Publicado: 05/09/2015 04:00
“La prioridades de nuestros alcaldes están siendo ahora las becas comedor y garantizar una correcta apertura del curso escolar en todos los ayuntamientos que gobernamos”, aseguran fuentes del PSOE. Pero desde la pasada primavera, los socialistas gobiernan 17 capitales de provincia, ocho más que antes, y más de media docena de comunidades autónomas, herramientas que van a utilizar al máximo para ayudar a Pedro Sánchez a llegar a La Moncloa.
Se están revisando contrataciones, adjudicaciones, alquileres y posibles desviaciones de fondos públicos
En ayuntamientos donde gobierna gracias a la ayuda de Podemos o de IU y también en los que ha decidido permanecer en la oposición apoyando a formaciones afines a la de Pablo Iglesias, como en Madrid, el PSOE ha empezado a remover cajones y a levantar alfombras para descubrir posibles trapos sucios en la gestión municipal de anteriores gobiernos del PP. En el foco de interés no solo se encuentra Madrid o Valencia, con Ana Botella y Rita Barberá en la diana, sino también plazas importantes como las de Valladolid, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Huelva, Alicante, Castellón, Tarragona o Palma. También hay auditorías en marcha en las comunidades de Castilla-La Mancha, la valenciana y la balear. En estas últimas apunta directamente contra María Dolores de Cospedal, Alberto Fabra y José Ramón Bauzá, estos dos últimos con asiento ahora en el Senado. “No vamos a ahorrar esfuerzos a la hora de denunciar todas las corruptelas que encontremos en la gestión de la deuda pública, contrataciones, adjudicaciones a dedo, alquileres y posibles desviaciones de fondos”, advierten en el Partido Socialista.
Antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, el equipo de Pedro Sánchez pensaba convertir la comunidad de Madrid en la diana principal de sus denuncias, en la creencia de que la gestión que hizo en ella Ignacio González tenía muchos recovecos a escudriñar. Sin embargo, el pacto de Ciudadanos con Cristina Cifuentes, enterró las pretensiones de utilizar esta auditoría como principal resorte de la ofensiva prevista para vincular la marca PP con la corrupción generalizada en plena campaña hacia las generales, siguiendo la estela de la operación Púnica y de otros procesos judiciales que pueden volver a la actualidad durante la contienda electoral.
Discrepancia con Podemos sobre la deuda pública
Los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos socialistas no solo tienen el aval de Ferraz para levantar alfombras sino que se saben también acompañados por los grupos municipales de su partido que han quedado en la oposición en otros ayuntamientos respaldando a los equipos de gobierno de Podemos y sus organizaciones afines. Los casos de Manuela Carmena en Madrid y de Joan Ribó en Valencia son claros ejemplos, aunque en la dirección del PSOE no se comulga con la forma en que en estos ayuntamientos se ha llegado a cuestionar el pago de la deuda pública contraída en anteriores ejercicios, por el efecto perverso que puede tener para la fiabilidad de los propios socialistas como alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, hace tiempo que la palabra 'quita' ha quedado borrada del diccionario del PSOE. El equipo de Carmena ha llegado a plantear, incluso, someter a consulta ciudadana el pago de la deuda, algo con lo que no están de acuerdo los socialistas.
El objetivo último del PSOE con estas auditorías es identificar al PP con la corrupción en plena campaña electoral
La deuda municipal en toda España roza los 40.000 millones de euros, mientras que la autonómica rebasa los 235.000. La corporación municipal más endeudada es la de Madrid, que durante la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón elevó la carga en más de 7.000 millones, siete veces superior a la de Barcelona, el segundo ayuntamiento más lastrado por su pasivo.
En esta tarea de identificar al PP con la corrupción en plena campaña electoral, objetivo último de estas auditorías, el PSOE utilizará como altavoz el foro que prepara sobre administraciones públicas, donde denunciará la tibieza que, a juicio de sus dirigentes, guían buena parte de las reformas aprobadas por el Gobierno en el Parlamento desde 2012 para combatir la opacidad en las modalidades de contratación y el mal uso del dinero público.
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