El cierre de las diputaciones afectará a más de 300 cargos del PSOE de Susana Díaz

La supresión de las 38 diputaciones provinciales de régimen común (quedan excluidas las forales, los Cabildos y los consejos insulares) que ha aceptado el líder del PSOE y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, en su negociación con Ciudadanos perjudicará a 17 de estas entidades supramunicipales en manos socialistas. Entre ellas, las seis en poder de la federación andaluza, la que capitanea la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y donde la medida ha sido acogida con recelo. Pese a no llevarla en el programa electoral, el secretario general de los socialistas ha accedido ahora a la exigencia de C's y ha admitido una propuesta que ya hizo su antecesor en Ferraz, Alfredo Pérez Rubalcaba, en 2011 y que generó bastante revuelo interno.

Sánchez ha afirmado que su intención pasa por sustituir las actuales diputaciones por "consejos provinciales de alcaldes", algo que supondría desmantelar la estructura de las primeras y acabar con su concepción de "chiringuitos políticos", en términos de C's. La organización de Albert Rivera, desde su estrategia de formación emergente frente al bipartidismo, quiere desalojar de estos escaños a los diputados provinciales de los partidos tradicionales, que son los que más actas acumulan, y también prescindir de su pléyade de asesores.

C's subraya que la medida no está pensada tanto en términos de ahorro, como de eficacia y ejemplaridad

En el caso de Andalucía, según el análisis realizado por Vozpópuli, la medida afectaría a más de 300 cargos del PSOE de Susana Díaz, esto es, representantes en las diputaciones y personal eventual o de confianza. De las ocho diputaciones andaluzas, los socialistas ostentan el mando en seis de ellas, mientras que las dos restantes (Almería y Málaga) se hallan bajo signo popular. En las elecciones municipales celebradas el pasado 24 de mayo, el PSOE arrebató a los populares las plazas de Cádiz, Córdoba y Granada, en los anteriores comicios fueron de color azul. En la presente legislatura, los socialistas andaluces cuentan con un total de 85 diputados provinciales, que serían desposeídos de estos cargos si la reforma de dicha administración consensuada por PSOE y C's se materializa antes de la primavera de 2019. Mientras Rivera exige ponerse cuanto antes a redactar un texto de reforma constitucional, Sánchez no contemplaba en su documento negociador tener una propuesta para debatir antes de enero de 2017.

Igualmente, más de 200 cargos de confianza (entre asesores, secretarios, jefes de gabinete...) tendrían que dejar sus actuales responsabilidades. Por ejemplo, la Diputación de Granada, presidida por el socialista José Entrena, incluye en su relación oficial de puestos de trabajo "un asesor de la presidencia, tres asesores nivel B, nueve asesores nivel C, cinco asesores nivel E, una jefatura de gabinete de la presidencia, siete secretarías de grupo (tanto del PSOE como del PP y otras formaciones) y una secretaría de la presidencia". En total, 27 puestos eventuales o de libre designación.

El Gobierno de Susana Díaz ha salido en defensa de las diputaciones provinciales remarcando que suponen un factor de cohesión territorial y armonización económica para los pequeños municipios y que desempeñan una labor "importante y competitiva" desde la "eficiencia, la eficacia y el buen uso del dinero público". Así, el Ejecutivo andaluz ha abogado por una "racionalización de competencias", pero evitando en todo momento hablar de un eventual desmantelamiento de la estructura de estas entidades. "Sería bueno analizar qué competencias tiene cada administración y racionalizar para evitar cualquier tipo de duplicidades entre las mismas", es la única reflexión que ha generado en el equipo de Díaz el principal escollo en la negociación PSOE-C's.

Desde C's recalcan que la medida está pensada más en términos de eficacia y ejemplaridad contra esos "chiringuitos políticos" (hay 1.040 diputados provinciales) que en la cuestión del ahorro que supondría. El exsecretario general socialista Alfredo Pérez Rubalcaba cifró tal ahorro en mil millones de euros, cerca del 20% del gasto total de las diputaciones, cifrado en 6.000 millones de euros. Del total de este presupuesto, un 30% lo absorbe la partida de personal. Esos mil millones se conseguirían, según el plan que esgrimió Rubalcaba, recortando gastos corrientes "prescindibles", es decir, todos aquellos "asociados al carácter político de las diputaciones" (protocolo, publicidad, parque móvil...), eliminando cargos políticos, asesores, la infraestructura de esos cargos políticos y una serie de transferencias -básicamente educación y servicios sociales- que pasarían a las comunidades autónomas.

Sin necesidad de reformar la Carta Magna

Si bien Rivera incluyó ayer esta supresión de diputaciones dentro de las cinco medidas de su reforma exprés de la Constitución, vía procedimiento abreviado, Rubalcaba planteó lo mismo hace cinco años sin necesidad de revisar la Carta Magna. El exvicepresidente del Gobierno explicó entonces que sólo sería necesaria una nueva redacción de la Ley de Bases de Régimen Local y una modificación de la Ley de Haciendas Locales. Rubalcaba se acogía a que el artículo 141 de la Constitución encomienda "el gobierno y la administración autónoma de la provincia" a "diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo". Gracias a ese "u" valdrían como "otras corporaciones" los consejos de alcaldes, salvando tener que tocar la Carta Magna.

En cuanto al futuro de la plantilla de funcionarios de las diputaciones de régimen común, el exministro señaló que pasarían a las comunidades autónomas al asumir estas funciones de las diputaciones, con lo que tendrían garantizado su puesto de trabajo. No correrían la misma suerte los diputados provinciales, muchos de ellos concejales a la misma vez, ni sus cargos de confianza.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideró este martes "inadecuado" que se adopten "de manera unilateral" decisiones como la supresión de las diputaciones provinciales al poner en riesgo más de 62.000 puestos de trabajo y los servicios públicos que actualmente se prestan en muchos municipios pequeños. Según el último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas del Ministerio de Hacienda y AAPP, de las 62.159 personas que trabajan en las diputaciones, cabildos y consejos insulares 27.535 son funcionarios, 25.152 personal laboral y 9.472 otros contratados.