Las coartadas más rocambolescas de los 'pitufos' de Rita Barberá: de ETA a quinielas premiadas

Interrogados por la Guardia Civil y el juez Víctor Gómez, los 49 imputados por el supuesto blanqueo de 50.000 euros de la caja B del PP de Valencia para la campaña electoral de Rita Barbera en las municipales de 2015 no dudaron en dar las más curiosas y rocambolescas explicaciones a sus sospechosas aportaciones dinerarias. Uno de ellos habló de su acción como parte de su "filosofía de vida". Otro, de que le gustaba "la unión y no pelearse con nadie". Alguno hubo que la justificó como "una muestra de agradecimiento al partido" e, incluso, hay quienes se escudaron en una anterior colecta para dar protección a sus colegas del País Vasco amenazados por ETA. No faltaron los que alegaron herencias, la fortuna de la peña quinielística a la que pertenecía e, incluso, que tuvieron dinero en metálico por el trabajo de "esteticién" de su esposa. Estas son las respuestas más rocambolescas de los acusados del 'pitufeo' de 1.000 en 1.000 euros destapado en la 'Operación Taula'.

Un testigo y un imputado aseguraron al juez que años antes se había hecho una colecta similar para dotar de "protección a los cargos electos en el País Vasco"

El primero en hablar de la organización terrorista fue, curiosamente, uno de los cuatro únicos asesores que se negaron a participar en la supuesta operación de blanqueo y que declaró, por tanto, como testigo y no como investigado (término que ha sustituido al de imputado en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se trata de Jesús Gordillo, quien tras asegurar que se negó a ingresar los 1.000 euros en la cuenta del PP local porque le pareció una operación evidente de "blanqueo de capitales, porque un grupo municipal no puede tener dinero en efectivo", afirmó que ya en una ocasión anterior le habían pedido que hiciera una aportación "cuando ETA estaba en su máximo auge". El fin de aquel dinero era "dedicarla a la protección de los cargos electos en el País Vasco".

Una referencia a la organización terrorista que también hizo uno de los imputados. En concreto, el concejal Vicente Blas Alandete Iguala. Éste afirmó al magistrado que "cuando quitaron los escoltas [en Euskadi] hicieron una donación de la misma manera". Alandete, que en todo momento negó que el partido le entregara los 1.000 euros que ingresó en la cuenta del partido, también recalcó que el sobre que apareció con su nombre en casa de María del Carmen García-Fuster, la secretaria del Grupo Popular y persona de la máxima confianza de la propia Rita Barberá, era el dinero que ésta le debía porque a ambos y a un grupo de amigos les había tocado la lotería "de Navidad y el Niño" y ella no le había entregado aún su parte. Este edil, que ocupaba el puesto de teniente de alcalde, fue de los pocos que reconocieron que la entonces alcaldesa y candidata estaba al tanto de la colecta porque él mismo se lo comentó.

Juegos de azar

También en los juegos de azar se refugió uno de los asesores imputados, Julio Aguado Codina, a quien el juez y el fiscal Anticorrupción interrogaron intensamente por el dinero que había ingresado en metálico en su cuenta justo cuando hizo la aportación de los 1.000 euros. Aguado se escudó en la peña quinielística a la que pertenecía y que le había entregado 1.500 euros "en metálico" a finales de febrero. Dicha cantidad la ingresó el mismo día y a la misma hora que hizo la transferencia a favor del PP. Para dar más credibilidad a dicha afirmación, entregó un justificante de dicha peña y añadió que hace unos años ya había cobrado del mismo modo 2.500 euros. Como la inmensa mayoría del resto de los imputados, negó que el partido, del que era simpatizante, le hubiera devuelto aquel dinero.

