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España

Botella dejaría convertir el Palacio de la Música en un Mango aun siendo declarado Bien de Interés Cultural

Fachada del Palacio de la Música, situado en la calle Gran Vía de Madrid.

Madrid y la cultura. Los que históricamente parecían conceptos hermanos, parecen hoy dos extraños que cada vez más distanciados el uno del otro, en gran medida por el empeño de los poderes políticos y económicos. El Palacio de la Música, uno de los inmuebles más relevantes por su importancia tanto arquitectónica como cultural sigue cerrado. Así se encuentra desde 2008, cuando el Ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz Gallardón como alcalde, lo vendió a la Fundación Caja Madrid y se iniciaron las obras de rehabilitación, hoy inconclusas. No hay dinero para terminarlas y la solución que empezó a tomar cuerpo hace meses es aceptar la oferta de alguien interesado en el edificio y su renovación. El problema es que quien pretende instalarse en el Palacio de la Música nada tiene que ver con la cultura. Ante este panorama, plataformas y asociaciones defensoras del patrimonio y la cultura que exigen preservar su uso tradicional se aferran a la posibilidad de declarar el inmueble Bien de Interés Cultural (BIC), pero esto podría no ser suficiente.

El grupo de moda Mango lleva sonando meses como el candidato a ocupar el Palacio de la Música. Aunque no hay avances significativos, se dio un pequeño paso hacia adelante cuando la empresa textil catalana preguntó al Consistorio de Ana Botella por la viabilidad urbanística de instalarse en el número 35 de la calle Gran Vía y obtuvo el visto bueno. La idea de transformar uno de los emblemas culturales de la capital en una tienda de ropa ha indignado a la oposición y a diferentes colectivos, pero la alcaldesa de Madrid, posiblemente para intentar contener la polémica, asegura que lo que se contempla es una convivencia de usos, de forma que puedan coexistir actividades comerciales y artísticas mediante un Plan Especial. “El uso compartido es imposible. No existe ningún uso que no sea cultural que mantenga los elementos interiores porque si va a ser una tienda de ropa todo eso va a desaparecer”, se queja Alicia Torija, vicepresidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) y portavoz de la Plataforma en Defensa de la Cultura. Para UPyD, esa cohabitación de usos “es una trampa” porque esas actividades artísticas de las que habla Botella podrían quedarse reducidas al mínimo, a algo casi simbólico, muy lejos de la envergadura cultural que tuvo el Palacio.

El Ayuntamiento asegura que daría igual que el inmueble fuera declarado BIC si un Plan Especial hace viable el proyecto de Mango y se desentiende de la operación: "Somos meros tramitadores"

Por eso, quienes apuestan por mantener no solo su uso tradicional, sino también preservar el enorme patrimonio del interior del histórico edificio producto de una intensa vida cultural desde 1926, ponen todas sus esperanzas en que la Comunidad de Madrid declare el inmueble como BIC, lo que dotaría al edificio de una protección total (actualmente goza del Nivel 1 de Protección Integral) y obligaría a respetar tanto su fachada como su interior. Sin embargo, el Gobierno regional -pese a la Ley de Patrimonio Histórico que puso en marcha para agilizar los trámites- aún no ha contestado a las dos peticiones que hay pendientes, una de febrero de 2013 del ciudadano Francisco Hernández, secundada por más de 16.000 firmas, varios colectivos culturales y grupos políticos, y otra de MCyP, además de una Proposición No de Ley (PNL) de UPyD en el mismo sentido. Pero lo que para unos podría ser la solución para conservar el valor artístico y cultural del inmueble, para otros significaría más bien poco. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid consultadas por este diario aseguran que “si declaran BIC el Palacio de la Música, al Ayuntamiento le daría igual”. Lo que permite el Plan Especial es ajustar los usos al plan urbanístico actual, no se trata de un diseño arquitectónico, comentan. En cualquier caso, hasta ahora Mango solo ha presentado una consulta, pero según las fuentes “no hay ni un solo papel en Urbanismo y hasta no saber qué tipo de proyecto presenta no se puede valorar”. El Gobierno municipal no muestra ninguna preocupación por el valor patrimonial del inmueble y parece desentenderse de la operación: “Somos meros tramitadores, no promotores; si el proyecto se ajusta, bien, y si no, pues no”.

