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España

El juez rastrea las cuentas del PP de Rita Barberá en busca de donativos 'fantasmas'

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Entre las 252 cuentas bancarias bloqueadas dentro de la 'Operación Taula', hay un pequeño grupo que interesa especialmente al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez. Se trata de las que tenía a su nombre el PP local de Valencia que encabezaba la actual senadora Rita Barberá. Los investigadores sospechan que parte de los miles de euros que la trama cobró en comisiones por el supuesto amaño de contratos pasaron por dichos depósitos bancarios para ser blanqueados mediante falsas donaciones de afiliados de manera similar a como Luis Bárcenas hizo durante años en Génova 13. Con ese dinero, presuntamente se pagaban luego las costosas campañas electorales de la que ha sido alcaldesa de la ciudad hasta las elecciones del pasado mes de mayo.

La investigación señala a Carmen García Fuster, estrecha colaboradora de Barberá, como la 'Bárcenas' del grupo 'popular' en el Ayuntamiento

Esta sospecha ha llevado al magistrado a ordenar que en la macrorredada del pasado martes fueran detenidos o pasaran a la condición de 'investigados' (el nuevo término que se da a los imputados tras la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) todas las personas que figurasen como autorizados a disponer de fondos de las mismas. Entre estos últimos se encuentran precisamente Alfonso Novo, el sucesor de Rita Barberá al frente del PP local y portavoz hasta este martes de los 'populares' en los plenos del consistorio, y una administrativa del grupo municipal, María José Pi, asistente de otra de las detenidas, Maria del Carmen García Fuster. El primero declaró ya este miércoles ante los agentes de la Guardia Civil, que le preguntaron por el funcionamiento del grupo municipal, según confirmó él mismo a la salida de la comandancia.

Sin embargo, la pieza clave en el manejo de los fondos del PP local era, precisamente, García Fuster, persona de la máxima confianza de Rita Barberá y quien ocupaba el cargo de secretaria del grupo municipal. La mujer ha quedado este miércoles en libertad con cargos tras declarar ante el juez. Para ella, la Fiscalía Anticorrupción había pedido el ingreso en prisión que, sin embargo, el magistrado no ha aceptado. En el Ayuntamiento desde que la ya exalcaldesa se hizo con el bastón de mando en 1991, es señalada por algunas fuentes como la 'Bárcenas' de los 'populares' en el Consistorio. Tanto la Guardia Civil como el juez la preguntaron precisamente por los numerosos ingresos que figuraban en las cuentas como donaciones de afiliados y que nunca superaban los 1.000 euros. Los investigadores sospechan que era una forma de 'lavar' las supuestas comisiones cobradas muy similar a la que el 'extesorero' utilizó en Génova y que esos fondos procedían, en realidad, de una supuesta caja B que se nutría con las 'mordidas'. 

Los despachos del Ayuntamiento

En el registro que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hicieron el pasado martes en los despachos que el PP tiene en el Ayuntamiento de la capital del Turia, estos buscaban, precisamente, pruebas de esa supuesta contabilidad en negro y de la procedencia real de dichos donativos, según confirmaron a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. El registro incluyó también el volcado de los discos duros de los ordenadores en busca de correos electrónicos y documentos financieros. Lo que no encontraron los miembros del Instituto armado fue ninguna cantidad importante de dinero en efectivo. Ni en el grupo municipal ni en ninguno de los otros 32 registros que se realizaron en el transcurso de la 'Operación Taula', algo que ha "sorprendido" a los investigadores.

El no hallazgo de cantidades importantes de dinero en efectivo en los 33 registros realizados ha "sorprendido" a los investigadores

Las sospechas de las irregularidades en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá se centran, principalmente, en las adjudicaciones del área de Cultura, cuya anterior responsable, la concejal 'popular' María José Alcón, quedó el martes en libertad con una fianza de 150.000 euros. Entre los contratos investigados se encuentran la cesión de la gestión del centro municipal de La Rambleta a la empresa Bulevar del Arte y la Cultura Gestión SL, propiedad de otro de los detenidos, José Adolfo Vedri, señalado por las pesquisas como un supuesto 'testaferro' de la propia trama. En una de las conversaciones aportadas a la causa se oye precisamente a Alcón afirmar que esta adjudicación está "a puntito de caramelo a favor de esta gente". También se analizan los expedientes para la organización de la Mostra de cine de Valencia y los de las reformas de varios edificios históricos de la ciudad como las Torres de Quart de las antiguas murallas.

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