La fundación de los líderes de Podemos guió la guerra sucia de Chávez contra sus opositores

En septiembre de 2011 la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), vivero político y económico de los dirigentes de Podemos, aconsejó al Gobierno de Hugo Chávez infiltrar topos policiales y médicos entre la veintena de opositores venezolanos en huelga de hambre con el fin de obtener datos para desacreditarlos ("erosión de la verosimilitud del hecho") y, de paso, tacharlos de locos ("identificar posibles incapacidades mentales del huelguista"). Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha sido miembro del patronato de la fundación CEPS desde 2008 a 2014. Esta entidad que se autodefine 'sin ánimo de lucro' ha tenido desde 2003 al Gobierno venezolano como su principal y casi único cliente, lo que le reportó más de 3,7 millones de euros.

Pero lo más llamativo no es que la fundación embrión de Podemos (entre sus dirigentes también figuran Íñigo Errejón, su polémico empleador, Alberto Montero, y tenía como asiduo colaborador a Juan Carlos Monedero) asesorara al Gobierno de Hugo Chávez como una mera consultoría política privada, pero pagando muchos menos impuestos que una sociedad mercantil de las que prestan similares servicios a los partidos en España, sino el calado de los consejos que le dio.

Una parte significativa de los consejos de CEPS calaron en el Gobierno de Chávez y sirvieron para guiar sus pasos para neutralizar a la oposición venezolana

Vozpópuli ha tenido acceso a los informes de asesoría que le valieron tan generosos pagos, hasta un millón anual. Y la sorpresa es que una parte significativa de ellos sirvieron para guiar los pasos del Gobierno de Chávez para neutralizar a la oposición venezolana, en ocasiones con técnicas de guerra sucia dignas de la peor dictadura. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2011 los asesores de CEPS del régimen bolivariano emiten un informe táctico titulado Insumos ante las tácticas desestabilizadoras de la oposición.

El informe de la fundación que ya dirigían los futuros líderes de Podemos aclaraba cuál era la revuelta que intentaba acallar su cliente, el Gobierno venezolano: "Analizamos dos de las posibles técnicas desestabilizadoras opositoras, vinculadas ambas con el intento de apropiación de la bandera de la defensa de los derechos humanos: concretamente la huelga de hambre y la instrumentalización de asociaciones relacionadas con la violencia, así como trataremos posibles respuestas institucionales". ¿Y cuál fue el consejo dado por esta fundación que declaraba como su fin "el fomento de la democracia participativa y las garantías efectivas de protección de los derechos humanos"?

Véase literamente el escalonamiento de sus consejos a Chávez:

"El 7 de septiembre pasado, el observatorio venezolano de conflictividad social informaba del repunte a 18 de las huelgas de hambre que por unos u otros motivos tienen lugar en el país. Frente a otros métodos de lucha social que requieren la movilización de un grupo importante de afectados, este método social se caracteriza por su alta visibilidad y factibilidad para grupos pequeños e incluso individuales de demandantes. No obstante lo dicho, el alto número de iniciativas de este tipo en el país diluyen el peso de las mismas, por lo que sus participantes se ven obligados a radicalizar sus acciones (como fue el caso de los estudiantes que cosieron parcialmente sus bocas)".

Pero el peligro mediático de tal revuelta opositora era evidente para el equipo español de CEPS al servicio de Chávez. "La huelga de hambre cobra especial repercusión mediática cuando el o la huelguista ve deteriorado su físico e incluso llega a morir debido a los fallos multiorgánicos producto de la inanición. Este fue el caso de la criminalización al estado venezolano con motivo del fallecimiento de Franklin Brito hace ahora un año. Y es que en el caso venezolano este tipo de eventos se vincula indefectiblemente por la mediocracia opositora nacional e internacional a una supuesta violación de derechos humanos en Venezuela. Efectivamente, una búsqueda por referencia cruzada de los términos "derechos humanos" y "huelga de hambre" en Venezuela entre las noticias del primer semestre de 2011 arroja 533 eventos que generaron a su vez en torno a las 100 inserciones en prensa cada uno, es decir, más de 50.000 impactos mediáticos, con la repercusión que esto conlleva a la imagen pública, especialmente internacional, del Proceso [bolivariano]".

