La ONU recomienda a España "poner fin" a los controles policiales de identidad por perfiles raciales

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU ha recomendado a España que "ponga fin" a los controles policiales de identidad a afrodescendientes basados en perfiles raciales y lo considera un "problema endémico".

Así se desprende de un informe completo de la primera visita de investigación de este grupo de expertos en España ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas.

Según precisan en las conclusiones, a los afrodescendientes "se los toma constantemente por inmigrantes indocumentados y se los detiene mucho más a menudo que a personas de otro origen étnico en los controles en la vía pública y sin que existan problemas de seguridad".

Esta práctica "generalizada", advierten, no solo "discrimina a los extranjeros y a los ciudadanos españoles pertenecientes a minorías étnicas" sino que también "alimenta el racismo, ya que quienes presencian esas interpelaciones dan por sentado que las víctimas desarrollan actividades delictivas".

El Grupo de Trabajo observa que los principios generales de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación respecto de los controles de identidad se han incluido en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sin embargo, considera que la legislación española "sigue careciendo de una prohibición específica del uso de perfiles raciales" y que los actuales criterios que deben cumplir los agentes de la ley encargados de llevar a cabo los controles de identidad son "insuficientes".

Asimismo, los expertos muestran su "preocupación" por los efectos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana sobre los derechos de los afrodescendientes. En concreto, señalan que "las disposiciones disuasorias de la Ley que prevén fuertes sanciones para quienes capten imágenes de los agentes del orden e invierten la carga de la prueba, por lo visto han abocado a la población a la autocensura".

Por ello, recomiendan a España que siga los consejos del Defensor del Pueblo de "poner fin" al uso de perfiles raciales así como que ponga en marcha un mecanismo de denuncia específico e independiente para abordar la cuestión.

También, insta al Gobierno a ofrecer una formación especializada a los agentes de policía y a los funcionarios públicos para prohibir y sancionar la utilización de perfiles raciales y a llevar a cabo campañas de sensibilización para cambiar los estereotipos sobre los afrodescendientes.

Además, el Grupo de Trabajo de la ONU cree que España debería estudiar la posibilidad de aprobar una ley integral para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; y recomienda "vivamente" al Gobierno que recopile y publique datos estadísticos fidedignos, desglosados según criterios étnicos, sobre la base de la autoidentificación voluntaria.

"Preocupación" por las expulsiones colectivas

Por otro lado, los expertos de la ONU observan con "preocupación" las expulsiones colectivas y múltiples rechazos que se llevan a cabo en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla e instan al Gobierno a que "pongan fin" a las mismas.

"Las autoridades españolas deben respetar el derecho de no devolución y el derecho de acceso a los procedimientos de identificación. Las devoluciones sumarias deberían llevarse a cabo tras una evaluación del riesgo de retorno que permita acceder a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado", subrayan.

En esta línea, recomiendan que las autoridades españolas adopten medidas para reducir el retraso en la tramitación de las solicitudes de asilo; que los afrodescendientes tengan acceso a procedimientos reglamentarios para impugnar su detención; que se introduzcan medidas alternativas a la detención de los migrantes y se reduzcan los centros de internamiento de extranjeros, "a los que solo se debería recurrir cuando resulte necesario y proporcionado".

Igualmente, el grupo de trabajo propone al Gobierno español que revise la Ley de Extranjería, con miras a que sea "más respetuosa" con los derechos de los solicitantes de asilo y los migrantes pues consideran que "el excesivamente largo período de diez años necesario para obtener la nacionalidad española podría abreviarse".