Publicado: 25/02/2016 04:00
El acuerdo de legislatura sellado este miércoles en el Congreso por PSOE y Ciudadanos dice que "un nuevo Gobierno dará prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión para paliar las situaciones más graves en materia socio-económica". Y establece que el plan de choque, consistente en un paquete de medidas urgentes, dispondrá de 7.000 millones de euros. ¿De dónde saldrá el dinero para financiarlo? Fuentes de Ciudadanos explicaron que 5.000 millones resultarán de la supresión de "todo el aparato burocrático" de las 38 diputaciones provinciales de régimen común, mientras que el importe restante, provendrá de la reforma del impuesto de sociedades. Aquí la idea es quitar deducciones y bonificaciones y ampliar la base para aumentar la recaudación e ir avanzando desde los 19.000 millones anuales hasta los 25.000. Sin embargo, la cuantificación en 5.000 millones de la eliminación de dichos entes supramunicipales es muy superior, hasta cinco veces más, del ahorro calculado por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando lanzó una propuesta similar en 2011.
Mientras C's sostiene que las diputaciones suponen un coste global de 25.000 millones para las arcas públicas, el texto que elaboró el equipo del exsecretario general socialista hablaba de 6.000 millones, de los cuales se podría ahorrar en torno a 1.000 millones, cerca del 20%. De dicho presupuesto, un 30% lo absorbe la partida de personal, según las cuentas de Rubalcaba, cuya idea también contemplaba la creación de los "consejos de alcaldes". Hay que tener en cuenta que Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local puesta en marcha por el Gobierno del PP en 2013 supuso un recorte en el número de asesores o cargos de confianza en las diputaciones, con lo que el ahorro proyectado por Rubalcaba incluso podría ser menor.
Fuentes del partido de Rivera admiten que la propuesta pactada con los socialistas afectaría al personal laboral de las diputaciones
Los 1.000 millones citados se conseguirían, según expuso el exvicepresidente del Gobierno, recortando gastos corrientes "prescindibles", es decir, todos aquellos "asociados al carácter político de las diputaciones" (protocolo, publicidad, parque móvil, dietas, seguridad...), eliminando cargos políticos, asesores, la infraestructura de esos cargos políticos, una serie de transferencias -básicamente en educación y servicios sociales- que pasarían a las comunidades autónomas, y fondos y subvenciones para asociaciones, fundaciones, clubes... Para más exactitud, los socialistas precisaron en 2011 que 200 millones saldrían solamente de la supresión de sueldos públicos (y el resto de los otros elementos antes mencionados).
Eso sí, el gabinete de Rubalcaba excluyó de esta reforma a funcionarios y personal laboral de las diputaciones provinciales, que serían recolocados con sueldo íntegro y mismas funciones en la administración autonómica que asumiera las competencias. Sin embargo, las mismas fuentes del partido de Albert Rivera, conocedoras de las negociaciones con el PSOE, admiten que la propuesta pactada con los socialistas afectaría al personal laboral de dichos entes supramunicipales. Según el último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas del Ministerio de Hacienda y AAPP, de las 62.159 personas que trabajan en las diputaciones, cabildos y consejos insulares (ni las forales ni estos dos últimos han sido incluidos en el acuerdo PSOE-C's), un total de 25.152 son personal laboral, cuyo futuro estaría en riesgo. Por su parte, los funcionarios son 27.535, y otros contratados, 9.472.
Críticas de altos cargos del PSOE andaluz
El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), emitió este miércoles un comunicado donde rechazó la eliminación de las diputaciones provinciales y puso en valor no sólo "la labor que llevan a cabo los funcionarios", sino también "el personal laboral y técnicos" de esta institución, defendiendo la continuidad de sus puestos de trabajo. En la misma línea, el líder del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, adelantó que votará 'no' en la consulta de Ferraz a la militancia si se mantiene la frase "supresión de las diputaciones provinciales" en el documento de gobierno firmado con C's. La consulta a los afiliados socialistas comienza este viernes vía online y durará hasta el sábado, día habilitado para votar en las agrupaciones.
El acuerdo PSOE-C's contempla el desmantelamiento orgánico de las diputaciones, cuyos servicios serían asumidos íntegramente por las comunidades autónomas. Fuentes de C's confirmaron que los consejos provinciales de alcaldes, de nueva creación, sólo se ocuparían de la "coordinación" de dichos servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, pero no de la prestación.
El Ingreso Mínimo Vital, introducido por el PSOE, estaría "siempre relacionado con la formación", según C's
En cuanto a la distribución que tendrían los 7.000 millones del plan de choque social, las mismas fuentes indicaron que la mitad, 3.500 millones irían destinados al Complemento Salarial Garantizado (CSG), que tendrá naturaleza de crédito fiscal, para los hogares con rentas más bajas. Puede decirse que el partido de Rivera ha cedido aquí, ya que siempre ha calculado que dicho complemento supondría justamente 7.000 millones de euros.
Los otros 3.500 millones se dedicarían principalmente a un Ingreso Mínimo Vital, introducido por el PSOE, consistente en una prestación no contributiva para atender la situación de necesidad de las familias carentes de todo ingreso. El texto pactado dice aquí que tal prestación "irá acompañada de un itinerario de activación laboral y formación, adaptado a la situación personal y familiar". Fuentes de la formación naranja insistieron en que este ingreso estaría "siempre relacionado con la formación". Dentro de estos últimos 3.500 millones, habría también una parte dirigida a incrementar la prestación por hijo a cargo.
El impuesto a las grandes fortunas, en fase de estudio
Si bien en su comparecencia de este miércoles el líder del PSOE y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, dio prácticamente por seguro que un eventual Ejecutivo presidido por él establecería un impuesto a las grandes fortunas, sus principales socios de investidura optan por un tono más cauto. Desde Ciudadanos, fuentes solventes remiten a la literalidad del documento firmado, que habla de "estudiar la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario".
Las mismas fuentes explican que esto se analizaría dentro de la reforma fiscal global que acometería el nuevo Gobierno y cuya valoración técnica correspondería a un Comité nombrado por dicho Ejecutivo. Este comité vería si lo que pagan actualmente las grandes fortunas es adecuado y si merecería la pena introducir un nuevo impuesto específico. En este contexto, se crearía una Oficina concreta de control fiscal de las grandes fortunas dentro de la Agencia Tributaria, siguiendo el modelo de Australia, detallan.
rectificación DE ÚLTIMA HORA sobre el despido
El PSOE y Ciudadanos también incluían por la tarde en el "acuerdo para un gobierno reformista y de progreso" suscrito que las indemnizaciones por despidos improcedentes en los contratos temporales se mantendrán entre 20 y 33 días, en lugar de entre 20 y 25 días como figuraba antes por "error".
Según han indicado fuentes socialistas, la modificación del documento se ha hecho por acuerdo con Ciudadanos y el "error", no obstante, afectaba a "muy pocos casos", han añadido.
En el resto de contratos temporales, que según las fuentes son la inmensa mayoría, se sube la indemnización de 12 a 16 días en el segundo año.
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