La Oficina Antifraude, el sueño del tripartito como azote de la corrupción catalana

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) es un organismo público que depende del Parlamento catalán. Inició su andadura en 2008 bajo el mandato de José Montilla, con el fin de investigar posibles casos de corrupción en las instituciones públicas. El organismo -una de las propuestas del primer tripartito- estuvo dirigido en sus inicios por el fiscal David Martínez Madero. Pero tras su muerte por un infarto en 2011 le sustituyó en el cargo el magistrado de la Audiencia de Barcelona Daniel de Alfonso, inmerso ahora en la polémica por las grabaciones con el ministro del Interior. 

La OAC recibe denuncias por parte de ciudadanos, partidos políticos u otras entidades, y comprueba si tiene competencia para investigarlas. Pero el organismo no tiene la posibilidad de sancionar, sino que está en la obligación de trasladar el caso a la Fiscalía o a la autoridad judicial correspondiente en caso de encontrar hechos con indicios delictivos. No cuenta con ningún cuerpo policial adscrito. Por este motivo se habla de duplicidades entre la Oficina y los organismos judiciales. 

Durante su etapa como director, De Alfonso ha sido criticado por algunas decisiones controvertidas como haber nombrado número dos a una excargo de la Generalitat vinculada con la trama de las ITV. También recibió críticas cuando la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, acudió a él para denunciar que el primogénito del expresidente de la Generalitat trasladaba dinero negro a Andorra.

Las fricciones con la Fiscalía

El conflicto con la Fiscalía se alimenta cuando el ministerio público decreta el archivo de las investigaciones que le traslada la OAC. Aunque los casos son aceptados por la Fiscalía en un primer momento, después se ven frenados en los tribunales. En concreto, la Fiscalía de Barcelona ha archivado desde 2011 veinte de las 24 denuncias que Antifraude le ha remitido. Esto genera malestar entre los investigadores de la OAC, pues en los últimos tiempos se han producido tres carpetazos sonados. 

Uno en abril, concerniente a un presunto amaño de un contrato del Centre de Telecomunicacions iTecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat en favor de Telefónica. Dos años después de que la OAC trasladase el caso a la Fiscalía, ésta pidió al juez el archivo del caso por falta de pruebas. Otro de los casos es un presunto sobrecoste de 8 millones de euros en el Ayuntamiento de Mataró (PSC) por la construcción de un inmueble. El fiscal también lo archivó. En marzo, la Fiscalía dio carpetazo a otra investigación relativa a un presunto amaño de cuatro adjudicaciones en el Ayuntamiento de Les Borges Blanques, por más de medio millón de euros. 

KPMG elaboró un estudio que tiraba por tierra el informe de la OAC sobre las irregularidades de Acciona en el caso de Aguas Ter-Llobregat

Pero la gran polémica tiene que ver con la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona. El pasado mes de abril, la consultora KPMG entregaba un estudio que descalificaba íntegramente el informe razonado que emitió en febrero la OAC en el que aseguraba haber detectado irregularidades en la prestación del servicio con facturas cruzadas entre al menos dos filiales del grupo.

Anonimato garantizado

Cuando la Oficina Antifraude recibe una denuncia, informa a la persona investigada. Si un miembro de una institución es objeto de pesquisas, la OAC también se lo notifica al responsable de la misma. Por ejemplo, cuando un alto cargo de un ayuntamiento es objeto de una averiguación, el alcalde es avisado por Antifraude. Además, todo investigado es informado del archivo y del resultado final de la investigación. 

¿Pero cómo llega una denuncia hasta la Oficina? La Ley por la que se creó la institución obliga tanto a autoridades como a directores de las instituciones a comunicar a la OAC "los hechos que detecten o puedan ser considerados constitutivos de corrupción o de conductas fraudulentas o ilegales contrarias a los intereses generales". Pero, por otro lado, cualquier persona puede notificar a la oficina hechos sospechosos. En cualquier caso, la Oficina está obligada a preservar la identidad del denunciante. Aunque el anonimato no parece ser un obstáculo a tenor de los datos de la Memoria de 2015. Tan sólo un 22% pide expresamente que se mantenga en secreto su nombre.

Un 60% de las denuncias son ciudadanas

Según la memoria de 2015, la oficina ha recibido un total de 153 denuncias, un 6% menos que en 2014. De esas acusaciones, sólo un 38% han sido admitidas a trámite para ser tratadas por la Dirección de Investigación, mientras que el 59% fueron archivadas. En cuanto a la tipología de los denunciantes, el 59% de las comunicaciones a la Oficina fueron presentadas por particulares. Los partidos políticos entregaron el 21% y los funcionarios y trabajadores públicos enviaron sólo con un 7%.

El grupo político que más denuncias presentó ante la OAC fue CIU, con 9 (26%), mientras que el PSC e ICV presentaron 5 cada uno (14%). Por su parte, ERC y Ciudadanos presentaron 3 denuncias cada uno (9%), mientras que el PP y la CUP presentaron 2 denuncias cada uno (6%). Las instituciones más afectadas por las denuncias fueron los ayuntamientos, con un total de 98 (64%). Contra la Generalitat hubo 27 (18%), mientras que 15 estaban dirigidas contra entidades o empresas privadas (10%). Sólo dos de las 153 recibidas implicaban a las diputaciones.

13 jefes para 48 trabajadores

La OAC cuenta con un presupuesto total de 5,1 millones de euros de los que casi 4 se dedican a gastos de personal. La plantilla consta de 48 trabajadores, de los que 13 son jefes o directores. El actual director, Daniel de Alfonso fue nombrado a propuesta del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. Para su nombramiento es necesaria la aprobación de la mayoría de formaciones políticas del Parlamento y tiene un mandato improrrogable de nueve años.

Este mismo jueves, en medio de la polémica, un grupo de trabajadores de la OAC han entregado a la Mesa del Parlament un escrito en el que se desmarcan de su director, al que recuerdan que por ley está sujeto al deber de mantener en secreto la confidencialidad de sus investigaciones. "Pedimos que se distinga, a la hora de hacer la valoración (de estas conversaciones), entre la institución y la persona que, con carácter transitorio, ocupa la dirección", remarcan.