España

Operación Taula: así es la macrorredada que pone contra las cuerdas a Rita Barberá

Tras los casos 'Gürtel', 'Emarsa', 'Brugal' o 'Cooperación', un nuevo caso de corrupción ha puesto patas arribas al PP valenciano y ha estrechado el cerco sobre la exalcaldesa de la ciudad Turia, Rita Barberá, muy cuestionada en su propio partido tras esta trama.

Contratos amañados, cobro de comisiones, mordidas, presunta financiación ilegal del PP valenciano y blanqueo de capitales, etc. Así es cómo actuaba la mayor operación por corrupción en la Comunidad Valenciana que se ha saldado con 80 investigados - nuevo término utilizado para referirse a la imputación tras la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-. De los últimos 19 citados por el juzgado de Instrucción 18 de Valencia, sólo 7 de ellos –dos exconcejales, tres asesores, un personal eventual y otro trabajador- están confirmados por el blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, según el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Esta causa que consta de dos vertientes, por un lado la que afecta a presuntos amaños de contratos en distintas administraciones públicas - destapada hace unas semanas con 24 detenciones- y otra –intrínsecamente ligada -que tiene que ver con un presunto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia para presuntamente financiar actos electorales-. Todo ello se engloba dentro de la Operación Taula, la macrorredada contra la corrupción que ha arrasado el PP de Valencia y ha puesto en el ojo del huracán a Rita Barberá. Todo el grupo popular, salvo la conocida como la 'jefa', según apuntan los pinchazos de la Guardia Civil, se encuentran investigados por presunto blanqueo de dinero.

La Operación Taula consta de dos vertientes, por un lado la que afecta a presuntos amaños de contratos y otra que tiene que ver con un presunto blanqueo de capital en el Consistorio de Valencia

Tal y como ya informó Vozpopuli la cuenta bancaria del PP valenciano recibió semanas antes a las elecciones municipales de mayo hasta medio centenar de ingresos de 1.000 euros, una colecta que servía para colaborar con la campaña electoral de Rita Barberá. Los donativos los realizaban altos cargos (concejales y exconcejales) y trabajadores del grupo popular en Valencia (asesores y personal eventual), los cuales eran devueltos en efectivo en dos billetes de 500 euros. Según los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, la investigación apunta a que estos fondos son, en realidad, falsos donativos con los que la formación política presuntamente 'blanqueó' comisiones recibidas a cambio del amaño de adjudicaciones de contratos del Consistorio. Esta orden partía de la conocida como la cajera de la trama, María del Carmen García Fuster, la mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento.

Los concejales de Barberá, imputados

Entre las personas imputadas por el presunta lavado de dinero negro destacan Alfonso Novo, el concejal que sustituyó a la exalcaldesa como portavoz de los 'populares' en el Consistorio; María del Carmen García Fuster, la que fuera la mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia y quien ocupaba el cargo de secretaria del grupo municipal hasta su detención y persona que administraba presuntamente la caja B del partido. Entre los investigados figuran los actuales concejales del Ayuntamiento de Valencia como Beatriz Simón, Vicente Igual, María Angels Ramón-Llin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, María Jesús Puchalt y Alberto Mendoza. Otros nueve dejaron el Consistorio en el mes de mayo talescomo María José Alcón, Vicente José Aleixandre Roig, Francisco Lledó Aucejo, Juan Vicente Jurado Soriano, Irene Beneyto Jimenez, Emilio del Toro,Ramón Isidro Sanchís, Silvestre Senent y Ana Albert Balaguer. Además figuran también como investigados unos 23 asesores y exasesores del grupo municipal de Valencia.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este periódico, Barberá fue una de los integrantes del equipo municipal que no participó en la colecta, aunque consideran que sí estaba al tanto de lo que ocurría. Otras de las personas que tampoco figura en la lista es Alfonso Grau, el exvicealcalde de Valencia hasta marzo. Las investigciones apuntan a que pudo jugar un papel importante en la red de falsas donaciones ya que fue el coordinador de la campaña electoral incluso después de presentar su dimisión por los contratos de Turismo Valencia con Iñaki Urdangarin en el caso Nóos.