Un asesor de Barberá justificó que ingresara 500 euros en su cuenta tras hacer su donación en un cobro de su mujer "esteticién". Una concejal habló de un préstamo de su suegra

También el ingreso en su cuenta de una cantidad de dinero en metálico coincidiendo con la 'donación' bajo sospecha puso en apuros ante el juez a la concejal María Angels Ramón-Llin. En este caso, ella aseguró que los 500 euros que metió en su cuenta coincidiendo con el supuesto 'blanqueo' había sido cosa de su marido, a quien dicho billete se lo había dado su suegra "por razones particulares". Por su parte, Julio Valero, jefe de prensa de Rita Barberá y uno de los señalados como instigadores del proceso por los que se negaron a hacer el ingreso del dinero, también fue interrogado por los fondos en metálico que entregó para su cuenta coincidiendo con la transferencia de los 1.000 euros. En este caso, el imputado aseguró que esos 500 euros los llevó al banco su mujer "que es esteticién". 

En otros casos, las excusas se dirigen a explicar por qué hicieron esa aportación de 1,000 euros. Una de las más llamativas es la del asesor Manuel Mas Gaspar, quien aseguró que se decidió a hacerla tras oír "en una conversación de café" que el PP local estaba haciendo una recaudación de fondos para la campaña. "No lo dudé porque era el que me estaba dando la posibilidad de ganarme la vida", aseguró. Sobre si le devolvieron dichos fondos, lo negó rotundamente porque "mi filosofía de vida es incompatible con que me reintegren lo que doy como ayuda". También en el agradecimiento se escudó el que fuera edil desde el año 1997 Emilio del Toro. Éste, como casi todos los imputados, negó cualquier irregularidad en la aportación de los 1.000 euros y que el PP se lo hubiera devuelto. Incluso aseguró que él tomó la decisión "como muestra de agradecimiento al partido por haber sido concejal".

"La unión" y "una putada"

Por su parte, el también exconcejal Juan Vicente Jurado Soriano afirmó que hizo dicha entrega para "no quedar mal con quienes habían sido sus compañeros" ya que él había abandonado el Ayuntamiento antes de las elecciones de mayo de 2015. De hecho, recalcó que a él lo que le gustaba era "la unión y no pelearme con nadie". Jurado, que insistió en que era la primera vez que le pedían una aportación de estas características, aseguró que en otras ocasiones había hecho 'favores' al partido sin cobrarlos. En este sentido, destacó que su familia tiene una empresa de pirotécnica que a veces había trabajado para el PP local, unas veces retribuida y "otras no". Por supuesto, también negó que le hubieran devuelto aquellos 1.000 euros.

Un matrimonio imputado en la causa calificó ante el juez de "putada" que el partido les pidiera dinero. Otra pareja asegura que hizo frente a la donación con una herencia

Otros investigados, sin embargo, reconocieron ante el magistrado lo inoportuno de la petición que les hizo el partido, pese a lo cual, realizaron el ingreso. Uno de ellos fue la asesora María Vicente Boquer, quien insistió en que cuando le pidieron que hiciera la aportación entendió que "como trabajadora del Grupo Popular tenía que hacerla. No pregunté más". Eso sí, pensó que "qué mala pata" por tener que hacerla ya que ni le dijeron que se le iban a devolver ni le entregaron cantidad alguna. Más directo en calificar esta entrega fue su marido Rubén Calvo, policía local en Bétera y también imputado ya que la transferencia que debía hacer su mujer figuraba realizada por él. Éste calificó la entrega de esos 1.000 euros como "una putada porque nos íbamos a casar pronto". El agente municipal, que negó cualquier vinculación con el PP, aseguró que si su esposa le hubiera dicho que dicha cantidad se la iba a devolver el partido, "no lo hubiera permitido, soy policía local", recalcó ante el juez.

A otro matrimonio a quien la aportación le cogió en mal momento económico, según sus declaraciones, fue al formado por la concejal Lourdes Bernal y el asesor Andrés Rodríguez-Guisado. Ella aseguró que para hacer frente a los 2.000 euros que les pidió el partido a ambos tuvieron que pedir dinero prestado porque "teníamos muchos gastos", entre ellos los derivados de la pensión que él tenía que pasar a su anterior esposa. En su declaración, la mujer afirmó que pidió a su hermana que le transfiriera esa cantidad para hacer frente a la supuesta donación y que, más adelante, le reclamó otros 1.000 euros. Todo ello, a cuenta de una herencia por el fallecimiento de sus padres que no terminaría recibiendo hasta meses después de las elecciones del pasado 24 de mayo.