Actualmente, el Palacio es de uso terciario de tipo recreativo-espectáculo, por lo que para transformar el lugar y abrir un comercio en su interior habría que cambiarlo por el de terciario-comercial. Para la concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid Patricia García, el proyecto de Mango es viable solo si el Consistorio quiere. “El Ayuntamiento no puede mediar en la compraventa entre particulares, pero sí determinar para qué se usa”, recalca. En efecto, el cambio de uso es legalmente viable y el Ayuntamiento puede hacerlo cuando desee mediante la figura de un Plan Especial. “Es un tema de voluntad política”, critica García. “Se pone de manifiesto que Ayuntamiento y Comunidad, que deberían ser garantes de los valores culturales, no tienen voluntad ni compromiso con la defensa del patrimonio y tienen una visión mercantilista de la ciudad que además es muy cortoplacista”. “Son punteros en desprotección del patrimonio”, agrega Torijo, de MCyP. (Ver catálogo de los bienes inmuebles BIC de la Comunidad de Madrid)

El Gobierno regional rechazó proteger el Teatro Albéniz al considerar que el edificio carecía de valor arquitectónico pero el Tribunal Supremo le obligó a declararlo BIC

El Albéniz protegido y Canalejas “expoliado”

En Madrid hay dos precedentes que podrían servir de ejemplo a la hora de intentar predecir qué ocurrirá con el inmueble de Gran Vía. Mientras el caso del Teatro Albéniz ha animado a los defensores del Palacio de la Música a contemplar los tribunales como último recurso para asegurar su protección, el caso del proyecto Canalejas hace pensar lo contrario. El Albéniz, superado en importancia por el Palacio de la Música, pasó de estar abandonado y okupado a ser protegido como Bien de Interés Cultural por orden del Tribunal Supremo, que consideró que “reúne indicios sólidos para poder ser calificado como de una singularidad cultural y artística dentro de los teatros de la Comunidad”. Ahora pertenece a Kutxabank, después de que su anterior propietario, la inmobiliaria Monteverde (en concurso de acreedores), subastara el inmueble que quería convertir en un hotel y pisos de lujo. El Gobierno regional rechazó proteger el teatro al considerar que el edificio carecía de valor arquitectónico. Todo lo contrario de lo que ordenó después la Justicia. Primero fue el TSJ de Madrid en 2010, y luego el Tribunal Supremo, quien en 2012 ordenó declarar el inmueble como BIC desestimando el recurso interpuesto por los propietarios. La Administración tiene ahora la obligación legal de proteger y conservar dicho bien. Sin embargo, aunque su uso cultural está legalmente blindado, los planes de futuro para el Albéniz son inciertos.

El caso contrario es el de la Operación Canalejas, que afecta a 7 edificios célebres del centro de Madrid. El proyecto prevé transformar la plaza en un hotel de lujo de la cadena Four Seasons y un centro comercial, de cuya construcción se encargará el grupo OHL. Para facilitar el proyecto, el Ayuntamiento ha hecho lo contrario de lo que se espera de un gobierno que salvaguarda el patrimonio: rebajar su protección. El pasado mes de julio aprobó -con los únicos votos del PP- la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la agregación de parcelas (que estaba expresamente prohibida para evitar que se desvirtuase la interpretación arquitectónica de los edificios históricos) y rebajó la declaración de BIC que protegía el Banco Hispano Americano desde 1999 sólo a la fachada y algunos elementos de la primera crujía, así como la protección prevista en la incoación como BIC del edificio de La Equitativa. Así consta en la denuncia por “expoliación” que presentó la asociación presidida por el arquitecto Vicente Patón ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Un despilfarro de obra