Aforamiento de Barberá

Pese a que su nombre aparece en la investigación de la operación Taula la que fuera la alcaldesa de España durante 24 años no puede ser llamada a declarar ya que en la actualidad es senadora, y, por tanto, ese aforamiento impide su procesamiento sin una autorización de la cámara parlamentaria. Sólo el Supremo puede emprender una investigación judicial contra ella.

Pese a que el nombre de Barberá aparece en la investigación de Taula, la exalcaldesa no será llamada a declarar por su condición de aforada 

La actual senadora del PP, que durante estos días tan sólo ha realizado una entrevista en la cadena Cope en la que negó "adjudicaciones a dedo y amaños", se ha mantenido recluida en su casa, esperando a que las aguas vuelvan a su cauce. En un principio, el PP realizó gestos para apartarla de la primera línea como retirarla de la Comisión Constitucional, dejándola dos vocalías en esa comisión y en la de Economía. No obstante la mantuvo en la Diputación Permanente del Senado, un gesto que no ha sentado nada bien en Génova. Con él no se ha tratado de blindar la figura de Rita Barberá en caso de nuevas elecciones ya que la exalcaldesa es senadora por designación autonómica y, en el caso de su comunidad, el cargo se mantiene incluso con las cortes disueltas y durará hasta que acabe la legislatura en Valencia.

Tras la imputación de varios de los concejales que formaron parte del equipo de Barberá durante años, la lideresa del PP de Valencia, Isabel Bonig, y otros miembros de Génova le han pedido que dé la cara y salga a dar explicaciones por un hecho que han calificado como "grave".

Cobro de comisiones ilegales

La empresa Imelsa, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento valenciano, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat) y la Fundación Jaume II están en el epicentro de la otra ramificación de la operación Taula, en la que se investiga una trama de comisiones a empresas, que se ha saldado con 24 detenidos. Entre ellos destacan tres figuras claves, que fueron los que iniciaron todo el entramado en el año 2003; por un lado Alfonso Rus, el que fuera presidente del partido en Valencia y de la Diputación así como alcalde de Xàtiva. Junto a él también fueron arrestados su número dos en la Diputación, Máximo Caturla y el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos. Este último estuvo casado con María José Alcón antes de que contrajera matrimonio con Alfonso Grau -relacionado en el caso Nóos-. Precisamente Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de Barberá, es otra de los personajes destacados en esta trama.

En esta investigación fue clave el testimonio de Marcos Benavent, conocido como el Yonqui del dinero. Éste realizó unas grabaciones relacionadas con el amaño de contratos y con la financiación de actos del PP provincial. Algunas de ellas salieron a la luz antes de las elecciones municipales del 24M, en las que se escuchaba a Rus contar billetes hasta llegar a "los dos millones de pelas". Estos audios provocaron la suspensión de militancia del PP por parte de Alfonso Rus. El arrepentido Benavent acudió a declarar en el mes de mayo para "pedir perdón públicamente" y desde entonces ha colaborado con la justicia: "Lo siento mucho. Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea y la cárcel. E intentaré reponer todo lo que me he llevado. Va a salir mierda a punta pala", aseguró.

En la trama de comisiones ilegales las personajes claves son Alfonso Rus, Máximo Caturla, Vicente Burgos y María José Alcón

Otros de los arrestados en esta parte de la trama son el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia. Además también fueron detenidos doce empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 acordó dejar en libertad provisional a 14 de los  24 detenidos, pero les mantuvo su condición de imputados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.

A doce de ellos, el juez ha impuesto fianzas para asegurar responsabilidad civil en caso de condena, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Entre ellas destacan la del ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que asciende a dos millones de euros; la del ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, también de dos millones de euros; o la de la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y la del ex gerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, ambos de 150.000 euros.

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