Publicado: 27/01/2016 04:00
Desde un barracón escolar a un campo de fútbol de cesped artificial, pasando por un centro cultural y la reforma de un monasterio. La 'Operación Taula' que ha desmantelado este martes en Valencia una trama integrada por relevantes figuras del PP en esta comunidad autónoma ha sacado a la luz los variados ámbitos en los que sus cabecillas conseguían suculentas 'mordidas' desde hace trece años. Una parte del dinero iba supuestamente a sus bolsillos, pero otra era presuntamente destinada a financiar los gastos de su partido, principalmente campañas electorales. Esa es la principal línea de una investigación que dura ya año y medio y que ayer sumó 24 personas detenidas y cinco más imputadas (investigadas, según la terminología impuesta por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal). Al frente de todos ellos, Alfonso Rus, exalcalde de Xátiva, anterior presidente del PP provincial y antiguo máximo responsable de la Diputación, al que una grabación conocida en mayo del año pasado le mostraba contando 12.000 euros del supuesto pago de un empresario.
La investigación sitúa el origen de la trama en 2003 en la Fundación Jaume II, un ente creado por Camps para restaurar edificios religiosos y en el que coincidieron varios detenidos
La investigación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción, ha sido materializada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes este martes realizaron junto a los arrestos un total de 33 registros, 14 en domicilios particulares y el resto en las sedes sociales de empresas, públicas y privada. Entre éstas destaca la Fundación Jaume II El Just, uno de los empeños personales del expresidente Francisco Camps, que la creó en 1999. En torno a ella coincidieron años después varios de los ahora detenidos, como Máximo Caturla, Vicente Burgos y el propio Alfonso Rus. Y allí supuestamente comenzaron a cobrar comisiones en el año 2003 por la adjudicación de las obras para la restauración de edificios religiosos, su principal actividad, según destacan fuentes cercanas a la investigación.
"Más contratos, más comisiones"
El ascenso en el partido de todos ellos, sobre todo de Rus y Caturla, les permitió extender su campo de actuación, según estas mismas fuentes, que añaden que este "grupo organizado criminal", como lo califican, se regían por una norma muy simple: "A mayor número de contratos, mayor cantidad de comisiones". Un crecimiento exponencial que encontró campo abonado en una empresa pública cuya sede también fue registrada este martes: Construcciones e Infraestructuras Educativas SA (Ciegsa), dedicada a la construcción de colegios en la comunidad. En este caso, la investigación se dirige a destapar el posible amaño tanto de los contratos para levantar centros educativos como por el desembolso de decenas de millones de euros entre los años 2008 y 2012 para instalar barracones en los patios de los centros educativos de la comunidad ante la falta de plazas para los niños.
El actual Gobierno de la Generalitat valenciana ha encontrado un agujero de 1.685 millones de euros en la empresa pública Ciegsa, registrada por su implicación en la trama
Según reveló una reciente investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estos últimos contratos se los repartieron de manera supuestamente irregular cinco compañías, que pactaban precios y se repartían los concursos. Todas ellas fueron sancionadas con multas millonarias por este órgano de control. Sin embargo, la 'Operación Taula' va más allá ya que sospecha de la implicación directa en estas irregularidades de cargos públicos y, más en concreto, de Máximo Caturla, quien fuera gerente de la compañía en su condición de viceconsejero del ramo en el Ejecutivo de Francisco Camps, además de vicepresidente en la Diputación Provincial con Alfonso Rus al frente. El nuevo gobierno valenciano, presidido por el socialista Ximo Puig, hizo público recientemente un informe de la Intervención de la Generalitat en el que se ponía de manifiesto que la sociedad pública había dejado una deuda a las arcas públicas de 1.685 millones de euros por culpa del pago de sobrecostes y la falta de control de sus actividades.
Campos de fútbol y un centro cultural
Entre las empresas privadas registradas, se encuentra Benigrass, una sociedad dedicada a comercializar los filamentos sintéticos con los que se elabora césped artificial para instalaciones deportivas. Propiedad de Vicente Cuquerella, dueño de una parte importante del edificio donde está la sede del PP en la ciudad de Valencia, la supuesta implicación de esta sociedad en la trama está ligada a la inversión de 32 millones de euros que Alfonso Rus como presidente de la Diputación hizo para reformar un centenar de instalaciones deportivas de la provincia. Según denunciaron hace ahora un año algunas de las empresas que optaban a los contratos, éstas recibieron presiones desde la Administración provincial para que adquirieran a la empresa del 'casero' de los 'populares' el material si querían hacerse con la adjudicación. Fuentes cercanas a la investigación destacan además que los pliegos de condiciones redactados para dichos concursos "no dejaban margen de maniobra y prácticamente obligaban a las aspirantes a hacerse con los contratos a comprar los suministros a Benigrass".
La trama obligaba a las empresas que aspiraban a hacerse con los contratos para instalar césped artificial a comprar el material a la empresa del 'casero' del PP
También muy ligada al PP está Engloba Comunicación, para el que ha relizado diversas campañas de marketing y promoción en los últimos años según medios locales. Su presidente, José Adolfo Vedri, es uno de los detenidos, entre otros motivos porque es también el gestor de La Rambleta, un espacio cultural de la ciudad de Valencia de propiedad municipal pero gestión privada. Agentes de la UCO ya habían acudido hace tiempo al Ayuntamiento a reclamar el expediente por el cual se concedió a Vedri, al que los investigadores consideran un presunto "testaferro de la trama", la explotación de dicho centro a través de la empresa Bulevar del Arte y la Cultura Gestión SL.
En las conversaciones que entregó a la Justicia Marcos Benavent, el 'arrepentido' gerente de la sociedad pública Imelsa, ya se escuchaba el diálogo mantendo en marzo de 2006 entre él y la entonces concejal de Cultura, María José Alcón, detenida este miércoles y puesta en libertad con cargos horas después tras pagar una fianza de 150.000 euros, en la que ésta le comenta al primero: "Oye, tenemos muchas cosas entre manos. La Rambleta está a puntito de caramelo a favor de esta gente". La cultura se había convertido, de hecho, en uno de los principales filones de 'mordidas' de la trama desmantelada en la 'Operación Taula'. De hecho, la Guardia Civil también analiza los contratos firmados para la organización de la Mostra de Valencia de cine, entre otros eventos de la misma índole de las administraciones bajo sospecha.
la 'oportunidad' política de la 'operación taula'
Buena parte de los esfuerzos del magistrado, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil en el año y medio que dura ya la investigación sobre la trama desmantelada en la 'Operación Taula' se ha centrado en comprobar la veracidad del contenido de las más de diez horas de grabaciones que el exgerente de la empresa pública Inmelsa, Marcos Benavent, hizo de sus conversaciones con algunos de los principales implicados y que entregó a la Justicia. "Se trataba de confirmar los indicios que en ellas se apuntaban, pero también de que las acusaciones no estuvieran únicamente respaldadas por dichos archivos sonoros", señalan fuentes cercanas a la investigación. Éstas también reconocen que había cierto temor a que un tribunal las anulase por el modo en que fueron registradas por el empresario 'arrepentido' y, con ello, el caso se desinflara. El objetivo lo consideran cumplido con creces, ya que las pesquisas no sólo han afianzado las pruebas ya existentes sino que han abierto nuevas vías de investigación. Sobre la 'oportunidad política' de las detenciones, se limitan a asegurar que "esta operación estaba prevista desde hace mucho tiempo a petición del propio juez" y que la lucha contra la corrupción "ni entiende ni puede estar supeditada a calendarios políticos".
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