La juez imputa al PP por el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas

Más problemas judiciales para el Partido Popular. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, que investiga el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas, ha citado a declarar el próximo día 4 de febrero declarará en calidad de imputado a este partido, quien comparecerá a través de su representante legal, así como a su actual tesorera, Carmen Navarro.

Un día antes deberán comparecer en los juzgados de Plaza de Castilla, pero en calidad de testigos, al propio extesorero del PP, Luis Bárcenas, su ex secretaria Estrella Domínguez, al jefe de Seguridad de la sede nacional del Partido Popular en el momento de los hechos investigados, Antonio de la Fuente y al letrado de la formación de Mariano Rajoy, según han informado fuentes jurídicas. 

Tras conocer la noticia el PP ha emitido un comunicado donde señala que el partido "siempre ha actuado y actuará en colaboración con la justicia y conforme a la ley". En la misma nota de prensa, los populares adelantan que "en su declaración, la tesorera Carmen Navarro, al igual que el resto de los citados, ratificarán que los ordenadores del Partido Popular, con los que  supuestamente trabajaba Bárcenas, no contenían información, puesto  que, como él mismo dijo, cambió y se llevó el disco duro. Y que la información que había en dichos ordenadores, estaba contenida en el pendrive que entregó al juez Ruz, tal y como consta en su declaración judicial del 15 de julio de 2013".

El PP como persona jurídica

La querella presentada por UPyD, IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacía posible.

La juez adopta esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara la semana pasada en un auto reabrir las diligencias previas en las que se investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular obligándole a investigar los hechos.  

El Juzgado Número 32 de la capital asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que entonces dirigía el juez Pablo Ruz, considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos. Por otro lado, el sumario desapareció después de que fuera archivado en octubre de 2013 por la magistrada Esperanza Collazos.