España

El PP recurre la fianza de 1,2 millones de euros por la caja B y alega "indefensión"

La Audiencia Nacional comunicó esta semana al partido liderado por Rajoy que tiene diez días para pagar 1.245.154 euros.

María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy.
María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. EFE

El Partido Popular (PP) ha recurrido la fianza civil de 1,2 millones de euros que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le ha impuesto en su calidad de responsable civil subsidiario por financiarse presuntamente con una 'caja B', desde "1990 hasta, al menos, el año 2008".

El partido ha presentado un recurso en la que denuncia la "patente indefensión" que ha sufrido, toda vez que se le ha requerido "el 100%" del pago de la responsabilidad civil que el juez reclama sin conocer cuál es la solvencia de los demás responsables civiles.

"Esta parte no comprende por qué se requiere al Partido Popular para que preste fianza por 1.245.154 euros", dice el PP

"Esta parte no comprende por qué se requiere al Partido Popular para que preste fianza por 1.245.154 euros, cuando este, como responsable civil subsidiario, debe responder únicamente de la cuantía que quede por cubrir una vez se haya procedido contra los bienes de los acusados, responsable directos y solidarios", añade.

El juez efectuó este requerimiento en una diligencia de ordenación, en la que informó de que las cantidades impuestas en concepto de responsabilidad civil no han sido totalmente cubiertas por los acusados, los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez, así como por el despacho Unifica, que reformó las obras de 'Génova'. Impuso a los dos primeros sendas cauciones de 8,9 millones, mientras que Páez debía cubrir una de 7,4 millones y el despacho otra de cuatro millones.

En opinión del PP, los responsables civiles directos y Unifica han acreditado una "solvencia superior" a la cantidad que se le reclama y el afianzamiento por uno de los responsables de la cuantía presuntamente defraudada a la Hacienda pública eliminaría la responsabilidad del resto de depositarla. "Lo contrario, supondría un afianzamiento exorbitado que nunca podrá hacerse efectivo en fase de ejecución de sentencia puesto que supondría un enriquecimiento injusto de la Administración", resalta.



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