Y, naturalmente, para la fundación de los hoy dirigentes de Podemos la prensa internacional era injusta con Chávez por entender que no violaba más los derechos humanos que la democracia española. "Evidentemente existe un vulgarísimo doble rasero entre los latifundios mediáticos nacionales e internacionales, ya que basta sustitituir Venezuela por España en la búsqueda y aparecen unas escasas 76 apariciones para el primer semestre, siendo éstas, además, mayoritariamente referencias a acusaciones de instituciones españolas por las violaciones de derechos humanos en Cuba".

Las recetas de CEPS para huelguistas de hambre

A la hora de plantear recetas a Chávez contra los opositores venezolanos en huelga de hambre, CEPS pierde todo pudor y plantea medidas nunca implantadas en la España democrática. Véase su literalidad:

"Frente a nuevas huelgas de hambre de sectores opositores se apuntan algunas posibles respuestas a evaluar:

-Erosión de la verosimilitud de la medida de hecho: en la mayoría de los casos, la medida de hecho no es tal, simplemente una impostura. Sería conveniente seguir desvelando esta situación siempre que sea posible, desplazando e infiltrando entre los huelguistas a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

-Erosión de las reivindicaciones de los huelguistas: por injustas, mediante la difusión por vocerías interpuestas (organizaciones sociales, medios de comunicación) de las contradicciones en los reclamos; por faltas de fundamento, detallando y desglosando en el seguimiento del debido proceso por parte de las instituciones venezolanas en los casos cuestionados; por ilegítimas, evidenciando el irrespeto a las normas morales y jurídicas por parte de los protestantes o sus defendidos, como en el caso de los políticos presos; por imposibles, sosteniendo la bandera de la independencia de poderes, la fortaleza de la institucionalidad y la iniquidad de la apelación a instancias superiores cuando en Venezuela se respeta el estado de derecho y sus procesos señalando al tiempo a los demandantes los mecanismos formales existentes para vehicular sus protestas".

Sería conveniente seguir desvelando esta situación siempre que sea posible, desplazando e infiltrando entre los huelguistas a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

Pero aunque CEPS pregona que Venezuela es un Estado de Derecho que no merece tales huelguistas brinda a Chávez unas fórmulas nada democráticas para aplastarlos: "Podría ser especialmente útil enviar servicios médicos que demuestren la disposición del Gobierno a evitar la degeneración de la salud de los huelguistas y que expliquen a estos las gravísimas consecuencias físicas de una huelga de hambre, así como la posibilidad de éstos de minimizar sus riesgos a la salud en el caso de que permitan la ingesta de fluidos. Los médicos establecerían además un canal de comunicación y confianza muy útil para la negociación con el huelguista, para lo cuál debe mantener desde el principio su imagen de asesor médico independiente evitando tratar de convencer de forma directa de deponer su actitud".

Infiltrar estos médicos entre los opositores en lucha tendría otra utilidad aún más perversa para el Gobierno de Chávez: "identificando en las primerísimas etapas del conflicto posibles incapacidades mentales del huelguista en caso de que las hubiera y pudieran ser causales de la radicalización de la misma. Para ello será preciso contar con un objetivo historial médico del sujeto, así como información de proximidad de sus parientes, vecinos, respecto a su comportamiento pasado". Incluso el secreto médico sería un arma contra los huelguistas, ya que serviría para "reducir la visibilidad de la huelga; en este caso, el argumento central es la información médica que el Estado está obligado a dar al huelguista". 

Este diario ha reclamado, sin éxito, por teléfono e email la valoración de Iglesias, Errejón y Monedero para que opinen si juzgan acordes a la Declaración Universal de Derechos Humanos tales prácticas y si las aplicarían en España, caso de llegar al Gobierno, para neutralizar conflictos similares. Vozpópuli posee documentos y testimonios que avalan el contenido y origen de tales informes.