Nada ha cambiado para el propietario, la Fundación Caja Madrid, que sigue esperando a ver si alguien llama a su puerta con un buen cheque y ‘quitarse el muerto’. Su principal -y único- problema sigue siendo el mismo: necesita 28 millones para terminar de pagar el crédito hipotecario y 15 para terminar la obra. Con el compromiso de mantener su carácter cultural, Caja Madrid compró en 2008 el Palacio de la Música al Ayuntamiento por 33 millones de euros, pero tal y como respondió la entidad a una petición ciudadana, tras su reconversión en Bankia, “su Fundación no recibe aportación de ninguna entidad, por lo que, están realizando sus obras sociales con ahorros de años anteriores (...) No podemos hacernos cargo de este proyecto”. La entidad confirma a Vozpópuli que el Ayuntamiento ha aprobado únicamente un informe previo y hasta que no se aclaren todos los trámites que hay pendientes la Fundación no puede tomar ninguna decisión.

Estado actual del interior con las decoraciones protegidas

El proyecto de Bankia era muy ambicioso y los sobrecostes y malas decisiones impidieron su consecución. Hoy la entidad no es solvente para terminarlo

Los sobrecostes se convirtieron en el principal lastre de la obra de la antigua Caja Madrid. Su proyecto, aunque bien diseñado, era muy ambicioso y complejo, y quizá el error que ha impedido que el Palacio haya reabierto sus puertas fue el de empezar por lo más complejo en lugar de por lo más básico. Según apunta la vicepresidenta de MCyP, la sala de ensayos, el coro de la azotea y la idea de hacer una estructura pesada sobre una cubierta que exigió arriesgadas soluciones técnicas, se ‘comieron’ una escandalosa cantidad de dinero. Por el momento, se conservan los valores arquitectónicos (se mantienen molduras, el graderío aunque sin los asientos, los palcos están envueltos, y los elementos decorativos como las lámparas están guardados en relativamente buenas condiciones), pero resituarlos y renovar las instalaciones de luz y sonido también requiere un desembolso. Sin embargo, si ahora se abandona definitivamente, con el grueso de la obra completado (alrededor de un 65%), se perderá la enorme suma de dinero que se destinó a la rehabilitación del inmueble. Para UPyD “es como tirar a la basura unas obras sin haberlas estrenado, lo que supone un despilfarro de dinero, pero también de esfuerzo y de ideas”. En definitiva, son recursos derrochados de los que el ciudadano no recibe ningún retorno.

 Un Madrid cultural o un Madrid de compras

UPyD critica que el Ayuntamiento justifique la conversión del Palacio de la Música en una macrotienda con la excusa de la creación de puestos de trabajo porque “una política cultural bien llevada también crea empleo, y además especializado”. La diputada magenta denuncia además que se esté “pervirtiendo” lo que antes era un área cultural preferente. No hay un proyecto cultural definido para Madrid y se está perdiendo su singularidad y su potencialidad turística, coinciden las fuentes consultadas. “Estamos hablando de la Gran Vía, por lo que un negocio cultural sería rentable, lo que pasa es que quieren vender un Madrid de compras”, añaden desde MCyP. El caso de las Serrerías Belgas es otro ejemplo de la actual política cultural madrileña. El Gobierno municipal invirtió cinco años en obras de remodelación y 7 millones de euros procedentes de las arcas públicas en un espacio cultural que ahora negocia alquilar a Telefónica, según informa Madridiario.

Grupos de la oposición y asociaciones culturales advierten que el Palacio de la Música es un elemento muy valioso que merece la pena conservar por su enorme importancia en la historia arquitectónica y cultural de España. El extenso informe sobre la significación cultural del Palacio de la Música elaborado por MCyP resume su valor como obra arquitectónica, auditorio de música clásica, escenario de danza y música ligera, salón cinematográfico, palacio de congresos, sala de exposiciones y escenario teatral. La petición en Change.org para ‘salvar’ el uso exclusivamente cultural del Palacio ya supera las 30.000 firmas.

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