, la presencia de Canales en la lista de Huesca al Congreso todavía no es definitiva y tiene que pasar el último filtro de Ferraz. La Comisión Federal de Listas tiene hasta el próximo 16 de octubre para estudiar y mirar con lupa las candidaturas propuestas por las agrupaciones provinciales. Será el día 17 cuando el Comité Federal del PSOE ratificará las listas.
El conocido como 'caso de las granjas'
La desobediencia de Canales tiene su base en las trabas o dificultades que puso a la ejecución de unas resoluciones judiciales que beneficiaban a un ganadero, que ejerció la acusación particular. El denunciante decidió actuar contra la exalcaldesa socialista de Sariñena y su antecesor, Antonio Torres (PP), absuelto por el TS, al entender que le perjudicaron en la concesión de una licencia de explotación de una granja de porcino.
El ganadero pidió en su día una modificación de la licencia obtenida en febrero de 2003 a fin de convertir su granja de engorde de cerdos en una de cría. Sin embargo, tal petición, según reclamó el interesado, fue demorada intencionadamente en su tramitación, lo que permitió dar salida a otra licencia de actividad de otro vecino cuyo proyecto era incompatible con el suyo.
La aprobación de una segunda explotación de cebo a poco más de un kilómetro de distancia de su propiedad impidió al denunciante que prosperara su petición de construcción de una granja de cría, dado que la normativa medioambiental impide otras instalaciones porcinas a menos de dos kilómetros.
Las quejas de este ganadero fueron ratificadas en tres ocasiones en la jurisdicción de lo contencioso, cuya última sentencia, de marzo de 2010, obligó al Consistorio de Sariñena a rehabilitarle la licencia solicitada y a cerrar la explotación del vecino. Sin embargo, Canales no dio cumplimiento en un "plazo razonable" a dicha sentencia, por lo que fue condenada en el conocido como caso de las granjas.
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