Publicado: 16/02/2015 04:00
El Ministerio de Hacienda ha sancionado a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) con una multa de 25 millones de euros por la presunta comisión de una infracción "muy grave" de la Ley del Juego, según el Boletín Oficial del Estado. La sanción se basa en la fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería denominados "Euroboleto, Euromillonario", "Busca OID", "Busca 25.000 euros" y "Superbusca 10 millones de euros" en toda España. Además, Hacienda no tiene constancia de que esta organización tenga licencia a nivel nacional o autonómico.
La dirección general de la Ordenación del Juego ha tomado esta decisión tras revisar la documentación remitida por la Comisaría General de la Policía Judicial, Servicio de Control de Juegos de Azar, la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), así como de organismos competentes en materia de juego y lotería de cada una de las comunidades y ciudades autónomas. También recibió información de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y realizó diversas investigaciones propias sobre la fabricación, distribución y comercialización de los productos de lotería que se venden en la calle e incluso on-line.
La resolución hace una breve historia de la OID, que nació en 1994 en Torrelavega (Cantabria) después de que los promotores de una organización llamada PRODIECU no se pudieran integrar en la ONCE. Hoy cuentan con delegaciones en toda España y con varias emisoras de radio. El mercado de la OID está consolidado y reporta beneficios importantes y regulares a los promotores, que no son discapacitados, según el texto de la resolución.
Con el transcurso de los años el boleto del discapacitado se ha extendido por todo el territorio nacional “amparado en el carácter presuntamente social de dicha organización, aunque no hay evidencias de que los vendedores de cupón de la OID sean realmente discapacitados, ni siquiera en un porcentaje mayoritario”, añade. Hacienda considera que los vendedores trabajan normalmente sin ningún tipo de contrato “o con un contrato de voluntariado, sin estar dados de alta como cotizantes en la Tesorería General de la Seguridad Social”.
“Actualmente –añaden- sólo constan dos personas cotizando a nombre de OID. Además, en el portal de Internet, es posible la adquisición on-line de cualquiera de los mencionados productos tras haberse dado de alta como usuario, tal y como se ha quedado demostrado por el acta incoada por la Subdirección de Inspección del Juego”.
La mayoría de las comunidades autónomas han sancionado a la OID, tras rechazar su legalización, que ha sido recurrida por esta sociedad. Además, la organización continuó realizando sorteos tras la Ley 13/2011 de Regulación del Juego y estaría incurriendo en una infracción "muy grave".
El procedimiento sancionador se inició el 17 de junio de 2014, a propùesta de la Subdirección General de Inspección del Juego. La resolución conocida ahora, rechaza que se haya producido indefensión y señala que en cualquier momento del procedimiento sancionador los órganos competentes pueden estimar que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo que será comunicado al Ministerio Fiscal.
Falta “muy grave”
La Ley de Regulación del Juego (LRJ) establece como infracción muy grave "la realización de actividades de juego infringiendo la reserva establecida en el artículo 4 de esta Ley". Además, Hacienda señala que el expediente sancionador “tiene lugar en la medida en que la actividad de la OID es incompatible con la legalidad estatal vigente desde la entrada en vigor de la LRJ, y basada precisamente en el inequívoco carácter estatal de dicha actividad”.
Advierte que en su propia web, en el apartado "Condiciones generales de uso. Juegos OID", la entidad “permite abiertamente jugar a los menores de edad, bastando para ello un ‘permiso’ de sus padres, tutores o representantes legales y remata el despropósito reconociendo que no comprueba la veracidad de los datos aportados por los participantes”.
Respecto a la importancia económica de la actividad, la resolución cita un informe de la ONCE en el que en el primer trimestre de 2012 las ventas eran de 52 millones de euros y el número de vendedores ascendía a 2.300. Otro informe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violencia de la Policía señalaba que el volumen anual de ventas podría cifrarse en 56 millones de euros al año.
Los perjudicados de la venta
Hacienda considera que se produce en la actividad de OID perjuicios para los derechos de los jugadores, los trabajadores y también para los operadores legales.
La resolución cree que la organización actúa “de modo contumaz, persistiendo en solicitar autorización para la celebración de sorteos, aún siendo consciente de que la actividad que desarrolla es ilegal y de que las solicitudes tendrán entrada en la Administración con fecha posterior al evento en cuestión”.
Hacienda estima conveniente proponer la sanción de 25 millones de euros, es decir, el tope de la mitad inferior de la horquilla, “entendiendo que la misma resulta proporcionada a la gravedad de la conducta". También rechaza la solicitud de suspensión del procedimiento solicitado por la OID, que alega que tiene abierta una causa penal en Toledo, lo que exigiría la paralización administrativa como marca la Ley.
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